Steve llevaba la vida de cualquier niño de barrio haitiano en Puerto Príncipe. Jugaba con sus hermanos pequeños y creció en compañía de su abuela. Solía montar en bicicleta, jugar a los videojuegos y ver películas hasta que se hacía de noche. También colaboraba en casa limpiando y yendo a recoger agua. Su sueño era convertirse en profesor, hasta que un día todo cambió. Debido a un aumento de la violencia en las pandillas de su barrio, su escuela echó el cierre y este adolescente de 15 años pasó a deambular por las calles. Se convirtió en una presa fácil para los grupos organizados. «Me uní a la pandilla en febrero de 2021. Me vieron caminar y me pidieron que comenzara a trabajar para ellos. Había otros niños como yo», recuerda en una entrevista concedida a Unicef. Y es que, según dos organizaciones legales, hasta el 13% de los niños de la capital haitiana ha entrado en contacto con los grupos armados para ser reclutados.
La difícil situación que vive Haití ha empeorado por el terremoto que tuvo lugar en verano de 2021 —el 70% de las escuelas del suroeste del país quedaron dañadas o destruidas– y el asesinato de su presidente, Jovenel Moïse, el 7 de julio de ese mismo año. Las bandas también mataron a diversos profesores. Asesinatos, robos, secuestros, violaciones e inseguridad tienen sumido en el caos al país caribeño desde que las pandillas criminales, enfrentadas entre ellas, comenzaran su escalada de violencia. Unas actúan como arma represiva del gobierno. Otras tienen el control de algunas zonas de la capital y del resto del país. Estas, se cree, responden a intereses de los principales oligarcas del país.
Los enfrentamientos comenzaron en 2021 y se han intensificado este año, sobre todo a partir de abril. Según la ONU, desde enero hasta finales de junio 2022, 934 asesinatos, 684 heridos y 680 secuestros en toda la capital. Durante un período de cinco días, del 8 al 12 de julio, al menos 234 personas murieron o resultaron heridas por la violencia ejercida por las pandillas en el área de Cité Soleil de la capital. Una de las principales víctimas del conflicto armado ha sido la Educación. Desde abril de 2022, medio millón de niños y niñas han perdido el acceso al sistema educativo en Haití, donde hasta 1.700 escuelas están cerradas, según cifras ofrecidas por el Gobierno haitiano. Una investigación del Ministerio de Educación llevada a cabo entre abril y mayo de 2022 en 860 escuelas de la capital reveló que el 31% de ellas habían sido atacadas y más del 50% habían cerrado sus puertas.
«Las pandillas han mantenido el control de las escuelas, donde los directores tenían que pagarles a los líderes de las pandillas para garantizar la seguridad de la escuela. Los directores no podían permitirse seguir pagando y se vieron obligados a cerrar las puertas de las escuelas», se puede leer en el comunicado publicado por Unicef, que informa de que el número de alumnos en las aulas se ha reducido de 238.000 al comienzo de la crisis de las pandillas en abril a 184.000 en la capital. Otro gran número de ellas son ocupadas por las pandillas o de forma temporal por familias que huyen de la violencia.
Steve fue reclutado por una de ellas. Su sueldo oscilaba entre los 15 o 20 dólares —entre 1.500 y 2.500 gourdes haitianos–. «Amenazaron con matarme si los dejaba», asegura este adolescente que está a la espera de ser juzgado por pertenecer a una banda armada. Mientras tanto, recibe ayuda de la Brigada de Protección de Menores, apoyada por Unicef. «Siempre hay tiroteos donde vivo y, a menudo, la gente no puede salir de casa. Las escuelas están cerradas y todos estamos abandonados en las calles. Cuando vives en la calle, te conviertes en un niño de la calle, y eso es lo que nos lleva a las pandillas», concluye Steve.
«Dar armas a los niños para que luchen y usarlos como soldados o espías es una violación a los derechos de los niños y está condenado por las leyes nacionales e internacionales. Me entristece que los niños que están dispuestos a aprender y y que los maestros que están dispuestos a educar no puedan hacerlo porque se sienten inseguros», subraya Bruno Maes, representante de Unicef en Haití.
República Dominicana, destino hostil
Como consecuencia, más de 19.000 personas, incluidas 15.000 mujeres y niños, se han visto obligadas a huir de sus hogares. Cientos de casas han sido quemadas o dañadas. Uno de los destinos para muchos, por su cercanía, ha sido República Dominicana. Sin embargo, este país de palmeras y playas paradisiacas no es un edén. Su política migratoria se ha convertido en una pesadilla para muchas familias, que no pueden inscribir a sus hijos en el colegio y que ven como algunos padres recelan de ello, quejándose de que los niños haitianos roban la educación a los nacionales.
Y es que si bien muchos consiguen asentarse en el país —hay aproximadamente unos 2 millones–, muchas veces no consiguen la documentación legal debido a los largos procedimientos administrativos y falta de recursos. Las personas migrantes no están amparadas en un registro legal y presentan dificultades para acceder a servicios básicos como sanidad y Educación. Un ejemplo de las medidas contra la presión migratoria es la sentencia de 2013 del Tribunal Constitucional dominicano que convirtió en apátridas a miles de personas con ascendencia haitiana. Esta sentencia emitió el criterio —con carácter retroactivo– de que los hijos de indocumentados haitianos nacidos en territorio nacional desde 1929 no tendrían acceso a la nacionalidad por nacimiento.
De acuerdo con Unicef, en la República Dominicana, el acceso a la educación de los niños apátridas o que están en riesgo de ser apátridas, está intrínsecamente relacionado a la negación de documentos oficiales de identidad.
«La presencia de niños indocumentados en las escuelas se debe a la falta de regulación por parte del estado dominicano, las escuelas no establecen ningún tipo de control para la inscripción de dichos niños. Los maestros no tienen ningún tipo de discriminación hacia los niños indocumentados. Sin embargo, debe destacarse que sí reciben malos tratos de parte de algunos de sus compañeros», se puede leer en el trabajo de investigación elaborado por José Arismendy Rodríguez Espinal, de la Universidad Tecnológica de Santiago.
El estudio, titulado «Impacto social de la presencia de los niños extranjeros indocumentados en las escuelas primarias de la zona rural de Guayubín», señala que «la presencia de niños extranjeros, como es el caso de los haitianos en escuelas dominicanas es un acontecimiento familiar en la zona de incidencia, pero lo que preocupa no es la ocurrencia de este hecho, que es normal en un contexto donde la migración es cada vez más frecuente, refiriéndose a la vecina isla de la República Haití, lo que inquieta es la sospecha de que no estén todos los niños que debían estar en las aulas y que el riesgo de esta ausencia sea indiferente para la convivencia de los habitantes de un mismo territorio». El acceso a la educación de los dominicanos de ascendencia haitiana se ha visto limitado por «las políticas escolares discriminatorias y por la aplicación arbitraria de leyes que se supone que garanticen la igualdad de acceso a la educación», se puede leer en el trabajo de investigación.
Desde abril de 2022, hasta 500.000 niños y niñas han perdido el acceso al sistema educativo en Haití, donde hasta 1.700 escuelas están cerradas, según cifras ofrecidas por el Gobierno haitiano
Según un informe de la Unesco, los haitianos que viven en República dominicana no disfrutan plenamente del derecho a la educación. Los índices de asistencia a la educación primaria son del 52% para los niños nacidos en Haití, un 79% para aquellos nacidos en República Dominicana de padres inmigrantes y un 82% para aquellos nacidos en otros países. Además, aun cuando logran matricularse, les es difícil avanzar a través del sistema. Los inmigrantes haitianos necesitan acreditar su nacionalidad para registrarse en la base de datos nacional y hacer exámenes nacionales para obtener la admisión en la educación secundaria, asegura el organismo internacional.
«La política que nosotros asumimos fue garantizar la inscripción de todos los niños que estuvieran en el territorio nacional, sin preguntar el estatus, y eso lo asumimos como gobierno», dijo durante una entrevista el ex ministro de Educación de República Dominicana, Andrés Navarro, quien subrayó que no se debe negar la inscripción en las escuelas a niños haitianos. El ex funcionario aseguró que hasta que el país dominicano no tenga una política migratoria respetuosa con los derechos humanos y de soberanía nacional, el sistema educativo seguirá «estresado». Agregó que el sistema educativo no puede resolver cuestiones que debe resolver el sistema migratorio.
Por otro lado, República Dominicana también se enfrenta a una escasez de aulas y maestros, denuncian desde la Asociación Dominicana de Profesores, que reivindica además aumento salarial para los docentes. Por ejemplo, en los últimos meses se produjeron protestas estudiantiles para reclamar un mayor número de profesores. En Guayubín, provincia Montecristi, los estudiantes incendiaron neumáticos para pedir más profesores y no perder el año escolar.
Escuelas pastorales, una alternativa
Las limitaciones de documentos para acceder al sistema educativo dominicano han llevado a organizaciones de pastores haitianos a crear estos centros educativos en barriadas empobrecidas de Santiago. «Al ver que había muchos niños en las calles, tomé la iniciativa para prevenir que no sean delincuentes. Muchos de estos niños nacieron en República Dominicana, pero son de padres haitianos. Casi todos los menores tienen sus documentos», explicó en una entrevista al Diario El Caribe el misionero Henry Noel, quien enseña, junto a otros tres misioneros cristianos, a 85 alumnos haitianos en República Dominicana —el 10% son hijos de padres que carecen de documentos de identidad– en una de las escuelas pastorales que han surgido para brindar una alternativa a estos niños, que necesitan el aprendizaje del español para poder ingresar en un centro educativo. Atiende a niños de entre 3 y 12 años para que puedan comprender el idioma y matricularse en el sistema educativo —se imparte español, croele y francés–. El espacio, situado en la Comunidad Los Colases de Monte Adentro, no es el único.
Otro ejemplo es el situado en el barrio de Las Mercedes, que enseña a 14 niños de padres haitianos que por falta de documentos no pudieron ser inscritos en el sistema formal. En el barrio Arroyo Hondo Abajo también existe otra escuela, la Juan Pascal, con un total de 80 niños de ascendencia haitiana que opera como centro privado.