El Supremo reitera su doctrina en torno a que no es posible una diferencia de trato fiscal en las sucesiones o donaciones en función de la residencia de los causantes o los causahabientes y la completa desde el punto de vista formal al añadir que la Administración no está facultada para ejecutar un acto firme consistente en una liquidación tributaria y proceder a la recaudación de la deuda tributaria resultante de la misma en el caso de que, con posterioridad a la adquisición de la firmeza, el Tribunal de Justicia declare que el Derecho de la Unión Europea se opone a la norma reguladora del impuesto, objeto de la liquidación, habilitando así que el contribuyente, al hilo de la impugnación de un acto de ejecución, pueda solicitar nuevamente la revisión de una liquidación firme cuando la inicial solicitud de nulidad fue inadmitida a trámite por la Administración.
En el caso, declara la nulidad del acuerdo de liquidación, así como de los actos de recaudación y los revisorios recaídos en el procedimiento, porque la norma de cobertura ha sido declarada nula por el TJUE, en particular, la autoliquidación, su frustrada rectificación y la inadmisión de la solicitud de nulidad, fueron posteriores al pronunciamiento de la sentencia del TJUE de 3 de septiembre de 2014.
Por ello, la Administración no está facultada para ejecutar un acto firme, consistente en una liquidación tributaria, y proceder a la recaudación de la deuda tributaria resultante de la misma en el caso de que, con posterioridad a la adquisición de la firmeza, se haya declarado que la norma el contraria al ordenamiento jurídico, y añade que si la Administración desatendiera este compromiso, estaría eludiendo su obligación de conducirse de acuerdo con el principio de legalidad.
La Administración no sólo no está facultada para ejecutar la liquidación tributaria firme, sino que incluso debe declarar la nulidad de pleno derecho de la liquidación tributaria girada al sujeto pasivo no residente en España y abstenerse de realizar ningún acto de recaudación de la deuda tributaria desde el momento en que el Tribunal de Justicia declaró que el Derecho de la Unión Europea se oponía a la norma reguladora del impuesto objeto de la liquidación.
Trasladadas estas premisas al supuesto que motiva la cuestión, ante la solicitud de nulidad de pleno derecho planteada por la interesada al amparo del artículo 217 de la LGT frente a la liquidación provisional firme, en la que invocaba la nulidad de la liquidación al existir trato discriminatorio por su condición de no residente, con fundamento en la sentencia del TJUE de 3 de septiembre de 2014, la Administración estaba obligada a considerar que se estaba invocando la causa de nulidad prevista en la letra a) del apartado 1 del artículo 217 LGT, debiendo haber entrado a resolver dicha solicitud, y no a inadmitirla a trámite como hizo por lo que el Supremo estima el recurso y anula la liquidación por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.