I. Planteamiento
Cuando la vida te sitúa en una perspectiva distinta, los seres humanos somos capaces de observar situaciones que estaban delante de nosotros, sin reparar en ellas.
Una de ellas fue comprobar que, en España, los Juzgados especializados en Menores y las Audiencias Provinciales están condenando a niños menores de 16 años por delitos de violencia de género.
Pero, ¿es posible atendiendo a las leyes que nos damos? Pues vamos a ver.
No son tantos, pero supe de uno y me llamó la atención, por lo que busqué.
Y después de comprobar la estadística que publica, a este respecto, el Consejo General del Poder Judicial, me parecía de las más fiables para informarme, dentro del apartado, Juzgados de Menores por Provincias, Procesos de Violencia de Género, en la que además se discriminan los datos por franjas de edad, pude saber que, en el año 2021, última completa disponible, habían recaído treinta y siete condenas, treinta y una por delito, que deben ser menos graves o graves, esto no se especifica, seis por delitos leves, esto sí se concreta. Treinta y siete condenas, por casos de violencia de género, a menores de catorce o quince años, esa franja de edad que me interesaba.
No son tantos, aunque sólo uno ya es mucho.
Pero condenas, y también me dio por pensar.
Violencia de género, treinta y siete menores de catorce y quince años condenados. ¿Niños?, quizá eso que decimos preadolescentes.
Deviene necesario comprobar la definición de niña, niño, adolescentes y, lo que ello supone y, enlazar ello con la prohibición en España de contraer matrimonio estos menores
Llegados a este punto, deviene necesario comprobar la definición de niña, niño, adolescentes y, lo que ello supone y, enlazar ello con la prohibición en España de contraer matrimonio estos menores, prohibición que refleja la especial protección que el legislador establece para evitar matrimonios forzados, de conveniencia, que caigan en redes de trata…etc. Por todo ello, ¿lleva aparejado que, les viene vedada la análoga relación de afectividad?
II. Análisis
Para llegar a una conclusión, examinemos los textos Internacionales y Nacionales.
Sobre la Normativa Internacional, la Comunidad ha elaborado y adoptado normas sobre los derechos humanos en las que se contienen instrumentos político-jurídicos destinados a la atención a la infancia y la adolescencia. Entre los textos internacionales más relevantes destacan:
— Convención sobre los Derechos del Niño (LA LEY 3489/1990), firmada en Nueva York el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, constituyó el primer instrumento jurídico convencional con fuerza vinculante en el que, de una manera global y genérica, se reconocía el conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y se establecían los mecanismos de protección al efecto. A partir de este momento, comienza un importante desarrollo legislativo relativo al reconocimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia y la protección de los mismos.
Podemos comprobar que, en su articulado, exactamente en el número 1, define: niña, niño y adolescentes:
«Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad».
— La Carta Europea de Derechos del Niño aprobada por el Parlamento Europeo en 1992, en la que además de solicitar a los Estados miembros que se adhieran sin reservas a la Convención sobre los derechos del Niño de 1989 (LA LEY 3489/1990), y basándose en ésta, se enumeran una serie de principios que afectan a los niños de la Comunidad Europea.
«Principio 2. Se entenderá por niño todo ser humano hasta la edad de dieciocho años, salvo que éste, en virtud de la legislación nacional que le sea aplicable, haya alcanzado con anterioridad la mayoría de edad. A efectos penales, se considerará la edad de dieciocho años como mínima para serle exigida la responsabilidad correspondiente.»
Veamos ahora nuestra legislación:
Empezaré por el Código Civil para fijar los requisitos que establece para para poder contraer matrimonio válidamente en España, que están regulados en los artículos 45,46,47 y 48.
Así, podemos leer en el art. 46 CC (LA LEY 1/1889),
No pueden contraer matrimonio: 1º los menores de edad no emancipados…»
Pues vamos a relacionar este extremo con la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985) y la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: Artículo 1. Objeto de la Ley.
1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.
Y, ya, por último, lo que nos dice el artículo 87 ter en la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985),
«1. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocerán, en el orden penal, de conformidad en todo caso con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882), de los siguientes supuestos:
a) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género.
b) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra anterior.
III. Conclusión
Problema, el de esa violencia, obvio, que no puede ignorarse, pero también que se hace propio del derecho penal, en el que las interpretaciones extensivas debieran ser extrañas.
Sabemos bien que en los últimos años han sido varias las reformas legales que procuran que, por ser menor, sólo por eso, no se desconozca o desprecie su criterio a la hora de resolver los asuntos que les afectan, en cualquier ámbito. Pero la posibilidad de contraer matrimonio sigue reservándose para el mayor de edad o emancipado, artículo 46 del Código Civil (LA LEY 1/1889), y resulta que la emancipación sólo es posible cuando se cumplen dieciséis años, artículos 241, 243 y 244 del mismo texto legal.
Las interpretaciones extensivas, en el derecho penal, deben ser extrañas, acabo de decir, y en este sentido nos recuerda por ejemplo la STS de 7 de octubre de 2021 (LA LEY 171893/2021), ROJ STS 3617/2021, que «… las juezas y los jueces tienen la obligación de no ampliar los espacios de prohibición acudiendo a reglas de interpretación analógicas extensivas que superen el sentido literal posible de los elementos descriptivos o normativos de los tipos —principio de interpretación estricta—».
Resultando que el legislador, para definir la violencia de género, parte de la existencia de una relación matrimonial o similar de afectividad, artículo 1 de la LO 1/2004 (LA LEY 1692/2004), análoga relación de afectividad, vienen a decir los preceptos correspondientes del Código Penal, siendo que análogo implica que se es lo mismo en esencia, aunque no se guarde la forma.
Similar, análoga, en cualquier caso, a una relación matrimonial, que no puede legalmente entablarse si no tienes, al menos dieciséis años, lo hemos visto.
El concepto de violencia, así definido, tan ceñido, sin duda debe ser objeto de revisión, lo está siendo, desde luego si consideramos referencias como las que derivan del Convenio de Estambul, que también nos obliga.
Pero lo cierto es que en derecho penal constituye por ahora el punto de partida y que quizá por considerarles, a pesar de todo, carentes de la capacidad necesaria para prestar un consentimiento en principio con tanta trascendencia, a los menores de catorce y quince años se les veda la posibilidad de contraer matrimonio.
Termino con una pregunta, ¿pueden entonces entablar una relación similar o análoga?
Pues el último año treinta y siete fueron condenados.