El Gobierno de Canarias ha aprobado el Decreto ley 7/2022, de 26 de mayo (LA LEY 11941/2022), por el que se modifican diversos preceptos de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias (LA LEY 11880/2017); del Decreto 181/2018, de 26 de diciembre (LA LEY 21836/2018), por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias; de la Ley 7/2014, de 30 de julio (LA LEY 12641/2014), de la Agencia Tributaria Canaria, y de la Ley 6/2006, de 17 de julio (LA LEY 7530/2006), del Patrimonio de la Comunidad Autónoma.
Legalización de explotaciones ganaderas: silencio negativo
Considera el legislador necesario modificar el apartado 4 de la disposición adicional vigesimotercera de la Ley 4/2017 (LA LEY 11880/2017), del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias, relativa a la legalización territorial de explotaciones ganaderas, para establecer el sentido negativo del silencio por cuanto el silencio positivo previsto en la anterior redacción puede dar lugar a la vulneración, en determinados supuestos de legalización, de normativa estatal básica, en concreto de los apartados 3 y 4 del artículo 11 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (LA LEY 16530/2015); y de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LA LEY 11880/2017), de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 344.1.b).
Informes: requerimiento
Por otra parte, en relación con el apartado 3.b) de esa misma disposición adicional vigesimotercera, en el que se regulan los informes que han de emitir en el procedimiento las administraciones afectadas y el departamento competente en materia de ordenación del territorio, considerando la complejidad que en muchos casos revisten tales informes y, dadas las consecuencias que se derivan de la falta de emisión, se estima necesario que, una vez finalizado el plazo de dos meses establecido para informar, por el órgano sustantivo se efectúe un requerimiento al objeto de que puedan emitir su informe en el plazo de 10 días, transcurridos los cuales sin haberse recibido se entenderán emitidos los informes en sentido favorable, con la excepción prevista legalmente de que la explotación se localice en espacio natural protegido o en una zona de RED Natura 2000 en cuyo caso se entenderán emitidos en sentido desfavorable.
Planes de Ordenación de Recursos Naturales: administración competente
Por lo que respecta a la normativa referida a los Planes de Ordenación de Recursos Naturales, considera el legislador autonómico que la indefinición normativa requiere precisar la administración competente para aprobar estos planes, cuando no se hallan integrados en un Plan Insular de Ordenación, ya que así lo exige el principio de seguridad jurídica.
Se añade, por tanto, un segundo párrafo al apartado 1 del artículo 177 de la Ley 4/2017 (LA LEY 11880/2017), determinando la competencia para la aprobación de un plan de ordenación de los recursos naturales no integrado en un plan insular de ordenación, y un párrafo segundo al apartado 3 del artículo 180 de la misma Ley para coordinar ambos preceptos (dado que el primero se refiere solo a parques naturales y reservas naturales, mientras que este último se refiere en general a todos los espacios naturales protegidos).
Así, el nuevo párrafo segundo del apartado 1 del referido artículo 177 dispone que la competencia para la iniciación, formulación, tramitación y aprobación de los planes de ordenación de los recursos naturales corresponderá a los cabildos insulares, y que la comprobación por el Gobierno de Canarias de la inacción o retraso injustificado del cabildo en el ejercicio de las competencias atribuidas conllevará, previo requerimiento por la consejería autonómica competente en materia de medio ambiente, por plazo de tres meses, la asunción por la misma del ejercicio de las competencias atribuidas al cabildo
Mediante una nueva disposición transitoria vigesimoquinta se prevé también un régimen transitorio orientado para situaciones de conflictividad que hayan podido producirse desde el 1 de septiembre de 2017 (fecha de entrada en vigor de la Ley 4/2017 (LA LEY 11880/2017)) hasta la entrada en vigor del nuevo régimen de distribución de competencias. Y, por coherencia, el artículo 2 del Decreto ley 7/2022, de 26 de mayo (LA LEY 11941/2022), modifica el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Decreto 181/2018, de 26 de diciembre (LA LEY 21836/2018), por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias, para que los procedimientos puedan iniciarse mediante acuerdos de los cabildos correspondientes.
Patrimonio de la Agencia Tributaria Canaria
Por otra parte, se modifica la redacción del artículo 24 de la Ley 7/2014, de 30 de julio (LA LEY 12641/2014), de la Agencia Tributaria Canaria y se añade una disposición adicional novena a la Ley 6/2006, de 17 de julio (LA LEY 7530/2006), del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, ambos preceptos relativos al patrimonio de la Agencia Tributaria Canaria.
Entrada en vigor
El Decreto ley 7/2022, de 26 de mayo (LA LEY 11941/2022), entró en vigor el 2 de junio de 2022, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.