Fernando Cameo.- Alfonso Peralta es el Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.o 2 de Guadix pero además, es toda una autoridad en «digital law» y distintas ramas del derecho tecnológico (proceso judicial tecnológico, justicia predictiva, ciberseguridad, cibercrimen, inteligencia artificial, redes sociales o TICs).
Sus conocimientos en la materia le han llevado a ser ponente en múltiples foros tanto en España como en el extranjero. Además, ha escrito numerosas publicaciones sobre inteligencia artificial y derecho, justicia predictiva, policía predictiva, justicia digital, juicios telemáticos, vigilancia masiva, redes sociales o desinformación y «fake news». Ahora también, codirige el Máster en Digital Law and Business Tech de la Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de Cámara Granada.
Hemos hablado con Alfonso Peralta sobre Derecho y tecnología, sobre cuál es la relación actual de este binomio de moda y de cómo será su relación en el futuro.
¿Cómo llega un juez de Primera Instancia e Instrucción a dirigir un Máster que lleva por título Digital Law and Business Tech?
Llega después de muchos años aficionado al derecho digital, primero leyendo blogs y escribiendo uno, de manera autodidacta primero y con formación reglada después. Mi primer artículo fue hace 12 años sobre los aspectos penales del antiguo Kazaa. Hace 3 años comencé a dedicarme al derecho y la inteligencia artificial codirigiendo el curso sobre la materia del CGPJ en colaboración con la Universidad de Granada. Recuerdo que a la gente le sonaba a película de ciencia ficción... ahora, Granada se postula a ser sede la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), Europa dedica miles de millones a la estrategia digital, en España seremos pioneros con un «sandbox» sobre el reglamento de la IA o está próxima la entrada en vigor del Reglamento de Servicios Digitales o de Gobernanza de los Datos.
¿Qué hace diferente este Máster de otros programas formativos sobre la materia?
Enfocamos el máster de manera eminentemente práctica, con el programa más completo y actualizado posible y con más de 60 docentes, auténticos referentes en sus campos profesionales. El mercado jurídico está demandando profesionales para la asesoría jurídica especializados en tecnología y queríamos ofrecer un importante Programa de Prácticas, para lo que contamos con más de 20 empresas colaboradoras.
¿Cree que el sector legal es un sector digitalizado o todavía queda mucho por hacer?
El sector legal es eminentemente conservador y si bien a nivel de digitalización de Justicia estamos bastante mejor que otros países de nuestro entorno, no obstante, queda mucho por hacer. El uso de legaltech puede plantear mayor competitividad para profesionales y administración y la formación en TICS hace necesario estar adaptado a este nuevo marco de derecho y negocio digital.
Blockchain, smart contracts, automatización documental, legal tech, ¿puede hoy sobrevivir un abogado que no tenga conocimientos al respecto? ¿Cuánto tiempo va a poder aguantar?
Quizás puede sobrevivir, pero no va a poder asesorar ni acompañar a sus clientes en esas y muchas otras materias cada vez más importantes. El negocio tecnológico y la transformación digital no es sólo cosa de multinacionales y grandes despachos, sino también de la abogacía, de la justicia y de toda la sociedad. En los próximos años todo girará en torno al «eje digital», acelerado todo más aún por la pandemia y fondos europeos.
Geoblocking y geopricing, estos dos conceptos nos han llamado especialmente la atención en el programa del master. ¿Qué son y por qué están en un programa dirigido a profesionales del derecho?
Esos conceptos han sido introducidos por el Profesor Orozco, codirector, una auténtica autoridad nacional e internacional en derecho de consumo y maestro común de los otros tres codirectores. El geopricing y geoblocking son dos prácticas abusivas, discriminatorias y fraudulentas por las cuales se modifica el precio o se bloquea el acceso según la IP del país desde dónde se conecta al comercio electrónico. Además, desde 2018 existe un reglamento europeo que regula la materia y fue introducido en la normativa de consumidores y usuarios.
También se trata específicamente el Big Data y la toma de decisiones basadas en datos. ¿Es algo ya posible a día de hoy en el mundo jurídico? ¿Qué posibilidades de desarrollo augura a esta «disciplina»?
El Big Data tratado con IA puede reducir el tiempo en análisis y revisión documental, automatización de procesos de due dilligence y compliance, y permitir a los letrados establecer su estrategia con mayor probabilidad de éxito. En Justicia un correcto análisis de datos debería planificar y optimizar mejor los recursos y dotar de medios necesarios. No podemos olvidar que hay 11.000 millones paralizados al año en los tribunales.
En la presentación del pasado día 22 en el Colegio de Abogados de Granada, colaborador especial de este programa formativo, se presentó «Jurimetría» una herramienta de analítica jurisprudencial predictiva que sistematiza y extrae de forma exhaustiva la inteligencia que reside en un conjunto de más de 10 millones de resoluciones judiciales y en toda la estadística judicial. ¿Cómo valora este tipo de herramientas? ¿Cómo ayudan al profesional del Derecho en su día a día? ¿Y a los jueces les pueden resultar de utilidad?
Desde el punto de vista de los litigios, la IA permitirá a los letrados establecer su estrategia con mayor probabilidad de éxito, por lo que debería reducir el nivel de litigiosidad, siendo el de España uno de los más altos de Europa. Podría aumentar la uniformidad jurisprudencial y dotar de mayor seguridad jurídica y reducir los costes de acudir a la justicia, agilizar los procedimientos y fomentar la conciliación, mediación y métodos alternativos de resolución de conflictos.
Puede que también sea utilizadas por los jueces y tribunales para valorar comparativamente los criterios jurisprudenciales, pero siempre debería considerarse como herramienta de auxilio y apoyo. Estas aplicaciones no sustituirán a los abogados, ni a corto plazo veremos «abogados robots». También están lejos los jueces androides.
¿Qué experiencia ha tenido con juicios virtuales? ¿En qué otros ámbitos ayuda o puede ayudar la tecnología a la Justicia? ¿Es la Ley de Eficiencia Digital un buen camino para iniciarnos en la Justicia del futuro?
Las videoconferencias o las comunicaciones telemáticas han venido para quedarse. Sin embargo, en un juzgado han de ser tan fáciles y de calidad como las que hacemos con nuestros teléfonos. Y todo ello hay que conciliarlo con las garantías del proceso de inmediación y contradicción, sobre todo en el ámbito penal. En tiempos de semipresencialidad es importante saber en qué momentos hay que estar presencialmente y en cuáles no es necesario, y la regulación debería enfocarse no hacia una preferencia telemática sino hacia una normalización.
¿Qué aplicaciones tiene o podrá tener la inteligencia artificial en el mundo del derecho y la justicia? ¿En qué asuntos del día a día de abogados y jueces se producirá su aplicación práctica?
Ya se están desarrollando sistemas de transcripción de vistas, de reconocimiento y clasificación de intervinientes y línea temporal mediante revisión documental para borradores de resoluciones o escritos, reconocimiento facial para apud acta. Las estadísticas, los alardes y la productividad judiciales deberían ser automatizados y no quitar tiempo a jueces, LAJ y funcionarios. Sistemas de alertas automáticas, el uso de chatbots, blockchain,... las aplicaciones son múltiples, pero sin olvidar que la justicia ha de ser consideradas de alto riesgo en materia de regulación de inteligencia artificial y tendrán que cumplir una serie de requisitos que garanticen su fiabilidad y ser sometidos a procedimientos de evaluación. Todo ello siempre bajo supervisión humana.
2023 se anuncia como el año en que la UE regulará importantes áreas relacionadas con la transformación digital de la sociedad (infraestructuras, servicios, mercado, medios de pago, identidad digital, inteligencia artificial…). ¿Va a dejar el Derecho de estar por detrás de la tecnología o eso es imposible?
De lo que se trata es que se cuestione, se controle y valore la propia tecnología que se va a desarrollar desde el diseño. Hacer cosas buenas y no hacer por hacerlas. El lema tradicional de Silicon Valley es «move fast and break things» (muévete rápido y rompe cosas). En derecho nos regimos por el «alterum non laedere» (no dañar al otro) y el «quién rompe, paga». Debe crearse un entorno favorable para el desarrollo tecnológico en Europa, pero también seguro, controlando los riesgos, respetando los derechos humanos, favoreciendo el libre mercado y evitando el abuso de posiciones dominantes de grandes empresas tecnológicas norteamericanas o chinas.
Y para terminar, uno de tus «hobbies» es escribir. Has publicado numerosos artículos en revistas, como el Diario LA LEY, hablando de los distintos ámbitos en los que se cruzan derecho y tecnología. ¿Es importante la divulgación científica para que los profesionales se conciencien de la importancia de la cada vez más asidua interrelación?
La formación de los juristas en tecnología es importante no solo para que seamos meros usuarios y aprovechar sus beneficios, sino también para comprender los límites y los riesgos que entrañan. Es fundamental la investigación y divulgación científica y Diario LA LEY es el periódico de los juristas. Es muy útil para conocer las últimas novedades legislativas, análisis y artículos en profundidad de distintas materias, entrevistas sobre el futuro judicial, webinars, etc.