El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que refuerza la protección de los consumidores ante la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania y da cumplimiento a 18 de las 73 medidas del Plan Más Seguridad Energética, presentado la semana pasada.
Las medidas impulsadas se agrupan en tres bloques: la protección de los consumidores, la transición energética y el impulso del ahorro y la eficiencia energética.
Calderas comunitarias y bono eléctrico
Para aumentar la protección de los consumidores, el texto crea una nueva tarifa de la que se podrán beneficiar quienes tengan un sistema de calefacción basado en una caldera propiedad de la comunidad de propietarios; prorroga las ventajas de las tarifas de último recurso de gas para los pequeños consumidores, ya sean pymes o familias; amplía el bono social térmico; refuerza el bono social eléctrico; flexibiliza los contratos industriales y da más transparencia a las facturas.
La vicepresidenta tercera ha detallado que la tarifa especial para las calderas comunitarias estará en vigor, en principio, hasta el 31 de diciembre de 2023 y beneficiará aproximadamente a 1,7 millones de familias. Estas deberán tener instalados sistemas de contadores individualizados antes del final de septiembre de 2023 y revisar las calderas para asegurar que funcionan de la manera más eficiente posible. Si las comunidades de propietarios se mantienen en torno a los consumos promedio de los últimos años, la suma de la reducción fiscal de los costes fijos y la nueva tarifa especial supondrá en torno a un 50% de ahorro.
En cuanto a la factura eléctrica, una nueva tarifa, también de carácter temporal, beneficiará a las clases medias y trabajadoras. En concreto, las familias que cuenten con hasta 28.000 euros de ingresos y un número de personas conviviendo en el mismo hogar podrán disfrutar de un descuento especial de hasta el 40% de la electricidad que consumen, según ha explicado Teresa Ribera.
Además, se incrementa la cobertura del bono social eléctrico hasta el 65 y el 80% de descuento para vulnerables y vulnerables severos, respectivamente, y se elevan igualmente las ayudas para el bono social térmico.
Impulso del autoconsumo y el ahorro
Para acelerar la transición energética, el Decreto-ley incluye disposiciones adicionales sobre autoconsumo y gases renovables, con una regulación más flexible en el acceso a redes eléctricas y una simplificación administrativa.
En el ámbito del ahorro y la eficiencia, Ribera ha mencionado las deducciones fiscales ampliadas para las inversiones en el contexto de la rehabilitación de viviendas; la libertad de amortización para las empresas que inviertan en bienes de equipo que permitan reducir la factura energética; el aumento de los requisitos de eficiencia para los proyectos de alumbrado público que se inicien el próximo 1 de enero, y la apuesta por los contadores inteligentes de gas natural en los hogares, con una partida presupuestaria destinada a ese efecto.
El Gobierno también ha autorizado un convenio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para crear una nueva línea de avales para rehabilitación de viviendas, por valor de 1.100 millones de euros. Cubrirán hasta el 50% de las obras, por lo que la inversión total en el sector alcanzará los 2.200 millones