Los pupitres se convirtieron en trincheras. Las aulas, en el lugar para dar el último adiós. Cuando cursaba la educación Primaria, Alejandra vivió varios enfrentamientos entre el Ejército colombiano y el grupo paramilitar FARC-EP. «Me dan escalofríos. Era muy pequeña. En la escuela donde estudiábamos nos entrenaban para que cuando empezaran los enfrentamientos nos metiéramos debajo de las sillas. Esas imágenes las tengo en la cabeza. Nos íbamos arrastrando por el suelo, no podíamos andar de pie porque muchas veces había estudiantes a los que los mataban las balas perdidas», recuerda esta antigua alumna de Urrao (Antioquía), uno de los territorios más castigados por el conflicto armado. «Una vez, una bala perdida mató a una chica que venía caminando. Fueron muchas las veces que nos tocó velar a los compañeros en los salones de clases. También recuerdo que cuando había enfrentamientos nos tocaba escondernos en paredes dobles para que las balas no traspasaran», agrega.
El testimonio de Alejandra, que tuvo que huir con su familia porque su padre se negó a pagar la extorsión demandada por las FARC-EP, es tan solo uno de los 2.744 que ha recopilado la Comisión de la Verdad, creada para esclarecer sucesos del conflicto armado interno en Colombia, en su último informe «No es un mal menor», publicado recientemente. Entre 1985 y 2019, el conflicto provocó nueve millones de víctimas. Uno de cada cinco colombianos sufrió las consecuencias de forma directa, ya sea por el desplazamiento, el secuestro, la desaparición o la muerte. Alejandra se encuentra entre los tres millones de niños y adolescentes que tuvieron que marcharse de su localidad de la noche a la mañana junto a sus padres porque o bien fueron amenazados, alguno de ellos había sido asesinado o en la zona se había perpetrado una nueva masacre.
Si se quedaban en los territorios, tenían que someterse al control de los grupos armados, lo que implicaba poner en riesgo su vida por las confrontaciones o exponerse a ser víctimas de reclutamiento, violencia sexual, estigmatización o trabajos forzados. Algunas instituciones educativas tuvieron que adaptarse para sobrevivir. De este modo, en algunos rincones de Colombia, las escuelas se convirtieron en búnker para proteger a los estudiantes de los ataques de grupos armados. «Se tomó la decisión de iniciar la construcción de un aula con capacidad para albergar a 200 personas, cuya estructura consta de un doble recubrimiento de ladrillos, rellenos de una mezcla de hierro forjado y balastro, lo que la hace resistente a ataques violentos provenientes del exterior. De ahí que el Bachillerato Técnico Agrícola de Jambaló sea reconocido, tristemente, como la primera escuela-búnker del Cauca y de toda Colombia», relata Marina, quien en 2006 vivió como maestra el ataque con granadas de las FARC a la comisaría de policía adyacente al centro educativo que causaría daños en los baños del colegio.
Los ataques y las amenazas de los que fueron víctimas las niñas, niños y adolescentes en sus escuelas hicieron que muchas familias, e incluso los propios estudiantes, decidieran dejar de asistir durante un tiempo al centro, cambiarse de escuelas y, en ocasiones, salirse para siempre del sistema educativo.
«Los directivos decidieron suspender las clases por una semana. Durante esos días dejamos pasar el tiempo para superar lo que habíamos vivido. Aunque el miedo acechaba en nuestro interior y las inseguridades se mantenían, volvimos básicamente a lo mismo. No se implementó ninguna medida especial de seguridad. Todo siguió como si nada. El lunes, al regresar a clase, un profesor habló del tema. No nos dio ninguna recomendación, pero nos advirtió que más peligros estaban por venir y que teníamos que estar preparados para cualquier cosa. Los otros profesores siguieron saliendo a la panadería, mientras nosotros jugábamos en la cancha. En realidad, habíamos terminado por normalizar un acto criminal», explica Juan Francisco, estudiante en Tumaco, en el informe de la Comisión de la Verdad. Asimismo, Manuel, también estudiante en Tumaco, destaca que «muchos padres han sacado a sus hijos de nuestra institución porque sienten miedo de que les pase algo. Año tras año ha habido menos y menos estudiantes. Los padres los sacan y los meten en otro centro, porque el colegio de nosotros está en uno de los barrios más violentos».
El 18,9% no asiste a clase
La interrupción de los estudios es uno de los principales impactos que sufren los niños y adolescentes que son víctimas del conflicto en sus territorios originales o en los de desplazamiento. Este riesgo aumenta cuando el hecho violento se produce en mitad del curso escolar, lo que los expone a la desescolarización o al abandono del sistema educativo para siempre. «Yo empecé a estudiar después, porque cuando salimos de Ituango hacia Medellín, ahí se terminó el estudio para mis hermanos y para mí. En Ituango estábamos estudiando, pero cuando llegamos aquí no pudimos trasladarnos de colegio. Llegó el año siguiente y por la situación económica de mis papás no nos pudimos ubicar. Así terminamos nosotros perdiendo la educación», explica Diego, alumno que no pudo matricularse en la ciudad de destino y acabó abandonando la escuela.
Garantizar la educación de los desplazados no es en muchos casos una prioridad para las familias, ocupadas, como es lógico, en la tarea de sobrevivir en un nuevo lugar. Pero tampoco parece que lo sea para el Estado. Los padres desconocen en muchos casos los pasos a seguir para acceder a la educación gratuita y las instituciones educativas dificultan la matriculación en algunas ocasiones. Martha, quien tuvo que huir en 2018 junto a su marido y sus cuatro hijos por los enfrentamientos entre el ELN y EPL en su zona rural (Tibú), explicó al diario colombiano El Espectador su periplo en Fortul (Arauca): «Tocó esperar a que abrieran matrículas y me tocó ponerme a buscar todos los papeles que habíamos perdido para que entraran a preescolar, primero, tercero y cuarto. Me dijeron al comienzo que nos tocaba pagar por los pupitres. Tuve que rogarles que me ayudaran, que no tenía cómo pagar, pero que no me los dejaran sin cupo. Fue muy difícil porque para que la gente lo escuche a uno toca ir contando lo que nos pasó».
Colombia, en 2021, con 5,2 millones, ocupó el tercer puesto de países con el mayor número de desplazados internos del mundo. La interrupción de los estudios es uno de los principales impactos que sufren los niños y adolescentes que son víctimas del conflicto
La Ley 1448 o Ley de Víctimas estipula que las autoridades educativas deben asegurar el acceso y la exención de todo tipo de costos académicos si la familia víctima de desplazamiento no cuenta con recursos. El Ministerio de Educación, desde 2015, establece que los centros educativos efectúen la matrícula a población vulnerable y víctima sin exigir documentos a quien no esté en capacidad de presentarlos y sin que sea un requisito que aparezca en el Registro Único de Víctimas.
El informe elaborado por la Comisión de la Verdad subraya la falta de adaptabilidad del sistema y sus modelos pedagógicos a la situación extraordinaria de los menores de edad desplazados por el conflicto armado y la falta de implementación de las medidas creadas, que «hasta la fecha no han tenido los resultados esperados». «Esto se debe a la falta de articulación de un sistema que debería atender las necesidades de estas víctimas de manera integral, pero que apenas alcanza a responder con acciones dispersas, muchas de las cuales no consiguen aliviar las angustias particulares de las familias», se puede leer en el documento. Asimismo, destaca que solo cuando las familias lograban estabilizarse en los lugares de destinado se pensaba en el retorno a la escuela. «En algunas situaciones, el desconocimiento de los trámites administrativos, como las matrículas, retrasó o anuló definitivamente esta posibilidad», destaca el informe.
Según la Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento (Codhes), el 18,9 % de los niños entre los cinco y los diecisiete años incluidos en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) no asiste a ningún nivel educativo. Además, la tasa de deserción interanual de los niños y niñas entre los cinco y los once años de edad es del 3,4 % y del 5% para los niños entre los doce y los quince. En el caso de los adolescentes la situación es aún más grave, pues la tasa de deserción entre los quince y los dieciséis años asciende al 18,5 %.
El conflicto armado impactó de manera diferencial en las comunidades rurales, donde los ataques violentos se han relacionado con una disminución en la asistencia escolar. Así, el 40 % de las niñas, niños y adolescentes que no asisten al colegio están en zonas de conflicto, lo que afecta en particular a estos últimos entre los doce y los diecisiete años al ser expuestos al reclutamiento. Garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo mediante la búsqueda activa de la población desescolarizada es uno de los compromisos que ha adquirido el nuevo presidente de Colombia, el primero de izquierdas en la historia del país, Gustavo Petro, quien juró el cargo el pasado 7 de agosto. No obstante, el pasado guerrillero de Petro —fue miembro del grupo armado M-19— genera desconfianza en un sector de la población sobre la deriva que puede tomar el país.
Pese a los acuerdos de paz firmados en 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, el conflicto interno colombiano se ha recrudecido en el último año, cobrándose 73.900 desplazados internos en 2021 —aumento del 181% con respecto a 2020—, tal y como informó el pasado febrero la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA). La institución alertó además que las principales necesidades de la población desplazada son protección y acceso a alojamientos temporales, alimentos, servicios de salud, educación y acceso a agua segura. Los datos de 2022 tampoco son alentadores, ya que más de 78.900 personas en Colombia han sido víctimas de desplazamiento masivo y confinamiento a causa de la violencia —cifras de enero a mayo—.
El informe de la ONU reveló que los casos experimentaron un especial aumento durante este 2022, debido al control que los grupos armados ilegales ejercieron durante la fase electoral sobre algunas zonas del país, en especial en las comunidades étnicas de zonas rurales. Bogotá ha recibido al menos 9.000 víctimas del conflicto armado, lo que se suma a las más de 3 millones que ya hay en la capital del país. En cuanto a la afectación por hechos de violencia, el informe reveló que al menos 345.000 colombianos han sido afectados por hechos de violencia durante 2022, lo que significa un aumento del 300 % con respecto a 2021.
Colombia, en 2021, con 5,2 millones, ocupó el tercer puesto de países con el mayor número de desplazados internos del mundo, solo por detrás de Siria (6,7 millones) y República Democrática del Congo (5,3), según el Observatorio de los Desplazamientos Internos (IDMC, por sus siglas en inglés) y el Centro Noruego para los Refugiados (NRC).
Estigmatizados
Otra de las consecuencias, además del abandono escolar, es la estigmatización que algunos de los alumnos desplazados sufren cuando llegan a su nuevo destino y retoman sus estudios. En algunos casos, la edad de los alumnos desplazados no se corresponde con el curso. «Los colegios no están preparados con planes de estudio para atender las necesidades de los estudiantes afectados por el conflicto armado. En Colombia existen los modelos educativos flexibles, pero no hay forma para implementarlos o formar docentes dedicados a estos modelos», explicó en conversación con el diario colombiano El Espectador Maritza Lucumi, gerente de educación del Consejo Noruego para Refugiados en el nororiente de Colombia.
En otras ocasiones, se enfrentan a discriminación por el acento o color de piel por ser de zonas rurales. «Cuando llegué al colegio todos me miraban raro, eso no se me olvida. No me relacionaba con nadie y justo cuando llegué empecé el bachillerato, entonces ya todos tenían sus amigos. Hasta que me gradué solo conseguí una amiga. Ella tenía una discapacidad. Yo creo que por eso se acercó a mí, porque, claro, ella quizás también se sentía sola», explica Alejandra, quien huyó de Urrao (Antioquía) a Belén de Umbría porque su padre se negó a pagar la extorsión a las FARC-EP.
«Recuerdo que una vez estaba haciendo un curso de salud en el Sena (Servicio Nacional de Aprendizaje) y una profesora nos empezó a decir que Cartagena era una ciudad muy calmada, una ciudad donde no había violencia y donde no había guerra. Pero que apenas llegaron ese poco de gente desplazada de Urabá, Cartagena se volvió mala. Eso me hizo sentir mal porque yo soy desplazada de allá. Me entristeció escuchar a la profesora decir eso. Yo sentía que nos estaba estigmatizando», subraya Gabriela, desplazada a Cartagena con dieciséis años.
El informe elaborado por la Comisión de la Verdad hace hincapié en el caso de familias indígenas, al considerar que el desplazamiento implica un desprendimiento de la comunidad de origen y de las relaciones sociales construidas de tiempo atrás con los ámbitos culturales, la familia, los amigos y la comunidad en general, lo que significa la ruptura de las bases en la vida indígena. «Este desprendimiento tiene impactos diferenciados sobre las niñas, niños y adolescentes que llegan a espacios donde sufren discriminación y exclusión. También los niños y niñas afrodescendientes son a menudo víctimas de racismo, circunstancia que se suma a las vulnerabilidades previas y los convierte en una de las comunidades más golpeadas por el desplazamiento», se puede leer en el informe.
«No se podía hablar de sindicalismo, participación democrática, de las funciones públicas del Estado o del derecho a huelga. El derecho a la libertad de cátedra fue cortado por temor a que lo que dijeras se entendiera como un adoctrinamiento hacia los muchachos», explica Evaristo, profesor de Ciencias Sociales
El mandato de Gustavo Petro ha comenzado con un fuerte simbolismo de apoyo a la comunidad indígena. El juramento del cargo el 7 de agosto tuvo lugar junto a su vicepresidenta, Francia Márquez, quien además de reconocida activista medioambiental y de los derechos humanos se convirtió en la primera afrodescendiente en ocupar el puesto. Al acto de investidura acudieron miembros de pueblos indígenas y de comunidades afro, en un evento que pretendió mostrar la diversidad de Colombia que aspira representar el nuevo gobierno. En la víspera, pueblos indígenas, afro, gitanos y campesinos de Colombia entregaron el mando presidencial al izquierdista Gustavo Petro en una ceremonia simbólica de mandato popular celebrada en Bogotá.
Profesores: censura y asesinato
En más de 800 casos la escuela y su comunidad fueron víctimas de explosiones, ataques, control de los actores armados o presencia de agentes estatales, guerrillas o paramilitares, que pusieron en riesgo la vida, la integridad y el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes. En concreto, la Comisión de la Verdad cifra en 881 los ataques a comunidades educativas entre 1980 y 2021. La protección de estos derechos no fue tenida en cuenta por los grupos en confrontación, por ello no hubo reparo en dañar las infraestructuras, interrumpir el ciclo escolar y poner en riesgo la vida de estudiantes, maestros y demás integrantes de la comunidad, señala el informe «No es un mal menor».
«Asimismo, como parte de la estrategia de control, los grupos armados fundaron colegios, lo que, además de ampliar su base social, les sirvió para impartir contenidos que se ajustaban a sus intereses y censurar otros. En consecuencia, algunos docentes fueron amenazados, otros desplazados y, en el peor de los casos, asesinados. Todo esto provocó cierres temporales de las instituciones. Fueron experiencias dolorosas para las niñas, niños y adolescentes que estudiaban allí», señala el informe.
«Nuestra labor como maestros sí se vio dificultada. El muchachito que perdiera una asignatura, un área o un año, si era amigo del paraco, iba y le decía: ey, mira, el profesor me dejó, ¿será que lo asustas para que me pase? Hay tantos temas que uno deja de tratar… No se podía hablar de sindicalismo, de participación democrática, de las funciones públicas del Estado o del derecho a la huelga y al paro. El derecho a la libertad de cátedra fue cortado por temor a que lo que dijeras se entendiera como un adoctrinamiento hacia los muchachos», explica Evaristo, profesor de ciencias sociales, que sufrió la injerencia del grupo paramilitar Autodefensas del Sur del César durante sus clases.
Cuando los profesores no hicieron caso de las advertencias de los actores armados sobre los contenidos que podían dictar, sufrieron daños contra su vida e integridad. Entre 1958 y 2018, en todo el país, 1.579 maestros fueron víctimas directas del conflicto armado. Hasta 1.063 (67,3 %) sufrió asesinatos selectivos. Esta fue la principal violencia que sufrió dicha población, seguida del secuestro, con 201 casos (12,7 %), y de la desaparición forzada, con 200 (12,6 %), tal y como señala un informe del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH sobre el impacto del conflicto armado en los profesores en Colombia.
La era Petro ha comenzado. En la mesa de trabajo, uno de los mayores retos. El de atender el acceso a la educación y las necesidades educativas de los desplazados, a menudo comunidad indefensa y abocada a la pobreza y el olvido.