José Miguel Barjola.- En un futuro no muy lejano la justicia en España será digital. Así lo plantea, al menos, el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital de la Justicia, uno de los tres grandes proyectos elaborados por el Ministerio de Justicia para impulsar la modernización definitiva de los juzgados para 2030. El horizonte que se abre es amplio: en pocos años es posible que se aplique inteligencia artificial para decidir si un testigo dice la verdad o no. O que, en determinados procesos, las sentencias se puedan redactar automáticamente. Incluso que un robot pueda ayudar a un ciudadano en sus trámites con la justicia.
Estas cuestiones fueron abordadas en el encuentro La transformación Digital de la Justicia¸ organizado por Wolters Kluwer y presentado por Ana María Gomez Megias, responsable del área de publicaciones de Derecho privado de la casa. La mesa redonda fue moderada por Álvaro Perea, Letrado de la Administración de Justicia y coordinador de la sección "Diálogos para el futuro judicial" de Diario La Ley.
Desde marzo de 2020 la justicia vive una digitalización a marchas forzada a raíz de la llegada de la pandemia. Esta revolución ha dado paso a una revolución cultural, un cambio de chip en el sector legal que ha tenido gran calado.
¿Hasta qué punto esta transformación es real? Para Alfonso Peralta, juez titular del JPII nº 1 de Roquetas de Mar, el futuro es esperanzador y las posibilidades casi infinitas. En un primer plano, más realista y al alcance de la mano, el cambio consiste "en adaptar lo que ya tenemos en la sociedad a la justicia". Por ejemplo, de la misma forma que las videollamadas son ya algo aceptado, que sea común comparecer en un juicio a través del móvil; o que sea posible pagar multas o embargos en los juzgados con un datáfono, "igual que se paga en las tiendas".
En una segunda línea, más futurista, las posibilidades se amplían. Se abre la puerta a utilizar chatbots para tratar con los ciudadanos que quieran saber cómo va su procedimiento; o a utilizar la mediación electrónica para resolver conflictos a través de Internet, donde pueden entrar en juego las soluciones de conflictos automatizadas. En opinión de Peralta, no obstante, "no habrá jueces robots, ni ahora ni en un futuro reciente". Tampoco "abogados robots", porque detrás de lo digital siempre habrá un criterio humano que tendrá que imponerse.
Las máquinas pueden ayudar a los jueces a la hora de tomar decisiones, pero solo como complemento, nunca como sustituto. La aplicación de plantillas de resoluciones judiciales a pleitos sencillos o en masa, como cláusulas suelo o reclamaciones de aerolíneas, es una posibilidad, pero estos desarrollos, advierte el juez, deben ser abordados siempre manteniendo los derechos constitucionales.
Otros proyectos con potencial son el desarrollo de sistemas de reconocimiento facial para reconocimientos apud acta o la posibilidad de explotar una nube para los datos de la administración de justicia. Ya están en marcha sistemas pilotos para la transcripción automática de vistas judiciales, aunque los expertos coinciden en que el método puede mejorar. Para Peralta, el texto del ministerio tiene una intención "loable", pues permite la digitalización en este sentido, aunque llega unos meses tarde. Algunas tecnologías que se plantean ya van obsoletas. Los avances en materia de firma electrónica, por ejemplo, son acertados, pero deben adaptarse ya a la realidad biométrica, advierte. En todo caso, advierte, hay que evitar el "sesgo de automatización" y evitar pensar que "la solución a todo debe ser tecnológica".
Inteligencia Artificial
Tampoco cree que en el futuro haya robots fiscales (ni fiscales robots) José Díaz Cappa, fiscal coordinador SIMF en la Fiscalía Superior de la CC.AA. de Baleares. Lamenta que su colectivo ha sido en cierto modo "olvidado" en esta revolución digital tan anunciada a bombo y platillo, al estar más enfocada en "un entorno de actuación judicial proactiva", en el marco del momento post delito, y no tanto en el instante previo, donde interviene el fiscal.
Con el anteproyecto de ley en la mano, en su opinión existen grandes oportunidades en todo lo relacionado con la interoperabilidad de los datos: que un fiscal pueda acceder a un expediente alojado en otro servidor, reutilizar estos datos y adaptarlos "a su mecánica de trabajo" abre un horizonte con potencial. Para conseguirlo, se debe corregir la falta de coordinación entre aplicaciones de cada territorio. Algo que en la actualidad ya "trastoca" la coordinación entre administraciones. En cuanto al teletrabajo y el trabajo desde casa, será una tónica habitual en el futuro en vista de la aceptación y el éxito de su implantación durante la pandemia.
Pero para Díaz Cappa, el gran filón del nuevo anteproyecto es el potencial en el uso de los datos y la inteligencia artificial. La posibilidad, por ejemplo, de que un juez pueda argumentar en base a una "predicción orientada al dato". ¿Será posible proponer pruebas basadas en este tipo de predicciones de forma exclusiva? La cuestión queda en el aire. Lo que es seguro es que se plantean áreas de conflicto. "La colectividad puede llevarnos a conclusiones diferentes", advierte el fiscal. La creación de posibles sesgos debe ser tenida en cuenta.
A pesar de los riesgos, el potencial es evidente. Cappa plantea varios escenarios. "Será interesante saber si, a través de una máquina, se pueden analizar los gestos de un testigo o un acusado en un juicio oral para saber si dice la verdad", plantea. En un macrojuicio, un dispositivo podría identificar y alertar al juez si detecta "una contradicción entre lo que ha dicho un testigo en un momento determinado y lo que dijo en el sumario"; una maquina podría valorar los elementos objetivos de un accidente como la velocidad o la trayectoria del vehículo y decidir si existió dolo eventual o imprudencia; un software podría realizar una simulación de un juicio para intentar predecir el sentido del fallo con jurados de distintas características.
Pruebas digitales
La abogacía no puede quedarse atrás. Juan Fernández Tamames, abogado del Servicio Jurídico y secretario del Comité de Cumplimiento Penal de Telefónica España, remarca que estar a la última en gestión de las pruebas electrónicas será de vital importancia para los letrados. La tecnología blockchain, más allá del universo del bitcoin y las criptomonedas (que pueden distorsionar el discurso), servirá para constituir pruebas en base a documentos privados que podrán ser presentadas ante el juez "con todas garantías procesales", una posibilidad que ya se está abordando en futuras reformas de leyes europeas.
Los letrados deben ponerse al día en esta carrera tecnológica. La transformación sacudirá la profesión y la formación constante será clave. Fernández recomienda, no obstante, cautela. El anteproyecto de ley es avanzado y "ambicioso", pero "hay que ser realistas" y no precipitarse. Ir paso a paso, porque se trata de un salto que plantea grandes interrogantes, algunos incluso de carácter filosófico. Una revolución que "puede cambiar la función de la propia de la jurisdicción", advierte el letrado. Es por ello que es importante no ir de cero a cien y utilizar las tecnologías poco a poco y en espacios acotados. Utilizar sandboxes para implementar ideas en ámbitos de prueba es una opción interesante. La digitalización, agrega, no puede abordarse a "17 velocidades". Será necesaria cierta homogenización entre territorios. Aplicar el concepto de cogobernanza a la justicia, apunta Fernandez, puede ser una salida.