La pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto negativo en los sistemas nacionales de justicia y ha puesto de manifiesto una serie de retos que afectan al funcionamiento del poder judicial. Así, mientras que en algunos Estados miembros el alto nivel de digitalización del sistema de justicia permitió un funcionamiento casi sin obstáculos de los tribunales y las fiscalías durante la pandemia, en otros los cierres temporales de los tribunales provocaron una disminución de la eficacia, especialmente en los tribunales de primera instancia.
Todo ello ha puesto de manifiesto la necesidad de que los sistemas nacionales de justicia sigan mejorando su digitalización, ya que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) puede reforzar los sistemas judiciales de los Estados miembros y hacerlos más accesibles, eficientes, resistentes y preparados para afrontar los retos actuales y futuros. Y en este proceso de tecnificación España se encuentra entre los países más destacados de la Unión.
Así se desprende de la 10ª edición del Cuadro de Indicadores de la Justicia de la UE, que acaba de presentar la Comisión Europea.
El documento ofrece una variada y completa imagen de la eficacia de los sistemas judiciales de los Estados miembros. También proporciona un análisis cuantitativo y visual de estos sistemas que sirve de base para el Informe sobre el Estado de Derecho de la misma Comisión, que incluye un análisis cualitativo por países de los principales avances en los Estados miembros.
Dada la importancia del aspecto digital, esta edición del Cuadro de Indicadores se ha ampliado sustancialmente con más datos sobre la digitalización en los Estados miembros, a fin de permitir un seguimiento más exhaustivo de los ámbitos de progreso y de los retos pendientes. De este modo, la actualización de los datos relativos a la digitalización de los sistemas de justicia muestra las tendencias en la adopción de herramientas digitales a disposición de los tribunales, los fiscales y los funcionarios.
Principales conclusiones
Aunque la mayoría de los Estados miembros ya utilizan soluciones digitales en diferentes contextos y en distinto grado, existe un importante margen de mejora.
• Casi todos los Estados miembros ofrecen algún tipo de información en línea sobre su sistema judicial, incluidos sitios web con información visible y comprensible sobre cómo acceder a la asistencia jurídica, y sobre las tasas judiciales y los criterios de elegibilidad para su reducción. Pero existen diferencias entre los Estados miembros en cuanto al nivel de información y el grado en que ésta responde a las necesidades de los ciudadanos. Por ejemplo, no son muchos los Estados miembros (sólo 13) que ofrecen una simulación interactiva en línea en la que los ciudadanos pueden averiguar si tienen derecho a la asistencia jurídica. En cambio, la mayoría de los Estados miembros ofrecen un sitio web con formularios en línea para empresas y particulares, e información para los no nativos. En este aspecto, España destaca por encontrarse entre los cinco países mejor situados, junto con Bélgica, Alemania, Letonia y los Países Bajos.
• Menos de la mitad de los Estados miembros cuentan con normas procesales preparadas para la tecnología digital, que permitan el uso de la comunicación a distancia y la admisibilidad de las pruebas en formato digital. También en este aspecto España se encuentra entre los cuatro países mejor situados, junto con la República Checa, Estonia, Eslovaquia y Suecia. En el resto de los Estados miembros, esas actuaciones sólo son posibles en un número limitado de situaciones. No obstante, desde 2020 se han producido avances en casi la mitad de los Estados miembros.
• En cuanto al uso de la tecnología digital por parte de los tribunales y las fiscalías, la mayoría de los Estados miembros ya disponen de diversas herramientas digitales a disposición de los tribunales, los fiscales y los funcionarios. España se encuentra en cuarta posición de este ámbito, solo precedida de Estonia, Austria y Alemania. La Comisión considera que aunque la mayoría de los Estados miembros cuentan con sistemas de gestión de casos, sistemas de videoconferencia y acuerdos de teletrabajo, es necesario seguir avanzando en la automatización de los sistemas de asignación de casos y en la generalización de las herramientas basadas en la inteligencia artificial y la cadena de bloques (blockchain).
• Los tribunales de la mayoría de los Estados miembros disponen de herramientas electrónicas seguras para la comunicación. Sin embargo, en varios Estados miembros, los órganos jurisdiccionales solo pueden comunicarse por medios electrónicos seguros con determinados profesionales del Derecho y/o autoridades nacionales. En el caso de las fiscalías, más de un tercio de los Estados miembros prevé una comunicación electrónica segura con los profesionales del Derecho y las instituciones nacionales, lo que representa un avance con respecto a 2020. También es estos dos ámbitos España cuenta con la mayor parte de recursos.
• En los asuntos civiles/comerciales y administrativos, la mayoría de los Estados miembros ofrecen a los particulares y a las empresas (o a sus representantes legales) acceso en línea a sus asuntos en curso o cerrados, aunque en distintos grados. En este caso, España se encuentra en octava posición. En más de un tercio de los Estados miembros, los particulares y las empresas se beneficiaron de un mejor acceso en línea en comparación con 2020. Sin embargo, en los casos penales en la mayoría de los Estados miembros los acusados y las víctimas tienen posibilidades muy limitadas de seguir o llevar a cabo parte de su caso electrónicamente a pesar de las mejoras en aproximadamente la mitad de los Estados miembros. También en este ámbito, España se encuentra en octava posición.
• El Cuadro de Indicadores de 2022 evalúa con más detalle que en ediciones anteriores los datos sobre la posibilidad de acceso en línea a las resoluciones judiciales. Por ello, los resultados difieren del año pasado. En particular, en lo que respecta a la publicación de las sentencias en la más alta instancia resulta que 22 Estados miembros publican todas las sentencias civiles/comerciales y administrativas y 22 Estados miembros también publican las sentencias penales. Sin embargo, la publicación en línea de las sentencias en segunda instancia es más rara, ya que sólo diez Estados miembros publican todas las sentencias de los tribunales de segunda instancia. España ocupa la sexta posición de este ámbito, prácticamente igualada con las cinco naciones que la preceden, salvo en lo relativo a la disponibilidad de las sentencias de primera instancia.
• El Cuadro de Indicadores sigue analizando las disposiciones de los Estados miembros para contribuir a la elaboración de resoluciones judiciales legibles por máquina. En este caso, España se encuentra en quinta posición entre todos los Estados de la Unión, principalmente por su falta de disponibilidad gratuita de las sentencias con sus metadatos asociados en forma de base de datos u otros medios automatizados.
• Todos los Estados miembros cuentan con al menos algunos dispositivos para los casos civiles/comerciales, administrativos y penales, aunque hay una considerable variación entre los Estados miembros. Parece que los tribunales administrativos están relativamente más avanzados a la hora de conceder un acceso fluido y facilitar la reutilización de la jurisprudencia por parte de las empresas de "tecnología jurídica". En general, hay una tendencia a introducir más disposiciones, en particular para la disponibilidad de metadatos en las sentencias sobre palabras clave, fechas de las decisiones y la regulación de los datos personales en las sentencias publicadas. Diez Estados miembros informaron de una mejora en 2021 en comparación con el año anterior. Los sistemas de justicia en los que se han establecido disposiciones para modelar las sentencias de acuerdo con normas que permiten su legibilidad mecánica parecen tener el potencial de lograr mejores resultados en el futuro.
Según Didier Reynders, Comisario Europeo de Justicia, el Cuadro de Indicadores de la Justicia de la UE de 2022 ha mostrado claramente que la eficacia de los sistemas judiciales de la UE sigue mejorando en una gran mayoría de Estados miembros, incluso ante las difíciles circunstancias vividas en los últimos años. Al mismo tiempo, siguen existiendo retos en algunos Estados miembros, que todavía tienen mucho que hacer para garantizar la plena confianza de los ciudadanos en sus sistemas judiciales nacionales, especialmente cuando están en peligro el estatus, la posición y, en última instancia, la independencia de los jueces.