Se siguieron autos por un delito de estafa cometido en el seno de un contrato de asociación para la venta de ropa en el que supuestamente se suministraría género de una determinada marca, cuando en realidad no lo era.
Condenado el administrador de una mercantil, basa su defensa en la inexistencia de facturas de la adquisición de prendas, o justificantes de pago de las mercancías o de otra serie de documentos, pero para la Sala, esta ausencia documental no quiere decir que no exista prueba. En el caso, la prueba documental es una más, y no goza de mayor valor que cualquier otra, y en la labor de valoración conjunta de toda la prueba practicada, se llega a la conclusión de la autoría del delito.
Defiende también el acusado que no concurren otros los elementos del tipo de estafa, al no probarse que la denunciante realizara un desplazamiento patrimonial para la adquisición de prendas de la marca que le había sido vendida, ni que haya existido un perjuicio para su patrimonio derivado de la supuesta adquisición, ni, en consecuencia, la necesaria relación de causalidad entre el supuesto engaño y el perjuicio sufrido, pero existe el delito desde el momento en que la denunciante adquirió un lote de prendas en la creencia de que la información que le había sido facilitada era cierta y si bien las recibió en su tienda, fue entonces cuando descubrió que no se correspondían con la oferta. El engaño consistió en que, confiada la denunciante por la información que le había dado el denunciado, y en la creencia de que recibiría unas prendas de una marca, las entregadas no se correspondieron con las ofertadas.
Se trató de una "manipulación orquestada" que constituye un verdadero engaño de entidad suficiente para configurar el delito de estafa previsto en el artículo 248 del Código Penal (LA LEY 3996/1995).
Mayor calado tiene la cuestión de la condena a la persona jurídica administrada por el acusado. La condena a la persona jurídica ha tenido lugar sin una base fáctica que definiera su delito corporativo del que derivar su responsabilidad penal, en que las premisas de organización y complejidad está la base de su propio fundamento, con elementos propios para conformar su culpabilidad, distintos de los de la persona física.
La imputación de una persona jurídica debe basarse en criterios de imputabilidad propios, en relación con los fallos en que, por defecto de organización o funcionamiento, incurra en el ejercicio de su actividad sobre la gestión, el control, la supervisión o vigilancia para la prevención del delito de que se trate. Su responsabilidad debe ser por la perpetración de su propio hecho corporativo y en función del reproche culpabilístico de dicho hecho, y es necesaria la constatación de algún defecto estructural en los mecanismos de prevención y control que le fueran exigibles por razón de su organización.
Insiste el Supremo en que la responsabilidad penal de la persona jurídica gira en clave de complejidad organizativa, de modo que solo es posible hablar de imputabilidad respecto de aquéllas que presenten un cierto grado de complejidad, con la consecuencia de que no todas las personas jurídicas serán imputables.
Y en el caso, estima la Sala que la sociedad debe ser absuelta. Formalmente contaba con dos socios administradores solidarios, pero de facto, solo uno de ellos ejercía sus funciones como tal. La sociedad no goza de la necesaria estructura interna compleja como para dotarla de relevancia propia; era una sociedad de tan mínima complejidad que era la forma de presentarse al público, a través de ella, su administrador y que difícilmente se diferenciaba el socio de la propia sociedad.
Cuando en una persona falta la complejidad en su estructura no es posible apreciar la culpabilidad que derivaría del incumplimiento de unos deberes de supervisión y control, que como en el caso, quedan consumidos en la propia dinámica delictiva del administrador que delinque, y basta con la condena de este, y la absolución de la persona jurídica por su consideración como inimputable.
Si no hay complejidad interna, falta el presupuesto para hablar de imputabilidad penal, por inexistencia de capacidad de culpabilidad, ya que, debido a su mínima estructura, no se da la base desde la que conformarla, por no tener la sociedad posibilidad de establecer mecanismos de control.