El Gobierno, CCOO y UGT comienzan a negociar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2023, sin la presencia de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que rompió la relación con el Ministerio de Trabajo la semana pasada a raíz de una enmienda transaccional a la Ley de Empleo.
La reunión, a la que también está citada la patronal pese a su rechazo, se realiza en la Sala Oval del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social acudirá a la mesa con una horquilla de subida para 2023 de entre el 4,6% y el 8,2%, lo que situaría el SMI en 1.046 euros brutos al mes por catorce pagas en el primer caso y de 1.082 euros en el segundo, como recomienda el informe de la Comisión de Expertos, presentado el lunes por la titular de la cartera, Yolanda Díaz.
El Gobierno espera cumplir su promesa de elevar el SMI al equivalente del 60% del salario medio español en 2023, ya que los sindicatos también son partidarios de incrementar el salario mínimo. No obstante, tanto CCOO como UGT reclaman alzas por encimas de las aconsejadas por la Comisión de Expertos del Ministerio de Trabajo.
CCOO planteará en la mesa de diálogo social un SMI de entre 1.082 y 1.100 euros mensuales, es decir, entre 82 y 100 euros más al mes de su cuantía actual, y por encima de la horquilla de partida de Trabajo. UGT también aboga por una subida más ambiciosa y propone que el SMI quede en 2023 en 1.100 euros, un 10% más que la cantidad actual.
Díaz evitó manifestar "posiciones propias" sobre cuál debería ser la subida del SMI para 2023, aunque se mostró partidaria de revisar el SMI en los próximos seis meses si la situación económica española lo exigiera, como ya han hecho otros países.
La titular de Trabajo tampoco dio fechas sobre el cierre de las negociaciones de la mesa de diálogo y, consciente de que solo quedan dos Consejos de Ministros antes de fin de año, dejó abierta la posibilidad de que el SMI se apruebe en enero, con efecto retroactivo.
TENSIÓN ENTRE TRABAJO Y LA CEOE
Díaz insistió en la rueda de prensa del lunes en que todos los agentes sociales, tanto sindicatos como patronal, estarán convocados a la reunión de este miércoles.
A pesar de la declaración de la ministra de Trabajo, la CEOE ya había anunciado la semana pasada la ruptura del diálogo con su Ministerio, al que consideran "invalidado como interlocutor fiable" por haber introducido una enmienda a la Ley de Empleo que devuelve el control al Ministerio de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).
Los empresarios españoles aseguraron que esa cuestión quedó fuera, de manera expresa, en las negociaciones de la reforma laboral para poder alcanzar un acuerdo, por lo que se oponen a hablar con Trabajo hasta que obtengan "una rectificación" por parte de la cartera de Yolanda Díaz.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha confirmado este martes, en Valencia, que los empresarios no acudirán a la cita de Trabajo, aunque responderán a las propuestas del Gobierno por escrito.
Garamendi ha explicado que la razón por la que no se sentarán en esta mesa de diálogo social es que los empresarios firmaron "probablemente el acuerdo más importante", en alusión a la reforma laboral, y que ahora "por real decreto se ha planeado cambiar el artículo 51", que devuelve el control al Ministerio de los ERE.
Además, los empresarios también celebrarán este miércoles su Junta Directiva, convocada antes de que Díaz citara a los agentes sociales.
EXPLICACIONES A LOS ESPAÑOLES
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo negó el lunes que las relaciones con la patronal estuvieran rotas y garantizó que todas las mesas de diálogo abiertas seguían cumpliendo con sus tareas.
No obstante, pidió a los agentes sociales que cumplieran con su mandato constitucional y advirtió de que si alguien no se sentaba a negociar, en alusión a los empresarios, se lo tendría que "explicar a los españoles golpeados por la inflación".
"El que no comparezca cuando es llamado va a tener que dar cumplidas explicaciones al país, no al Gobierno", avisó Díaz. "Que la ministra dé explicaciones de lo que tenga que hacer. Yo doy las mías", replicó Garamendi.
El presidente de los empresarios ha recordado este martes, en Valencia, que el papel de los agentes sociales en la negociación del SMI es consultivo, como establece el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015), y que es el Gobierno el que decide la cuantía para 2023.