A menudo las sentencias de primera instancia esconden interesantes themas probandi. Sirva la que sigue de pequeño homenaje a la «Suma Probática» por excelencia que subyace en el excelente y sigiloso trabajo que llevan a cabo, a diario, los Magistrados y Magistradas de instancia de nuestro país, a partir de la prueba que aportamos al proceso la abogacía, con nuestro no menos valioso trabajo profesional.
En una interesante sentencia del Juzgado de Primera Instancia 2 de Reus, de 8 de febrero de 2022 se concluye que «la contravención de la doctrina de los actos propios no ha sido concebida para ser ejercitada como una acción, sino como una excepción». En ella, la Magistrada Sofía Jordà Mugica, nos recuerda que el art. 111.8 del Codi Civil de Catalunya dispone que «nadie no puede hacer valer un derecho o una facultad que contradiga la conducta propia observada con anterioridad si esta tenía una significación inequívoca de la que se deriven consecuencias jurídicas incompatibles con la pretensión actual» y con ello positiviza la regla, de creación jurisprudencial, de inadmisibilidad de la contravención de los actos propios. Doctrina que el Código civil común no regula. Con todo, interesa aquí destacar el modo con el que analiza los requisitos de la doctrina de los actos propios, y de ahí su objeto de prueba.
Así, la sentencia señala que se debe probar la existencia de una conducta previa del actor, respecto de la cual, a su vez, debe probarse que se trata de:
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a. Una conducta «
libre y voluntaria
», previa, que se vea contradicha por una actuación posterior del mismo sujeto. Realizada con plena consciencia: «la consciencia de crear, definir, modificar, extinguir o esclarecer una determinada situación jurídica» (STS de 4 de noviembre de 2008 (LA LEY 164126/2008)).
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b. Una conducta «
de significado inequívoco
» «una expresión inequívoca de una determinada voluntad de referencia a una relación jurídica o situación de hecho» (STS de 3 de enero de 2008).
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c. Una conducta «
con consecuencias jurídicas
», no meramente fácticas: con «voluntad de configurar de modo inalterable una relación o situación de derecho con eficacia frente a otras personas» (STS 28 de julio de 2006 (LA LEY 110169/2006)).
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d. Una conducta «
válida»: que se trate de actos válidos, puesto que «quiebra la doctrina de los actos propios cuando se utiliza para validar actos jurídicamente nulos o ineficaces» (STS 28 de octubre de 2003 (LA LEY 10779/2004)).
Asimismo, la misma sentencia señala que se debe acreditar además que esa conducta que cumple con dichos requisitos esencialmente volitivos (libre, voluntaria, inequívoca, inalterable y válida) «contradice una conducta anterior
del mismo sujeto» (el actor), es decir que también debe probarse la existencia de: e) una «
conducta anterior
» (del actor), y f) una «
contradicción incoherente entre ambas conductas
», porque el elemento del quebrantamiento de la confianza legítima es determinante para poder aplicar la doctrina de los actos propios. El Juez está llamado a valorar si el cambio de conducta, del actor, está justificado por hechos nuevos o si supone una incoherencia con su conducta pasada y ello afecta a quien lo alega (el demandado).
Frederic Munné