Una de las claves del éxito en educación es la confianza. Creer en las capacidades del alumno, y despertar en él la autoconfianza es un anticipo del éxito. Por el contrario, un alumno que no tiene confianza en sí mismo o que percibe la falta de la misma por parte del educador está abocado a un fracaso seguro o, al menos, a un rendimiento muy inferior al que puede desarrollar.
Lo contrario de la confianza es la sospecha ya sea de la persona o del objeto que tenemos en frente. A diferencia de la confianza, la sospecha paraliza, pone a la defensiva y genera una relación tóxica que de algún modo anula o ralentiza el crecimiento personal.
Este principio de la confianza y autoconfianza es también válido en lo que se refiere al profesor, tanto en lo profesional y como en lo personal: necesita que confíen en él. Tras oír a muchos compañeros y leer los resúmenes de prensa educativa, percibo una más que notoria sensación de inseguridad, de agobio ante la implantación de la nueva ley y, en muchos casos, de órdenes no derivadas de la misma, sino de una visión educativa totalitaria tanto en contenidos como en la metodología. No es normal que un colectivo con una media de veinte años de ejercicio profesional tenga esta presión acumulada por una legislación agobiante.
En el trasfondo de dichas reglamentaciones observo una falta de confianza de la administración en los profesores. Dicho de otra forma, es una actitud de sospecha permanente ante el profesorado. Solo así se explica que puedan regularse mediante órdenes normas de conducta que el mínimo sentido común y la ética profesional dictan. Cuando todo lo que debe hacerse o evitarse está con carácter imperativo en la legislación educativa, es que ha muerto el sentido común e impera el totalitarismo pedagógico.
«El nivel de autonomía escolar en España en relación a otros países, tal y como se recoge en los Indicadores 2019, es inferior a la media de la OCDE»
A título de ejemplo, en la Orden 69/2022, de la Comunidad Autónoma de La Rioja, con carácter imperativo se señala que debe evitarse «No llevar la clase preparada» o «dar explicaciones confusas y aburrir con sus explicaciones». Estas normas brotan del más elemental sentido común. Como mucho, pueden ser recomendaciones para alumnos del Máster del profesorado, pero convertirlo en imperativos legales es, cuando menos, sorprendente.
De este tipo de legislación, de la que la normativa citada no es más que un ejemplo, lo que se deduce es una actitud de sospecha permanente ante el profesorado. En primer lugar, es dudar de que hayan alcanzado la mayoría de edad pedagógica, es decir que no están preparados para ejercer su tarea y por lo tanto han de ser aleccionados y obligados siguiendo instrucciones precisas del qué, el cómo, el cuánto y el cuándo deben enseñar. En segundo lugar, es una sospecha sobre su propia praxis: solo así se explica que entre las conductas que deben evitarse sean las de «no escuchar» o «no ser objetivo al gestionar los conflictos» (Art. 53).
Ya sabíamos que, más allá de las consabidas referencias a la autonomía de centros que aparecen en todas las leyes educativas, la realidad dista mucho de ajustarse a esa normativa. El nivel de autonomía escolar en España en relación a otros países, tal y como se recoge en los Indicadores 2019, es inferior a la media de la OCDE y se encuentra en el grupo de países que presentan una menor capacidad de toma de decisiones a nivel escolar.
En el siguiente escalón de esa autonomía está la del profesorado que brota de «su mayoría de edad profesional». El Ministerio de Educación junto con las Comunidades Autónomas y las Universidades han certificado que los profesores están cualificados para ejercer su quehacer y por tanto debieran de confiar en la profesionalidad sin estar constantemente invadiendo las competencias profesionales. ¿Alguien imagina un proceder similar en la profesión médica? ¿Se atreverían las consejerías de sanidad a establecer unos protocolos similares sobre el tratamiento a los pacientes? Más bien los protocolos los establecen, en todo caso, los distintos servicios médicos de cada hospital basados en la evidencia científica y en el saber experiencial acumulado por los propios profesionales.
«Una cosa es legislar sobre los contenidos mínimos y básicos de la enseñanza, sobre los derechos y deberes de alumnos y profesores y otra caer en la imposición de metodologías, procedimiento y actitudes del profesorado»
Y por si todo esto fuera poco, hay que recordar que este dirigismo atenta directamente contra la libertad de cátedra que es uno de los principios elementales de nuestro orden democrático. Tal vez estos gestores sueñan con una enseñanza centralizada, programada y digitalizada en la que el profesor sea sustituido por las máquinas: así habrá una obediencia mecánica, ciega, como acertadamente ha descrito Carmen Guaita en su novela La Ventana.
Una cosa es legislar sobre los contenidos mínimos y básicos de la enseñanza, sobre los derechos y deberes de alumnos y profesores y otra caer en la imposición de metodologías, procedimiento y actitudes del profesorado. Hace ya muchos años, cuando la llamada «nueva pedagogía» se empezó a implantar en Estados Unidos, quedó demostrado con evidencia empírica que no era el método quien hacía bueno al maestro, sino el maestro el que hacía bueno al método. Hoy algunas corrientes pedagógicas y mucha legislación educativa parecen olvidarse de eso que el sentido común ya intuye y que corroboró la investigación científica.
En conclusión: existe un clima de desconfianza por parte de las administraciones educativas — es decir de las personas a las que se le supone conocimiento, experiencia y amor por la educación- respecto de los profesores. Con este clima de sospecha y con esta legislación asfixiante es muy difícil conseguir la complicidad y el entusiasmo contagioso que necesita el profesor. Y sin entusiasmo no es posible alcanzar una educación de calidad.