Entrada en vigor: el 22 de diciembre de 2022
La necesidad de los ucranianos de abandonar su país, debido al conflicto bélico con Rusia, ha producido su éxodo masivo. Su extrema vulnerabilidad deja a este colectivo a merced de los traficantes de seres humanos, que se aprovechan de su precaria situación, proliferando así el delito de trata de seres humanos.
Por ello, y siguiendo el mandato de la Directiva 2011/36/UE (LA LEY 7473/2011) relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, que instaba a los Estados a establecer sanciones penales severas para los delitos de trata, la LO 13/2022, de 20 de diciembre (LA LEY 26336/2022) viene a modificar el CP para incrementar las penas previstas para estos delitos en los supuestos de desplazados por un conflicto armado o una catástrofe humanitaria.
El delito de trata de seres humanos fue introducido por la LO 5/2010 (LA LEY 13038/2010) en el nuevo Título VII bis CP bajo la rúbrica " De la trata de seres humanos" tipificándose en el artículo 177 bis CP (LA LEY 3996/1995) un delito en el que prevalece la protección de la dignidad y la libertad de las personas que la sufren, de tal forma que no es un delito que opere de manera exclusiva contra personas extranjeras, sino que podrá afectar, tanto a nacionales como transnacionales, ya estén o no relacionadas con la delincuencia organizada, frente a la inmigración clandestina que siempre tendrá carácter transnacional.
El citado artículo 177 bis.1 CP (LA LEY 3996/1995) recoge el delito básico que consiste en la captación, transporte, traslado, acogimiento, recepción de personas nacionales o extranjeros, en territorio español, desde España, en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima, incluido el intercambio o transferencia de control sobre esas personas, para la imposición de trabajos forzados, la esclavitud o prácticas similares, o la explotación sexual, incluida la pornografía, o para realizar actividades delictivas, o la extracción de sus órganos corporales, o la celebración de matrimonios forzados.
Por su parte, el art. 177 bis.4 CP (LA LEY 3996/1995) prevé varias agravantes específicas castigadas con pena de prisión de ocho a doce años. La LO 13/2022 (LA LEY 26336/2022) viene a añadir una nueva agravante en la letra c) del citado artículo, para el caso de que la víctima sea una persona cuya situación de vulnerabilidad haya sido originada o agravada por el desplazamiento derivado de un conflicto armado o una catástrofe humanitaria.