La comunidad educativa gallega sigue conmocionada por el fallecimiento, hace unas semanas, de un alumno de 3º de la ESO del IES julio Prieto Nespereira de Ourense tras el derrumbe de un muro del vestuario del polideportivo del centro. La Justicia ha ordenado la realización de un informe técnico y de un reportaje fotográfico completo de la zona donde se produjo el suceso, además del precinto de lugar hasta que se aclaren las causas de lo ocurrido.
Desde el centro aseguran que no tenían constancia del supuesto mal estado del muro y que no se habían recibido quejas al respecto. No obstante, otros usuarios del pabellón sí mencionan algunas deficiencias como la existencia de humedades.
Todo esto lleva a preguntarse cuál es el estado de las infraestructuras escolares en España, ya que hay indicios de que algunas de ellas no están en el estado más adecuado y esto podría derivar en riesgos serios, tanto para docentes como para alumnos. Recordamos el atropello accidental de una niña a las puertas del Colegio Montealto, en Madrid. Un año después, las familias siguen esperando las obras que mejoren la seguridad del acceso al centro.
Otro caso que hemos conocido recientemente, por ejemplo, es el del colegio Can Raspalls de Sant Jordi, en Ibiza, donde decenas de alumnos acuden a clase con casco en señal de protesta por el «grave peligro» que corren por el mal estado de las instalaciones, según denuncian tanto el director como las asociaciones de padres y madres.
Ocurre algo parecido en el colegio Antonio González de Lama, en Ejido (León), donde el Partido Popular se ha hecho eco de las quejas de los padres, que denuncian que en el centro hay desperfectos generales como «humedades en paredes, desconchones y falta de pintura en paredes y techos, baldosas del suelo deterioradas y sueltas, moqueta rota en las aulas o una carpintería envejecida y deficiente», además de falta de mantenimiento en la cubierta del gimnasio, el cristal roto de la sala de calderas o los desprendimientos en los techos de los soportales del patio de Infantil.
Evaluación de riesgos para el usuario
Los sindicatos gallegos llevan ya tiempo reclamando a la Xunta una revisión del estado de los centros educativos. Suso Bermello, secretario nacional de la Confederación Sindical Galega CIG-Ensino nos cuenta que «la situación de los colegios e institutos gallegos es muy deficiente porque hay un principio básico que no se cumple. Falta la evaluación de riesgos en todos y cada uno de ellos, con independencia del tamaño o del tipo de centro y adaptada a la propia realidad del centro. No es igual un centro de FP con talleres que un colegio de primaria o un centro con instalaciones deportivas. Eso es lo primero que incumple flagrantemente la Xunta desde hace muchos años».
Bermello apunta a que, en Galicia, «tenemos una dispersión geográfica enorme, con unos 1.200 centros educativos. Por primera vez, en el ejercicio presupuestario del año en el que estamos, se incluyó en la cuentas una partida específica para hacer evaluación de riesgos de todos los centros. Eso sí, va con una parsimonia excesiva y ha de finalizarse en 2024» Denuncia que «nosotros, como representantes de los trabajadores, no estamos recibiendo comunicación de estas visitas como debiera ser según la ley. No tenemos constancia de cuántos centros se han revisado en lo que llevamos de año. No tenemos ni idea».
Los sindicatos gallegos llevan ya tiempo reclamando a la Xunta una revisión del estado de los centros educativos. Suso Bermello, secretario nacional de la Confederación Sindical Galega CIG-Ensino cuenta que «la situación de los colegios e institutos gallegos es muy deficiente»
Analizando lo ocurrido en Ourense, considera que «por mucho equipo técnico que se hubiera desplazado a un instituto como el de Ourense, creo que nunca hubiera detectado —si es que la hay- esa anomalía porque los protocolos que existen no están pensados para eso. Están planteados desde la perspectiva de la influencia del puesto de trabajo en nuestra salud laboral como trabajadores, no tienen en cuenta al alumnado. Si la carencia de cara al profesorado es enorme, de cara al alumnado no te quiero ni contar». Insisten en que las instalaciones deportivas de muchos centros educativos no solo se usan por estos, sino también por ayuntamientos y entidades deportivas: «hablamos, por tanto, de un uso muy intensivo de gimnasios, vestuarios, instalaciones polideportivas. No existe un protocolo específico para hacer una revisión más exhaustiva de esas instalaciones, más que las que puede tener un aula ordinaria que tiene un uso menor».
Desde CIG-Ensino reivindican una evaluación de centros «no solo desde la perspectiva de los riesgos laborales, sino también de los riesgos de los usuarios. Por mucho que en 2024 se terminen de revisar los centros, te dirán que las instalaciones están bien, que la instalación eléctrica es correcta, si hay buena ventilación. Sin embargo, no van a decirnos si hay daños estructurales en un edificio o si hay una canasta de baloncesto muy oxidada y que se puede caer».
Desamiantar: asignatura pendiente
La presencia del amianto en colegios e institutos es otro de los temas por resolver que pone en riesgo la salud de la comunidad educativa en su conjunto. De acuerdo con el Grupo para una Ley Integral del Amianto, en España hay al menos un millón de niños en centros con instalaciones en las que aún queda algún resto de este material. Son datos de las comunidades autónomas, ante la ausencia de registros a nivel nacional sobre este problema. Se habla de 123 escuelas en Andalucía, 161 en Murcia o 69 en la Comunidad Valenciana. En la Comunidad de Madrid, aunque el gobierno regional reconoce haber detectado el material en solo 67, los sindicatos aseguran que está presente en un 80% de las instalaciones educativas.
En CCOO Andalucía no dejan de presionar a la Junta para que se tome en serio este asunto. Alejandro Morales Izquierdo, responsable de Salud Laboral de la Federación de Enseñanza del sindicato denuncia que «en 2016 se acordó que la administración tenía que hacer un reconocimiento de todos los centros y hacer un listado para ir actuando. Esto no se ha llevado a cabo. Tenemos reportes de trabajadores y direcciones que nos informan de que en sus centros todavía hay materiales de fibrocemento. Como la administración no ha mandado a profesionales que se encarguen de la detección, no tenemos un número exacto, pero sí una estimación bastante alta de que existe amianto en la mayoría de los centros educativos. Se dejó de utilizar en 2002, pero todo lo construido desde los 60, leva amianto». Alerta de que las fibras invisibles que se desprenden del amianto penetran en las vías respiratorias y producen enfermedades irreversibles a largo plazo: «lo peor es que están presentes tanto en cubiertas y fachadas, bajantes, jardineras, suelos de vinilos, algunas pistas de deporte y en las pizarras. Al deteriorarse, expulsan este tipo de fibras».
La Consejería de Educación se escuda en que la situación es compleja, por el coste presupuestario y por la coordinación de las empresas encargadas. Morales insisten en que «no nos vale, hay que poner todos los esfuerzos posibles cuando estamos hablando de la salud, no solo de la salud de la comunidad educativa profesional, sino de los alumnos que están muchos en desarrollo de su aparato respiratorio y tienen hasta 6 veces más riesgo que los adultos».
Situación similar en la Comunidad de Madrid. Marisa Rufino, experta en salud laboral y medio ambiente en la Federación de Educación de UGT Madrid asegura que «prácticamente en la mayor parte de los centros educativos públicos y privados de la Comunidad de Madrid queda amianto. El gobierno solo ha localizado 67, pero no son solo esos. Existe en todos los construidos en esa época, bien en canalizaciones, en bajantes, en techos de polideportivos y no se ha desamiantado casi ninguno».
En la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso existe una ley de residuos que exige que, para finales de 2021, haya un censo de todos los edificios donde este material tóxico esté presente. Desde UGT Madrid critican que «a día de hoy, no tenemos ese mapa de centros educativos. En el presupuesto se indica que se van a desamiantar 3 centros, pero a nosotros no se nos está informando de nada». Lamenta que es un tema que, desde la administración «nunca han dado importancia hasta que, en 2019, empezamos a reivindicar su existencia y que su vida útil de 50 años estaba terminando. El instalado actualmente ya está degradado y pedimos su retirada por el riesgo que supone para profesores, alumnos y familias».
En la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso existe una ley de residuos que exige que, para finales de 2021, haya un censo de todos los edificios donde este material tóxico esté presente. Desde UGT Madrid critican que a día de hoy, no existe ese mapa de centros educativos
Admite que desamiantar «es muy caro. Hablamos de un material cancerígeno y peligroso. Las empresas que desamiantan tienen unas medidas de seguridad muy concretas, con trabajadores formados, con equipos de protección caros y ese proceso cuesta dinero». Eso sí, señala que «hay fondos Next Generation que vienen desde Europa para esto. En otras comunidades como Murcia se llevan utilizando 3 años. No entiendo por qué Madrid, que ha devuelto parte de estos fondos, no los usa para desamiantar todos los centros, hacer primero un mapeo y que podamos tener inspecciones en todos y saber dónde hay y dónde no». Rufino hace especial hincapié en lo perjudicial del material: «produce cánceres que no se ven ahora, sino que tienen un período de latencia de entre 20 a 30 años. Además, no hay un nivel de protección seguro contra la fibra de amianto. La Unión Europea, en varios documentos, nos dice que no hay un nivel de protección seguro, que hay personas que inhalando durante unas horas o un día pueden desarrollar enfermedades y otras, que lo hagan más tiempo, no. De hecho, la directiva para los trabajadores de las empresas RERA, se ha reducido. El nivel de exposición estaba en el 0,1 y se ha reducido a 0,01. Está demostrado que hasta con protección se generan enfermedades».
Cómo reclamar ante la justicia
Es importante tener en cuenta de quién es la responsabilidad de posibles accidentes que se puedan producir en los centros educativos por el mal estado de la infraestructura. Carlota Zapata, de Legalitas, nos explica que «si el colegio es público, el procedimiento irá por la vía administrativa; si es privado, irá por lo civil». En el caso de Ourense, al tratarse de un centro de titularidad pública «el procedimiento se llama de responsabilidad patrimonial. Se inicia cuando se sufre algún daño y se puede acreditar que no es culpa mía, sino del hacer o no hacer de una administración pública. Por ejemplo, si voy andando por la calle, me tropiezo con un baldosín que no ha arreglado el Ayuntamiento y me rompo el brazo, el ayuntamiento es responsable de ello». En cuanto a la educación, «las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, por lo que la reclamación inicial por responsabilidad patrimonial hay que iniciarla ante la Consejería de Educación correspondiente». Añade, además, que es quien reclama una indemnización en estos casos quien tiene «la carga de la prueba. Es decir, yo tengo que aportar documentación médica, por ejemplo, de los daños que he sufrido. Además, presentar documentación que acredite la existencia de ese obstáculo y que una ambas circunstancias, que establezca un nexo causal». Sobre el IES julio Prieto Nespereira, dice que «habría que exponerlo todo, dirigir el escrito a la Conselleria de Educación de la Xunta de Galicia. Se ha ordenado que se haga un informe técnico que es importantísimo para acreditar lo ocurrido y depurar responsabilidades y demostrar que no ha sido un caso de fuerza mayor como, por ejemplo, una fuerza de viento superior a lo normal».
En cuanto a las indemnizaciones que se derivan de estos procedimientos, Zapata señala que son «objetivas, se establecen en una ley que regula las indemnizaciones en accidentes de tráfico. Dependerá de si hay vías de perjuicio, si hay secuelas y del tipo de lesiones. En caso de fallecimiento, hay unas tablas que establecen las cuantías en función de la edad de la persona fallecida, la de los progenitores y los familiares que queden».
Sobre el tiempo de espera hasta su resolución, reconoce que «tardan bastante, aunque no puedo decir un plazo concreto. Se dice que caducan en seis meses, pero no hay que hacer caso a esto, puesto que la administración tiene la obligación de resolver el procedimiento. Si se estima en vía administrativa, se admite la prueba y la indemnización, finaliza aquí. Si no, se va a un contencioso-administrativo en contra de la Consejería en cuestión».