El año que acaba de comenzar se presenta lleno de incógnitas. Las elecciones van a condicionar en gran medida las políticas educativas de los próximos meses. Primero, porque los partidos políticos se posicionarán de cara a las autonómicas y municipales. Y segundo, porque los resultados territoriales de mayo modularán los proyectos estatales en marcha y condicionarán otros que puedan estar en cartera. Veamos.
En el ámbito estatal, tres frentes abiertos y uno por abrir. Primero, el desarrollo de la LOMLOE. El calendario de implantación sigue su ritmo sin demasiados problemas de organización en los centros. En septiembre entraron los cursos impares y están funcionando con relativa tranquilidad. Gracias sobre todo a la profesionalidad del profesorado, se superaron las dificultades iniciales creadas por el retraso en la aprobación del currículo, especialmente en alguna comunidad autónoma renuente, y la consecuente (casi) imposible disponibilidad a tiempo de libros de texto adecuados. No obstante, sobre la LOE queda pendiente la resolución de un recurso ante el Tribunal Constitucional que podría tener efectos sobre esa ley orgánica.
Segundo, el desarrollo de la Ley de ordenación e integración de la FP. El calendario inicialmente previsto va al ralentí. Parece razonable. Acelerar los profundos cambios que introduce en el sistema crearía tensiones innecesarias en muchos centros públicos y dejaría demasiados huecos por donde colarse ciertas empresas y fondos de inversión que han visto en la nueva formación profesional un nicho de negocio. Paso a paso. Para articular la amplia tipología de ofertas que se abren con esta trascendente ley. Para configurar una «verdadera» formación dual y evitar así que convierta en un sucedáneo de lo que es la dual en otros países europeos. Para establecer mecanismos fiables de control de calidad. Ese empinado camino habrá que recorrerlo en este año de tensiones electorales.
Tercero, la puesta en marcha de la Ley de Ordenación del Sistema Universitario (LOSU). A punto de aprobarse definitivamente, es una reforma necesaria y urgente para que nuestras universidades puedan adaptarse a nuevos escenarios (internacionalización del conocimiento, protagonismo creciente de nuevas tecnologías, cambios profundos en las exigencias profesionales, etc.) y resultar competitivas en docencia e investigación. Por un lado, habrá que regularizar las plantillas del PDI, aumentar la financiación de nuestras universidades públicas y modernizar su sistema de gobernanza. Pero también va siendo hora de revisar el mapa universitario, estableciendo rigurosos controles de calidad en centros y titulaciones. Y clarificar el reparto de competencias entre el Estado, las comunidades autónomas y las propias universidades. Complicado.
«Es de esperar que la educación no esté en el centro del debate político. Eso sí, todos vendrán con la matraca de 'el pacto'. Pero con la boca pequeña. Así nos evitaremos nuevas guerras escolares, como aquellas ya olvidadas que tanto daño hicieron en tiempos pasados»
Y en la rampa de salida, la Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores. Todavía en documento abierto al diálogo y debate, pero previsiblemente con entrada como proyecto de ley en sede parlamentaria antes de acabar esta legislatura. Otra cosa es que haya suficiente tiempo para su discusión y aprobación. En cualquier caso, una profunda reforma de unas enseñanzas que siguen estando «en tierra de nadie». Las treinta propuestas que cierran el actual documento base pueden dar mucho juego para situar estas enseñanzas (centros, profesorado, titulaciones, etc.) en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
Además, otros asuntos pendientes. Uno de impacto social y mediático: la reforma de la selectividad, cuya prueba piloto se tiene intención de testar en varias comunidades autónomas. Previsiblemente, en ese momento se vuelva a generar debate; desde el plano político, sobre si la prueba tiene que ser única para todo el país y desde el cultural/académico, sobre los contenidos a incluir en la misma. Y otro tema, circunscrito al ámbito educativo: el estatuto docente, varias veces aparcado. Es muy previsible que en los programas electorales se planten algunas de las veinticuatro medidas para la reforma (y mejora) de la profesión docente anunciadas hace ya un año y que puedan ponerse en marcha algunas sobre formación permanente con vistas al próximo curso.
A lo anterior habrá que sumar las propuestas e iniciativas que presenten las diferentes fuerzas políticas en sus correspondientes territorios. Por un lado, para las elecciones autonómicas en las comunidades donde se convocan. Por otro, para las municipales. No puede olvidarse que la gestión de la enseñanza en todos sus niveles y grados corresponde a las comunidades autónomas y que los municipios también pueden asumir competencias, propias o «impropias», respecto a sus escuelas y a la ciudadanía más joven.
Con todo, es de esperar que la educación no esté en el centro del debate político. Eso sí, todos vendrán con la matraca de 'el pacto'. Pero con la boca pequeña. Así nos evitaremos nuevas guerras escolares, como aquellas ya olvidadas que tanto daño hicieron en tiempos pasados.