La Universidad «tiene tendencia a predicar la innovación hacia afuera y es conservadora hacia adentro». Son palabras textuales, en un medio de comunicación, del actual Ministro de Universidades (Joan Subirats) poco antes de llevar, el pasado diciembre, su proyecto de ley al Congreso de los Diputados. Valiente diagnóstico. Y consecuente con las medidas incluidas en la futura LOSU.
Muchas cosas han cambiado desde que, hace ya más de tres años, el ministro Castells presentó su primera propuesta de reforma universitaria. Tanto, que ¡hasta cambiaron al ministro! De aquellos textos iniciales quedan ideas sueltas. Nada más. Porque las presiones desde distintos frentes «obligaron» a tachar y rectificar una y otra vez. Media docena de borradores. En el seno de la comunidad universitaria hubo de todo: protestas y propuestas. Con tirones hacia un lado y hacia el otro. Al final, y cogido con pinzas, un cierto «consenso» interno. Pero todavía sigue su tramitación parlamentaria. Y las enmiendas de los grupos políticos en el Senado, inducidas en muchos casos por sectores universitarios e intereses corporativos, pueden darle alguna nueva vuelta. Veremos.
«Se comprobará si realmente se produce un cambio en nuestras universidades cuando se aprecien avances notables en calidad, transparencia y financiación»
En principio, se anuncian novedades importantes. Unas, para el conjunto del sistema universitario. Otras, sólo para las universidades públicas. Distinción que no siempre puede apreciarse con precisión, ni siquiera en el articulado del proyecto de ley. Sin embargo, sería fundamental poner las cosas en su sitio. Si no se hace con tiento y decisión, el cambio anunciado será poco menos que imposible. Existen muchas resistencias corporativas e inercias acomodaticias en las universidades consolidadas y, además, en un escenario normativo tan «líquido» resulta muy fácil encontrar un nicho «universitario» a empresas que buscan, principalmente, su rentabilidad económica.
Se comprobará si realmente se produce un cambio en nuestras universidades cuando se aprecien avances notables en calidad, transparencia y financiación.
En calidad. A nuestro mapa universitario se le han añadido últimamente demasiados «retales» y ahora es complicado separar el trigo de la paja. En el variopinto paisaje de universidades y centros adscritos y en el maremágnum de grados y másteres ofertados en la actualidad. ¿Van a seguir reconociéndose privadas que más bien parecen meras academias expendedoras de títulos al peso? ¿Y autorizar titulaciones sin un posterior control efectivo sobre la impartición de enseñanzas? «Los chiringuitos no podrán ser universidades», dijo textualmente el actual ministro a un medio de comunicación (22 enero 2022). Pues, a ver si es cierto. Si no se garantiza (pero de verdad) la calidad del sistema universitario, como se asegura en el texto de la LOU (Título II), el cambio anunciado se quedará en agua de borrajas.
En transparencia. Para todo el sistema, pero sobre todo para las públicas. Están previstas medidas importantes en las plantillas de las universidades públicas: reducción de la temporalidad y precariedad laboral, establecimiento de una vía paralela al funcionariado, formación docente para el profesorado universitario, apertura de la candidaturas a rector para los profesores titulares, etc. También para el acceso de los ciudadanos a la universidad, la flexibilización (microcredenciales) de los estudios, la conexión con el mundo empresarial, etc. Por otra parte, se le otorga un gran poder al claustro, órgano que definirá los estatutos de cada universidad y, consecuentemente, su sistema de gobernanza. Todas estas medidas apuntan hacia la democratización de una institución a la que le cuesta mucho salir de su torre de marfil. ¿Será capaz de acabar con la endogamia en el acceso a los puestos docentes y la burocratización en los proyectos de investigación? La transparencia en los procesos será un buen termómetro para medir el anunciado cambio en nuestras universidades.
«Los recursos no han de llegar casi exclusivamente de la comunidad autónoma donde radica la universidad»
En financiación. Para las universidades públicas. La vienen reclamando desde hace años, una y otra vez, todos los rectores, sin excepción. Pueden tener razón en la mayoría de los casos. Necesitan suficiencia financiera, por supuesto. Pero hay que tener en cuenta dos consideraciones. Una, que los recursos no han de llegar casi exclusivamente de la comunidad autónoma donde radica la universidad. Y dos, que debe funcionar (no sólo sobre el papel) un sistema efectivo y eficaz de rendición de cuentas. ¿En qué fuentes, además de la administración autonómica, están en condiciones de obtener financiación para investigación y docencia? ¿Para qué sirven realmente los consejos sociales? El cambio se apreciará si la autonomía económica y financiera se refleja en una programación plurianual donde se incluya una financiación por objetivos estratégicos con indicadores medibles, contrastables y periódicamente evaluados.
Se necesita un cambio en la Universidad española. De acuerdo. Posiblemente, el que no llegó a cuajar con nuestra incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). La internacionalización es otro asunto pendiente. Modernizar y democratizar las estructuras universitarias, también. Pero habrá que vencer muchas resistencias. Y no aplicar ese «método», tan propio de ciertos universitarios, de hacer que parezca que todo cambia, aunque en realidad casi nada cambie. Algo así pasó con la LOMLOU (2007). ¿Cambiará ahora con la LOSU? Confiemos.