La fundación corporativa de Aranzadi LA LEY ha presentado la XIV edición del Informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia, patrocinado por Banco Santander. Este informe, que lleva publicándose una vez al año ininterrumpidamente desde 2008, analiza los diversos factores que afectan a la actividad del sistema judicial español, sus problemas y carencias, sus progresos y las medidas a implementar para poder mejorar el servicio público de la Justicia en nuestro país.
El informe de este año se ha centrado en dos aspectos: primero en anticipar las potenciales consecuencias que tendrá en cada orden jurisdiccional por separado el anteproyecto de Ley de Eficiencia Procesal prevista para febrero de 2023, que tiene como objetivo de mejorar la operatividad de nuestros órganos judiciales; y en segundo lugar analizar la idoneidad de los denominados «medios adecuados de solución de controversias», tales como la mediación o la conciliación.
La presentación ha contado con la participación de Cristina Sancho, presidenta de la fundación corporativa de Aranzadi LA LEY y directora de Asuntos Corporativos y Comunicación de LA LEY; Cristina Retana, directora de Innovación y Contenidos de LA LEY; Juan Mora-Sanguinetti, abogado y economista titulado del Banco de España-Eurosistema; y Miguel Pasqual del Riquelme, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.
Un estudio excepcional para las empresas y la ciudadanía en general
Cristina Sancho ha reiterado que este Informe es un estudio de interés, no sólo para las autoridades y la comunidad jurídica, sino también, sobre todo, para las empresas y la ciudadanía en general «que son las que reciben el principal impacto del buen o mal funcionamiento de los tribunales, de su eficacia, de su agilidad y de su acierto a la hora de resolver las controversias que se les plantean». Ha añadido además que este trabajo recoge las reflexiones en torno a la actividad de los tribunales de nuestro país realizadas «por un grupo de trabajo excepcional compuesto por algunos de los mayores expertos de España en el funcionamiento de nuestra administración de Justicia y en el impacto que ese funcionamiento genera en la economía, la competitividad de las empresas y la sociedad en su conjunto».
Indicadores de la Actividad de la Justicia
Con la ayuda de la herramienta de análisis jurisprudencial Jurimetría, Cristina Retana ha analizado la estadística judicial del año 2021 basándose en los diez indicadores básicos de este informe (tasa de resolución, de congestión, de litigiosidad, duración media, tasa de pendencia, número de sentencias y de asuntos ingresados por juez y magistrado, ejecución de resoluciones judiciales, confirmación de resoluciones en apelación o suplicación, y la confirmación de resoluciones en casación) que reflejan la evolución de la actividad de los tribunales año a año: «Ha sido un año (2021) de vuelta a la normalidad tras la pandemia, el confinamiento y la suspensión de los plazos procesales». El informe refleja un incremento del número de asuntos con respecto a 2020 –entre un 11 y un 17%- en función de la jurisdicción analizada y un aumento del 30% en el número de sentencias dictadas. La duración media de los procesos ha mejorado en todas las jurisdicciones, excepto la social.
Cinco prioridades del sistema legal y judicial
Pasqual del Riquelme ha comenzado su intervención recordando que el informe del año pasado hacía referencia a cinco prioridades o necesidades básicas del sistema legal y judicial español pendientes de ejecutarse: revisar el modelo territorial; modificar el diseño, la estructura, la organización y el funcionamiento interno de los juzgados y tribunales; revisión integral de las leyes procesales para hacerlas más eficientes; tratar de revertir el paradigma de judicialización masiva; y modernizar la Justicia con ayuda de la tecnología: «Ya tenemos tres leyes en trámite parlamentario que inciden directamente en cada una de esas cinco prioridades y estas son muy buenas noticias». El magistrado del TSJ de Murcia se refiere a las tres leyes de Eficiencia Organizativa, Digital y Procesal, planificadas dentro del Plan de Justicia 2030 que el Ministerio puso en marcha hace algo más de dos años con un gran «esfuerzo de planificación». La mala noticia es que ese Plan 2030 no se inserta en un consenso generalizado de las reformas que deben llevarse a cabo en el sistema judicial español y «corremos el riesgo de que estos proyectos sean de legislatura y no tenga una continuidad» ha sentenciado del Riquelme.
La Ley de Eficiencia Procesal puede sintetizarse en seis objetivos: la reducción de la litigiosidad; conseguir una mayor eficiencia en la operativa de los juzgados y tribunales; conseguir una agilización procesal; fortalecer algunas garantías; contribuir con alguna medida a una mayor cohesión social y una mayor confianza y legitimidad de la actuación de juzgados y tribunales. Esta larga batería de medidas va dirigidas a aligerar los trámites en todas las jurisdicciones menos en la penal.
Una Justicia poco eficaz genera un impacto económico negativo
Por último, Juan Mora-Sanguinetti ha centrado sus palabras en el impacto económico negativo que genera una Justicia poco eficaz. Para ello se ha referido a la «gran recesión» que vivimos en España en 2008 donde nuestro país llegó a ser el tercer o cuarto país más litigioso de toda la OCDE: «En momentos difíciles, España propicia una sobrecarga en los órganos judiciales».
El economista titulado del Banco de España, que ha intervenido en su propio nombre y no en el de la entidad, ha señalado que los datos más recientes muestran que 2021 fue el año más litigioso de los más recientes y «la alta litigiosidad conlleva un aumento de los tiempos de resolución y esto tiene implicaciones: si tenemos más litigación, tendremos más lentitud, más congestión judicial». Por tanto, ha concluido, «la Ley de Eficiencia Procesal es adecuada para reducir trabajo al sistema judicial español con mecanismos como la mediación o la conciliación».
El Informe 2022 del Observatorio de la Actividad de la Justicia se puede descargar en este enlace.