Varios ESTUDIOS de este número se centran en el análisis de diversas perspectivas de esta configuración.
Así, dentro del concepto general de persona, los menores deben ser objeto de una especial atención. Y por ello, este nuevo número de nuestra revista se abre con un excelente estudio de Maite Sanz de Galdeano, sobre “La protección de los menores en la contratación de bienes y servicios a cambio de datos personales”. En su artículo, la autora destaca que la opción del legislador español de rebajar a 14 años el límite para consentir el tratamiento de datos personales, unido a la consideración como contrato oneroso de aquel en que a cambio de un bien o un servicio digital el usuario cede sus datos personales, fuerza a considerar sistemas de control externos e internos de las empresas, que impidan que, en su perjuicio, los menores puedan contratar, más allá de su capacidad de obrar, bienes o servicios digitales que no sean propios de su edad, o que lo hagan a cambio de una cesión de datos que afecte de manera especialmente intensa a su privacidad.
Igualmente relevante es el tema de la identidad digital, un tema al que el Catedrático de Derecho Administrativo Martín Razquin Lizárraga dedica su estudio “La identidad digital como derecho”, en el que, visto que la identidad digital no ha obtenido hasta el momento una consagración constitucional ni legal, por más que esté inserta dentro de la identidad personal y enraizada en los derechos de la persona al desarrollo libre de su personalidad, se postula la incorporación del derecho a la identidad digital a los textos constitucionales y legales mediante su reconocimiento expreso como un derecho fundamental, desde una vertiente positiva que defiende el uso de los medios digitales como modo de acreditación de dicha identidad digital, a fin de atender a una identidad real frente a una identidad presunta, incluso mediante su acreditación biométrica.
Sin alejarnos mucho de ese concepto, se constata la aparición de nuevos conceptos y enfoques jurídicos, como los que aborda Antonio María Lorca Navarrete, Director del Instituto Vasco de Derecho Procesal, en su estudio sobre “La persona procesal geocéntrica y la personalidad procesal de los sistemas de inteligencia artificial”.
En él se analiza tanto la irrupción en nuestro ordenamiento jurídico de la persona geocéntrica mediante la ley 19/2022, de 30 de septiembre (LA LEY 20903/2022), para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca, como la personalidad procesal de los sistemas de inteligencia artificial desde la perspectiva de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la responsabilidad civil por el funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial.
Profundiza en esta perspectiva la profesora titular de Derecho civil de la Universitat Politècnica de València Francisca Ramón Fernández, quien, en su estudio “El robot como producto defectuoso y responsabilidad civil” reflexiona sobre cómo articular la responsabilidad en la que interviene la inteligencia artificial y, en particular, sobre la responsabilidad civil extracontractual por daños causados por un robot. Una materia sobre la que las propuestas legislativas se inclinan por la responsabilidad subjetiva teniendo en cuenta las dificultades de prueba.
Los dos restantes estudios de este número se centran tanto en el análisis de la más reciente legislación, como de la que está por venir.
En cuanto a la más normativa recién publicada, Iciar López-Vidriero Tejedor, Abogada y socia en ICEF Consultores), aborda en “Novedades que introduce el paquete del reglamento de servicios digitales y algunos de sus paralelismos con el RGPD” un detallado análisis del nuevo paquete de servicios digitales conformado, de una parte, por el Reglamento de Mercados Digitales, que entró en vigor el pasado 14 de septiembre de 2022 y, de otra, por el Reglamento de Servicios Digitales, que ha entrado en vigor el 19 de octubre. Además de las interesantes conclusiones que extrae de este análisis, la autora incorpora una comparativa entre este «dúo» de Reglamentos y el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, facilitando de una forma muy visual las similitudes y diferencias entre estos tres reglamentos.
Y en cuanto a la regulación que está porvenir, José Manuel Muñoz, abogado experto en Derecho tecnológico y digital lleva a cabo en “Avanzando en la regulación de la IA. Hacia un equilibrio entre ética, protección de los derechos fundamentales, seguridad, confianza, innovación, desarrollo y competitividad” un detallado análisis de cómo se ha abordado la seguridad y la protección de los derechos fundamentales en los principales marcos éticos de referencia a nivel internacional. Además, el autor estudia cómo se ha abordado su regulación en el ámbito europeo hasta la fecha y el tratamiento de la ética, la seguridad y la protección de los derechos fundamentales en la misma. Y, por último, cómo estas propuestas reguladoras abordan el precitado y necesario equilibrio, en constante tensión, entre ética, seguridad, confianza, accesibilidad, uso, desarrollo, innovación y competitividad.
La sección NOTAS E INFORMES recoge, con carácter de urgencia, una mínima reseña y el texto completo de la recientísima Declaración Europea sobre los derechos y principios digitales, suscrita por la Comisión, el Parlamento y el Consejo europeos el pasado 15 de diciembre. Tiempo habrá de analizar en profundidad el contenido y las implicaciones de este documento, del que, por ahora, nos complace dar a nuestros lectores puntual noticia.
En la sección COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA, Roberto Carlos Rosino Calle, Profesor Ayudante Doctor de Derecho Constitucional. Universidad Complutense, analiza, en primer lugar, la sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 3 de octubre de este año, que resolvió un recurso de casación para la formación de jurisprudencia sobre la necesidad de autorización judicial en los casos en que la Administración acuerde la interrupción del acceso a un sitio web, así como las pautas de aplicación del principio de proporcionalidad en este tipo de asuntos.
Por su parte, Susana Ruiz Tarrías, Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, estudia el alcance de la sentencia de la Sala Cuarta, de lo Social, del TS, de 22 de julio de 2022, que validó como prueba una grabación realizada mediante videocámara que muestra a una empleada de hogar intentando acceder a una caja fuerte. Dicha grabación tuvo lugar en un domicilio particular en el que se desarrollaba una relación laboral, sin que el empleador advirtiera directa ni indirectamente a la empleada de la instalación de una cámara de vigilancia.
Cerramos este número con la reseña de dos interesantes obras recientemente publicadas: Metamorfosis del Estado. Maremoto digital y ciberseguridad, de Mercedes Fuertes y Beyond Data. Human Rights, Ethical and Social Impact Assessment in AI, de Alessandro Mantelero.
Concluimos este año de intensa actividad y ya nos asomamos a un nuevo 2023 en el que esperamos muy numerosas y relevantes novedades en el ámbito de los temas que son el objetivo de esta revista. La dirección y el equipo que lo hacemos esperamos estar a la altura de este desafío, ofreciéndoles los contenidos de calidad que nuestros lectores necesitan.
El Director
José Luis Piñar Mañas
El Co-Director
Moisés Barrio Andrés