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Unos minutos antes de las 12 del mediodía Felipe VI ha llegado al Tribunal Supremo para presidir el acto de apertura del año judicial, el tradicional encuentro del monarca con el Poder Judicial. Otro año más, la ceremonia ha estado marcada por la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, que lleva casi cuatro años en funciones debido a la incapacidad del PP y del PSOE para encontrar una solución a la situación de colapso a la que se enfrenta la cúpula judicial.
En su intervención, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, ha evidenciado esta situación al señalar que “el escenario político de estos últimos años está debilitando y erosionando las principales instituciones de la justicia española”. Al propio consejo “por la falta de renovación en plazo y la limitación de sus funciones esenciales” y al Tribunal Supremo “por la constante merma de efectivos que se está produciendo desde el año pasado como consecuencia de la imposibilidad legal de su reposición”.
No en vano, el órgano de gobierno de los jueces ha seguido funcionando de manera interina y con plenos poderes para realizar nombramientos desde 2018 hasta la reforma impulsada el año pasado por el PSOE y Unidas Podemos. El objetivo de ambos partidos era que el CGPJ, de mayoría conservadora desde las elecciones que le dieron a Mariano Rajoy la mayoría absoluta de 2011, no siguiera realizando nominaciones en funciones. “El estropicio es tan grande que no se había producido una situación semejante en la cúpula de la justicia española en toda la historia de nuestra democracia, con unos efectos negativos que se van extendiendo poco a poco a toda la organización judicial”, ha subrayado Lesmes, al tiempo que ha calificado las consecuencias de la ley de 2021 de “devastadoras”.
El Ejecutivo, sin embargo, ha tenido que recular a propósito de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que agotaron su mandato el pasado junio. Como dos de estos juristas que deben ser sustituidos han de ser propuestos por el CGPJ y otros dos por el Gobierno, lo que dará lugar a un tribunal de mayoría progresista, el PSOE impulsó hace unos meses una reforma para permitir que el órgano los designe, a pesar de que en un principio había vetado la posibilidad de hacerlo por estar en funciones. Aunque Lesmes ha valorado positivamente que el legislador cambiara “apresuradamente su propio criterio” para permitir la designación de estos dos magistrados del tribunal de garantías, ha pedido que se elimine “la prohibición” que actualmente tiene el CGPJ para realizar nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y de cargos gubernativos.
Asimismo, ha solicitado “pública y solemnemente” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, “que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva a esta situación insostenible”, de manera que el CGPJ sea renovado “en las próximas semanas o, de no serlo, sea restituido en la plenitud de sus competencias”. De lo contrario, Lesmes ha dicho que “será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan”.
No obstante, Lesmes ha señalado que “la renuncia colectiva” de los vocales del CGPJ “no es admisible” porque “llevaría a la paralización total” del órgano. No obstante, una "renuncia individual puede resultar admisible", ha dicho, lo que se ha interpretado como una decisión propia de renunciar si los dos grandes partidos no llegan a un acuerdo en los próximos días.
Precisamente, este jueves el CGPJ celebrará un pleno para proponer a los dos magistrados que le corresponden del Tribunal Constitucional. Sin embargo, los vocales más críticos con la reforma, de carácter conservador, han llegado a un acuerdo que dificultaría la renovación en el plazo que quiere el Gobierno, el próximo 13 de septiembre. De esta forma, pretenden manifestar su oposición a la ley por la que se ha devuelto al CGPJ la capacidad para proponer a los dos miembros del Constitucional, pero no a otros magistrados del Tribunal Supremo.
El presidente del CGPJ ya había avisado de que, si bien lo ideal era que el día 8 se pactaran los dos candidatos para llegar a la fecha límite del 13 de septiembre, sería difícil porque hay que concitar doce votos favorables. Actualmente, el máximo intérprete de la Constitución, de mayoría conservadora, debe dictar sentencia sobre leyes tan importantes como la del aborto, que impulsó el Gobierno de Zapatero en 2010; la de la eutanasia, promovida por la coalición de izquierdas; o la de educación, conocida como Ley Celáa.
Al acto de apertura del año judicial no ha podido acudir el fiscal general del Estado, como es tradición. Y ello porque ha dado positivo en covid. Por eso, tampoco ha podido presentar la Memoria de la Fiscalía. Álvaro García Ortiz, que tomó posesión de su cargo el lunes pasado, ha sido sustituido por María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Tribunal Supremo. La jurista ha dicho al inicio de su discurso que quería “agradecer y reconocer la labor” de la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado. “No son tiempos fáciles”, ha advertido antes de desgranar los datos de la Memoria de la Fiscalía, pues “tenemos que lamentar una guerra en Europa”.
La memoria de este año pone el foco “en la reparación integral de las víctimas”. Una de las prioridades del Ministerio Público es la “lucha contra la violencia de género”, ha dicho Sánchez Conde. Por eso, ha llamado a “fomentar el enfoque de género” en la carrera judicial y a “escuchar a las asociaciones de mujeres y de víctimas. Resulta imprescindible abundar la formación en materia de violencia de género”, ha subrayado. Otra de las preocupaciones de la Fiscalía es “la trata de seres humanos” y la “proliferación de los delitos de odio y discriminación” .
A la ceremonia han asistido magistrados del Tribunal Supremo, fiscales, abogados del Estado y letrados de la Administración de Justicia del órgano jurisdiccional, así como los vocales del CGPJ. Entre otras autoridades, ha estado la ministra de Justicia, Pilar Llop, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo; o el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.