La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha descartado que el Gobierno vaya a prorrogar el conocido como decreto Ábalos, que vence el próximo mes de octubre y supondrá el fin de las operaciones de los vehículos VTC en el ámbito urbano, a menos que las comunidades autónomas regulen su funcionamiento.
"En relación a si tenemos previsto prorrogar el convenio taxi-VTC, es un decreto que termina en unos días, no nos planteamos prorrogar el decreto, se aprobó hace cuatro años y ya recogíamos el marco en el que entendíamos que debía desarrollarse esta actividad", ha aclarado a la prensa.
La ministra ha precisado que durante estos cuatro años, las comunidades autónomas han estado analizando la normativa en sus respectivos territorios, siendo la Administración la encargada de regular esta actividad, y así lo han hecho ya algunas de ellas.
Cabify, una de las principales compañías de VTC en España, ha lanzado una campaña, con carteles publicitarios en edificios, en contra de esta decisión del Gobierno de no prorrogar el decreto, aludiendo a "contradicciones".
El decreto también ha auspiciado la presentación de numerosas reclamaciones, sobre todo hechas en relación con el tiempo para poder amortizar los activos, que la ministra ha asegurado que "se irán resolviendo una a una".
"Vamos a resolver las alegaciones en los términos en los que están planteadas. Una a una. No son 16.000 las reclamaciones, o al menos no las que están pendientes de resolución. Muchas de ellas vinculadas a la regulación de las comunidades autónomas, como en Madrid, que es donde más se concentran, ya están resueltas", ha añadido.