Presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona. Académico en la Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya.
PREGUNTA. ¿Qué le animó o impulsó a escoger la Carrera Judicial?
Antonio Recio Córdova. — En mi familia materna siempre ha estado presente el mundo del Derecho y nunca tuve dudas de orientar mis estudios hacia esta rama en la universidad.
Una vez concluidos los estudios, y tras valorar todas las opciones, consideré que la profesión que más se ajustaba a mi carácter y mis habilidades era la de juez. Me gustaba escuchar argumentos y sacar conclusiones, al tiempo que resolver conflictos y pacificar enfrentamientos se me daba bien y, sobre todo, me reportaba una gran satisfacción.
P. ¿En qué año ingresó en la Carrera Judicial? ¿Qué destinos ha servido como Juez o Magistrado? ¿Cuál o cuáles son las experiencias que vivió como «Juez de pueblo» en su primer destino en la Carrera Judicial y cómo influyeron estas experiencias en su posterior ejercicio de la función jurisdiccional?
ARC. — Ingresé en la Carrera Judicial en el año 1989. Tras asistir en Madrid a la Escuela Judicial desde octubre de 1989 a febrero de 1990, ya en marzo de 1990 me incorporé a Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción no 1 de La Bañeza (León)
En aquellos años el ascenso a la categoría de Magistrado era muy rápido. Tras el ascenso a dicha categoría pasé a servir el Juzgado de 1ª Instancia no 19 de Barcelona. Se trataba de un Juzgado de Familia, pero con una especialización aun mayor dado que conocía en exclusiva todos los asuntos relativos a protección de menores. En el año 1994 concursé al Juzgado de 1ª Instancia no 30 de Barcelona dado que desde un primer momento quise orientar mi vida profesional en la jurisdicción civil «general». Desde el Juzgado 30 pase a la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, Civil, en el año 2005 y en la actualidad continúo en esa Sección ejerciendo jurisdicción, si bien desde en el año 2016 fui nombrado Presidente de la Audiencia de Barcelona.
La experiencia como «Juez de pueblo» fue enormemente satisfactoria. Tuve la suerte de ser destinado a una población en la que el trabajo era asumible y me permitió profundizar en todos los asuntos que tenía que resolver. Además, apenas tenía asuntos penales, lo que me permitió desde un primer momento centrarme en los civiles.
Desgraciadamente tan sólo pude estar 2 años en La Bañeza y el paso siguiente sí que fue una experiencia muy dura por cuanto pasé de un Juzgado tranquilo a un Juzgado absolutamente colapsado, en una gran ciudad y en una materia de una responsabilidad inmensa dado que tenía que decidir a diario sobre el futuro de niños de muy corta edad. Fueron dos años muy intensos que me forjaron como Juez al tener que adoptar decisiones de enorme complejidad y «muy humanas»
Los Juzgados de Familia precisan de jueces especializados y apasionados por una materia que afecta a la vida de las personas de forma relevante. Mi experiencia en estos juzgados fue enriquecedora, pero como antes decía, desde un primer momento quise orientar mi vida profesional por la jurisdicción civil «no especializada» y, tras 2 años de estar en Familia, concursé al Juzgado de 1ª Instancia no 30 de Barcelona.
Sin duda la experiencia en aquel Juzgado de Familia ha marcado el resto de mi carrera por cuanto percibí la trascendencia de todas y cada una de las resoluciones de un juez y cómo afectan en la vida de las personas que se ven abocadas a resolver sus diferencias en los tribunales.
P. Como Magistrado del orden civil, ¿cuáles son los desafíos probatorios más importantes en el ámbito civil a los que Vd. se enfrenta diariamente?
ARC. — La mayor dificultad en el ámbito probatorio es valorar el importe de una indemnización, más aún si hablamos de cuantificar el daño moral.
Afortunadamente contamos con una Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) que permite no sólo practicar toda la prueba que resulte necesaria para acreditar un extremo sino, lo que es más importante, invita a establecer un dialogo entre abogados y juez en la audiencia previa que resulta fundamental para clarificar en presencia de todas las partes cuál es el objeto del litigio y los extremos que precisan ser acreditados.
Los operadores jurídicos que sufrimos el proceso civil en los años 90 somos quienes mejor podemos valorar la bondad del actual texto legal. En aquellos años la posibilidad de practicar prueba que realmente tuviera utilidad era prácticamente imposible, hasta el punto que, en realidad, la mayoría de los litigios se resolvían exclusivamente en atención a la prueba documental dado que la falta de inmediación en las demás pruebas hacía que carecieran de valor alguno.
P. Como Magistrado de una Audiencia Provincial, ¿cuáles son los cambios más importantes y más positivos que Vd. ha vivido? ¿Cuál es su experiencia sobre la deliberación en los órganos colegiados?
ARC. — Accedí a la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en el año 2005, esto es, tras 5 años de la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) que introdujo un trámite de apelación sustancialmente distinto al anterior y que queda reducido, en la mayor parte de los casos, a un trámite escrito. Por tanto, apenas he vivido cambios en la forma de trabajar en la Audiencia, máxime cuando llevo 17 años en la misma sección.
Si acaso el cambio más importante ha sido la evolución de las materias sometidas nuestro conocimiento dado que a partir del año 2010 se ha impuesto todo lo relativo al derecho de consumidores, especialmente el continuo análisis de cláusulas abusivas, así como el estudio de la nulidad de contratos sobre productos financieros.
Sin duda ninguna lo mejor de ejercer la función jurisdiccional en la Audiencia es la deliberación. El paso de un órgano unipersonal a un órgano colegiado es el mayor cambio que experimenta un juez en su carrera y resulta enormemente enriquecedor. La deliberación te permite aprender de tus compañeros y te exige estudiar con profundidad todos los casos para poder defender tu posición con argumentos que puedan convencer a los demás. Siempre he pensado que el voto particular en una sentencia es un fracaso del tribunal porque si no eres capaz de convencer a otros magistrados sobre un asunto, difícilmente tus argumentos resultarán satisfactorios para los litigantes.
P. Como Magistrado de un órgano de apelación, ¿introduciría Vd. algún cambio en materia probatoria en primera instancia o en apelación?
ARC. — La práctica de la prueba en segunda instancia debe ser algo excepcional dado que, entre otras cosas, puede suponer una alteración sustancial de los términos del debate, lo que finalmente se puede traducir en que la sentencia de instancia carezca de valor alguno.
Mi experiencia, sin embargo, es que los jueces de instancia son conscientes de tal excepcionalidad y, por tanto, tienden a admitir, con buen criterio, más prueba de la necesaria; y digo con buen criterio porque es mejor practicar una prueba inútil que dejar de practicar una prueba relevante que pueda decantar la decisión del litigio.
P. ¿Qué opinión le merecen las llamadas pruebas electrónicas, esto es, las páginas webs, los WhatsApp, las redes sociales? ¿Necesitamos una nueva regulación o la actual ya es suficiente?
ARC. — Creo que la actual regulación es suficiente por cuanto el problema fundamental de la prueba electrónica es el relativo a su posible manipulación, cuestión sobre la que puede practicarse prueba en el acto del juicio y, en todo caso, de resultar acreditada la misma tendría unas graves consecuencias en el ámbito penal.
P. ¿Cuáles son las dificultades más relevantes que se están produciendo en las vistas telemáticas?
ARC. — El problema fundamental de las vistas telemáticas es que se pierde lo más importante de un juicio que es la inmediación.
Como recurso excepcional por razón de la pandemia que hemos vivido se ha de valorar muy positivamente, pero generalizar su uso una vez superemos estos años tan difíciles puede suponer un retorno al proceso que vivíamos en los años 90 y, al final, que tan sólo tenga valor probatorio real la prueba documental porque las demás pruebas suscitarán serias dudas al juez a la hora de valorarlas al no haber podido presenciar todos los matices de la declaración de un testigo o de un perito o, incluso, de las alegaciones de los abogados en trámite de conclusiones.
P. Si un graduado en Derecho se acercara a su oficina y le comentara que desearía iniciar las oposiciones para el ingreso en la Carrera Judicial ¿qué le recomendaría?
ARC. — Que lo hiciera sin ninguna duda.
Más allá de poder desarrollar una actividad profesional apasionante, soy consciente de que las dudas de los recién graduados se centran en la posibilidad de no aprobar la oposición. Pues bien, aunque ese fuera el caso, la formación adquirida durante los años de estudio les permitirá tener en su cabeza el ordenamiento jurídico vigente y eso es algo que les servirá para toda la vida, permitiéndoles desarrollar cualquier otra profesión jurídica.
La visión de conjunto que te da un temario tan completo como el exigido para ser juez o fiscal es algo que difícilmente se puede adquirir cursando el grado de Derecho.
P. ¿Qué supone para Vd. el próximo ingreso como Académico de Número en la Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya y por qué ha escogido el tema «La protección del heredero frente a las deudas del causante»?
ARC. — Entrar a formar parte de la Academia constituye un reconocimiento por parte de los académicos no sólo a mi trayectoria profesional sino también a la carrera judicial en la medida en que quieren contar entre sus miembros con la visión práctica del Derecho que podemos ofrecer los jueces. Por tanto, para mí supone un orgullo al tiempo que una gran responsabilidad al representar en la Corporación a los jueces y magistrados de Catalunya.
El tema del discurso de entrada a la Academia obedece a la tendencia que en los últimos años está marcando la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en orden a favorecer el equilibrio en el ejercicio de los derechos. El TJUE se ha centrado en el ámbito de los consumidores, al tratarse de la materia que le es propia, pero su línea argumental puede utilizarse, entre otros, en el derecho de sucesiones para evitar la excesiva carga que supone al heredero tener que responder de las deudas del causante con sus bienes propios. En definitiva, se trata de una reflexión sobre si en la actualidad está justificada la responsabilidad clásica del heredero ultra vires hereditatis.