La finalidad de la presente norma, conocida como “Ley del solo sí es sí” es la adopción y puesta en práctica de políticas efectivas, globales y coordinadas que garanticen la sensibilización, prevención, detección y la sanción de las violencias sexuales, e incluyan todas las medidas de protección integral pertinentes que garanticen la respuesta integral especializada frente a todas las formas de violencia sexual, la atención integral inmediata y recuperación en todos los ámbitos en los que se desarrolla la vida de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, en tanto víctimas principales de todas las formas de violencia sexual.
Elimina la distinción entre agresión y abuso sexual, considerándose agresiones sexuales todas aquellas conductas que atenten contra la libertad sexual sin el consentimiento de la otra persona, cumpliendo así España con las obligaciones asumidas desde que ratificó en 2014 el Convenio de Estambul. También se introduce expresamente como forma de comisión de la agresión sexual la denominada «sumisión química» o mediante el uso de sustancias y psicofármacos que anulan la voluntad de la víctima. Igualmente, y en línea con las previsiones del Convenio de Estambul, se introduce la circunstancia cualificatoria agravante específica de género en estos delitos.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las policías autonómicas y locales competentes desplegarán medidas de evaluación del riesgo y de protección orientadas a garantizar la no repetición de la violencia y a brindar protección efectiva ante represalias o amenazas, haciendo posible que las mujeres, niñas y niños vivan en condiciones de libertad y seguridad. Estas medidas se podrán mantener en los casos de sobreseimiento provisional, siempre respetando el derecho a la intimidad de las víctimas, si se valora su necesidad.
Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, incidiendo especialmente en el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. De las medidas adoptadas, podrá beneficiarse la plantilla total de la empresa cualquiera que sea la forma de contratación laboral, incluidas las personas con contratos fijos discontinuos, con contratos de duración determinada y con contratos en prácticas. También podrán beneficiarse las becarias y el voluntariado. Asimismo, podrán beneficiarse de las anteriores medidas aquellas personas que presten sus servicios a través de contratos de puesta a disposición. Las empresas promoverán la sensibilización y ofrecerán formación para la protección integral contra las violencias sexuales a todo el personal a su servicio y las empresas que adecúen su estructura y normas de funcionamiento a lo establecido en la Ley Orgánica serán reconocidas con el distintivo de «Empresas por una sociedad libre de violencia de género», contemplando la retirada del distintivo cuando se den circunstancias que así lo justifiquen. Asimismo, las empresas integrarán la perspectiva de género en la organización de los espacios de sus centros de trabajo con el fin de que resulten seguros y accesibles para todas las trabajadoras.
Las víctimas y quienes conocieran alguna situación de violencia sexual que afecte al derecho fundamental a la protección de datos personales podrán comunicarla a la Agencia Española de Protección de Datos, o a las autoridades autonómicas de protección de datos, sin perjuicio de la salvaguarda del principio de reserva de jurisdicción y la necesaria preferencia de la jurisdicción penal sobre la Administración en el conocimiento de aquellos hechos que pueden constituir una infracción penal
Las víctimas de violencias sexuales en situación administrativa irregular, de acuerdo con la legislación de extranjería, gozarán de los derechos reconocidos en esta Ley Orgánica en igualdad de condiciones con el resto de las víctimas. Asimismo, tendrán derecho a la residencia y trabajo en los términos previstos para las autorizaciones por circunstancias excepcionales en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (LA LEY 126/2000), reguladora de los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social en aquellos supuestos no regulados en esta norma y que serán desarrollados reglamentariamente.
En el plazo de un año desde su entrada en vigor se remitirá un proyecto de reforma de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, al objeto de garantizar la asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencias sexuales.
Modifica:
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• Código Penal
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• Código Penal Militar (LA LEY 15604/2015)
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• Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882)
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• Ley 35/1995, de 11 de diciembre (LA LEY 4202/1995), de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual
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• Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LA LEY 126/2000)
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• Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (LA LEY 6907/2015)
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• Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015)
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• Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo (LA LEY 7567/2007)
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• Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (LA LEY 16526/2015)
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• Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LA LEY 16531/2015)
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• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LA LEY 2543/2007)
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• Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LA LEY 1717/1985)
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• Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad (LA LEY 2065/1988)
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• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LA LEY 1730/2003)
Entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, el Capítulo I del Título IV sobre el alcance y garantía del derecho la asistencia integral especializada y accesible y el Título VI de acceso y obtención de justicia de la Ley serán de aplicación en el plazo de seis meses desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
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