Los Estados miembros, el Parlamento Europeo y la Comisión han concluido con acuerdo las negociaciones sobre la Declaración europea sobre los derechos y principios digitales para la década digital, un documento con el que se pretende promover los valores europeos en el marco de la transformación digital, dando preeminencia a las personas y de manera que la tecnología digital beneficie a todas ellas, a las empresas y a la sociedad en su conjunto.
El acuerdo alcanzado será ahora sometido a la aprobación del Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión. Por parte del Consejo, la Presidencia checa tiene la intención de presentar el acuerdo a los representantes de los Estados miembros (Coreper) lo antes posible, lo que permitirá que lo firmen las tres instituciones cosignatarias durante el Consejo Europeo de diciembre.
Con esta declaración, es fruto de la filosofía emanada de la Comunicación de la Comisión titulada «Brújula Digital 2030: el enfoque de Europa para el Decenio Digital», de 9 de marzo de 2021, conforme a la cual se pretende diseñar una Europa transformada y digitalmente soberana en un mundo abierto e interconectado, reuniendo a ciudadanos emancipados y a empresas innovadoras en una sociedad digital centrada en el ser humano, integradora, próspera y sostenible.
Posteriormente, en su Declaración de 25 de marzo de 2021, los miembros del Consejo Europeo, considerando a la anterior Comunicación como un importante paso hacia el diseño del desarrollo digital de Europa para la próxima década, invitaron a la Comisión a utilizar todos los instrumentos disponibles en materia de política industrial, comercial y de competencia.
A la luz de estas aspiraciones y retos, el 26 de enero de 2022 la Comisión propuso una Declaración europea sobre los derechos y principios digitales para la década digital, como continuación a su Comunicación de 9 de marzo de 2021.
La Declaración europea sobre los derechos y principios digitales
Según informamos anteriormente, la Comisión considera que los derechos y valores de la UE constituyen el elemento central de la vía digital europea, cuyo protagonista es el ser humano, por lo que deberían estar tan plenamente presentes en el ciberespacio como lo están en el mundo real. Por este motivo, propone crear un marco de principios digitales, garantizando, más en general, que los mismos derechos que se aplican fuera de línea puedan ejercerse plenamente en línea. Estos principios se tratarían en un amplio debate social y podrían consagrarse en una declaración interinstitucional solemne del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. Se basaría en el pilar europeo de derechos sociales (LA LEY 19676/2017) y lo complementaría.
En concreto, la Comisión considera que, para estar plenamente capacitados, las personas deben tener primero acceso a una conectividad asequible, segura y de alta calidad de alta calidad, poder aprender habilidades digitales básicas -que deberían convertirse en un derecho para todos- y estar y disponer de otros medios que les permitan participar plenamente en las actividades económicas y sociales de hoy y del futuro.
También deben tener un acceso fácil a los servicios públicos digitales sobre la base de una identidad digital universal, así como a los servicios sanitarios digitales. Por otra parte, las personas deben beneficiarse de un acceso no discriminatorio a los servicios en línea y también de la de la realización de principios como la seguridad y la confianza en los espacios digitales, la conciliación de la vida laboral y familiar en un de trabajo a distancia, la protección de los menores y la toma de decisiones éticas mediante algoritmos.
Además, las tecnologías y servicios digitales que utilizan las personas deben cumplir con el marco jurídico aplicable y respetar los derechos y valores intrínsecos al "estilo europeo".
Adicionalmente, el entorno digital centrado en el ser humano, seguro y abierto, debe cumplir la ley, pero también permitir a las personas hacer valer sus derechos, como el derecho a la intimidad y a la protección de datos, la libertad de expresión, los derechos del niño y los derechos del consumidor. Los principios digitales están arraigados en el Derecho primario de la UE, especialmente en el Tratado de la Unión Europea (TUE) (LA LEY 109/1994), el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) (LA LEY 6/1957), la Carta de los Derechos Fundamentales y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como en el Derecho derivado. Esta vía europea para la sociedad digital también debería respaldar y apoyar las iniciativas de democracia abierta de democracia abierta, contribuyendo a la elaboración de políticas inclusivas, permitiendo un amplio compromiso con la gente y estimulando la acción de base para desarrollar iniciativas locales como factores para mejorar la aceptación social y el apoyo público a las decisiones democráticas.
En particular, la vía europea para la sociedad digital también se basa en garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales de la UE:
- La libertad de expresión, incluido el acceso a una información diversa, fiable y transparente,
- Libertad para establecer y dirigir un negocio en línea,
- Protección de los datos personales y de la intimidad, y derecho al olvido,
- Protección de la creación intelectual de las personas en el espacio en línea.
La Comisión considera que es igualmente importante establecer un conjunto completo de principios digitales que permitan informar a los usuarios y orientar a los responsables políticos y a los operadores digitales, tales como el acceso universal a los servicios de Internet; un en entorno en línea seguro y de confianza; una educación digital universal y habilidades para que las personas participen activamente en la sociedad y en procesos democráticos; el acceso a sistemas y dispositivos digitales que respeten el medio ambiente; disponer de unos servicios públicos y una administración digital accesibles y centrados en el ser humano; unos principios éticos para los algoritmos centrados en el ser humano; la protección y empoderamiento de los niños en el espacio en línea y el acceso a los servicios digitales de salud.
El texto recuerda todos los derechos pertinentes en el contexto de la transformación digital y debe servir de referencia a las empresas y otros interesados que elaboren e implanten nuevas tecnologías.
La Declaración debe guiar a los responsables de las políticas cuando reflexionen sobre su concepción de la transformación digital: situar a las personas en el centro de la transformación digital, apoyar la solidaridad y la integración, garantizar la conectividad, la educación, la formación y las capacidades digitales, así como el acceso a los servicios digitales en línea.
La declaración hace hincapié en la importancia de la libertad de elección en la interacción con los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial, así como en un entorno digital equitativo.
También hace un llamamiento para aumentar la seguridad y la protección en el entorno digital, en particular para los niños y los jóvenes. Los Estados miembros, el Parlamento y la Comisión también se comprometen a apoyar la elaboración y el uso de tecnologías sostenibles.
Según ha destacado Ivan Bartoš, vicepresidente del Gobierno de Digitalización y ministro de Desarrollo Regional de Chequia, país presidente de turno de la Unión, con esta documento se abre una vía europea para la transformación digital de nuestras sociedades y economías, porque promover y proteger nuestros valores en el entorno digital, ya sea la intimidad, el control individual de los datos, la igualdad de acceso a los servicios y la educación, unas condiciones de trabajo justas y equitativas, la participación en el espacio público o la libertad de elección, es fundamental. Igualmente, Bartos ha expresado su confianza en que la Declaración establezca un punto de referencia internacional e inspire a otros países y organizaciones para que sigan nuestro ejemplo.