La policía sorprendió a Mohamed Showife, director de la escuela Kayaphuri, cuando estaba imprimiendo los exámenes del noveno curso. Los agentes armados requisaron su ordenador y la impresora. Al día siguiente regresaron para llevarse las pizarras, las sillas y demás material escolar. Cerraron con llave la puerta y precintaron el colegio, hasta la fecha el centro educativo para refugiados Rohingya más grande de todo Bangladés. «Me preguntaron si teníamos el permiso escrito para abrir la escuela. Pero nuestro líder, Mohib Ullah, solo obtuvo un compromiso verbal por parte del encargado del campamento, designado por el gobierno, para abrir el centro. Ahora, el gobierno de Bangladesh ha decidido cerrarlo», explicó a los medios internacionales el hasta entonces —24 marzo de 2022— director de la escuela Kayaphuri, ubicada en el campo de refugiados de Kutupalaung, al sureste del país.
Kayaphuri fue fundada por el líder rohingya Mohib Ullah, asesinado a tiros en octubre del pasado año, presuntamente por grupos armados rohingya opositores que actúan en los campamentos. Ullah, de 48 años, se había convertido en una de las voces más moderadas y respetadas por su defensa de los refugiados de esta minoría étnica cuando casi 800.000 de ellos se vieron obligados a huir de la vecina Myanmar hacia el distrito de Cox’s Bazar en Bangladés debido a la represión militar iniciada en 2017, calificada por Naciones Unidas como limpieza étnica.
La escuela de Kayaphuri estuvo financiada por maestros y familias de refugiados y tenía la misión de enseñar a cerca de 600 alumnos. En ella se implementó el currículo escolar que se enseña en Myanmar, con la esperanza de que algún día estos alumnos pudieran regresar a la antigua Birmania. «No quiero merodear por los campamentos. Quiero volver a Myanmar con mi familia y ser profesor allí», dijo Nur Kashem, estudiante de sexto curso a la cadena Al Jazeera. «Después de huir de Myanmar en 2017, no hicimos nada durante un año y medio. Esta escuela nos ha dado la oportunidad de reanudar nuestra educación. Con el cierre estamos sin hacer nada nuevamente. Me preocupa que mi familia quiera casarme porque yo no quiero un matrimonio tan pronto», se lamentó Rebeya Akter, estudiante de 15 años, en una entrevista con el diario La Voz de América.
El cierre se suma a la lista de otra treintena de escuelas que el gobierno de Bangladés ha clausurado desde el pasado diciembre de 2021 en una operación para aumentar su control sobre los campamentos de refugiados. Con el cierre de Kayaphuri ya no quedan escuelas de este tipo en funcionamiento. Aproximadamente la mitad de la población de los campamentos tiene menos de 18 años, y los líderes de la comunidad poco después de llegar en 2017, comenzaron a establecer escuelas para compensar la falta de educación formal y Secundaria en el país, prohibida por las autoridades para evitar que los rohingya se adapten y permanezcan en el país. «No queremos quedarnos en Bangladés para siempre. Queremos volver a nuestro país cuando la situación lo permita, pero para eso necesitamos educar a nuestros hijos», dijo Mohamed Showife, director de la escuela, donde trabajaba junto a otros 15 profesores. Asimismo, las autoridades bengalíes también clausuraron madrasas dedicadas a impartir educación de valores islámicos y han prohibido también a los grupos humanitarios enseñar más allá del nivel básico y elemental. Las autoridades no han otorgado estatus legal a las escuelas dirigidas por refugiados, pero sí aceptaron la ayuda educativa de grupos humanitarios. Los grupos de ayuda operan en alrededor de 3.200 centros de aprendizaje, destinados a la docencia para los niños más pequeños de los campamentos. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) gestiona cerca de 2.800 de ellos. Sin embargo, estos centros ofrecen solo instrucción de nivel elemental a partir de los 4 años —los alumnos de hasta 14 años pueden asistir para aprender habilidades básicas de lectura y matemáticas—
«Nuestras esperanzas de regresar dependían de estas escuelas. Rezamos para que alguien ayude a reconstruir esos colegios para que los niños puedan volver a las clases. Su futuro depende de ello», dijo Feroz ul-Islam, padre de un alumno de quinto grado, al periódico estadounidense The New York Times. Se estima que las prohibiciones educativas de Blangladesh afectan a 32.000 estudiantes.
Las autoridades han amenazado a quienes piensen reanudar su actividad en estos centros con quitarles la documentación —denominada tarjeta de datos—, necesaria para estar en el país. Cada campamento está dirigido por un funcionario del gobierno de Bangladés que supervisa a los líderes de la comunidad rohingya llamados majhis. «Los majhis dijeron a las familias que, si alguien envía a sus hijos a escuelas no autorizadas, inmediatamente tienen que quitar la tarjeta de datos de la familia y decirles esas familias que hagan los preparativos para ir a Bhasan Char», explicó un maestro a la ONG Human Right Watch (HRW).
La escuela de Kayaphuri estuvo financiada por maestros y familias de refugiados y tenía la misión de enseñar a cerca de 600 alumnos. Desde diciembre de 2021, las autoridades de Bangladés han cerrado una treintena de centros organizados por refugiados rohingya para aumentar su control sobre los campamentos
Algunos maestros intentaron dar clase en una pequeña escuela improvisada pero «los padres están absolutamente aterrorizados de enviar allí sus hijos», dijo este maestro. HRW ha denunciado una orden del Gobierno para cerrar cientos de escuelas para niños rohingya y enviarlos a la isla de Bhasan Char, donde ya han sido trasladados más de 22.000. Se trata de una isla remota y proclive a sufrir importantes inundaciones, donde los habitantes se enfrentan a severas restricciones de movimiento, escasez de alimentos y medicamentos y abusos por parte de las fuerzas de seguridad.
«Primero, el gobierno bloqueó la educación para los niños rohingya, luego cerró las escuelas que los rohingya establecieron para ellos mismos y ahora amenaza con desterrar a los maestros y estudiantes a una isla similar a una prisión. Los gobiernos extranjeros que quieran apoyar a los rohingya deberían denunciar a Bangladesh por bloquear implacablemente el derecho de estos niños a aprender», dijo Bill Van Esvel, director adjunto de derechos del niño en HRW.
La mayoría de las escuelas están construidas con bambú y telas. El gobierno local vio con buenos ojos que los grupos humanitarios utilizaran bambú y no mortero, metal o ladrillo para su construcción bajo el pretexto de que los Rohingya serían repatriados a Myanmar en un plazo máximo de dos años. Los campos de refugiados de Bangladesh se encuentran densamente poblados y se han convertido en hogar de unos 400.000 niños en edad escolar, según UNICEF. «La educación es un componente fundamental para sacar a los refugiados rohingya de la situación extremadamente difícil en la que se encuentran. Les dará poder para reclamar sus derechos humanos y hablar por sí mismos», dijo Saad Hammadi, activista del sur de Asia de Amnistía Internacional.
El cierre de escuelas, avisan las ONG, provocará que los adolescentes caigan presos de la trata y podría significar un aumento del matrimonio precoz para las niñas y la explotación laboral. «Desde el cierre de las escuelas, he visto a mis alumnos trabajando en empleos manuales de un tipo u otro dentro del campamento. Dudo que vuelvan a la escuela de nuevo», dijo uno de los maestros consultados por HRW, que denuncia que las autoridades de Bangladesh impiden que los niños participen de la vida cotidiana del país de acogida y que, para muchos de ellos, es prácticamente ya su tierra natal. Por el contrario, tienen estipulado que suene el himno nacional de Myanmar en todas las clases y se les prohíbe terminantemente hablar o escribir en el idioma nacional.
Algunos de los refugiados rohingya, ante la imposibilidad de acceder a la educación Secundaria en los campamentos, decidieron aprender bengalí, se hicieron con documentación de identificación del país y consiguieron matricularse en escuelas públicas y privadas de los distritos de Teknaf y Ukhiya, haciéndose pasar por ciudadanos de Bangladés. A principios de 2019, detalla el informe de HRW «Are we not human?» (¿No somos humanos?), los niños fueron identificados tras una investigación de las agencias de inteligencia. Se procedió a su expulsión de los colegios y les fue comunicada la prohibición de acceso a una educación alternativa. Esta es solo una de las técnicas sin éxito con las que se las han ingeniado algunos niños rohingya para poder acceder a las aulas.
Un plan de estudios formal
Unos 10.000 niños y niñas que viven en los campamentos de Cox’s Bazar (Bangladesh) se han convertido en los primeros estudiantes en recibir una educación basada en el plan de estudios nacional de su país de origen, Myanmar. Así lo comunicó UNICEF, anunciando el Plan de Estudios Piloto de Myanmar —cuenta con la aprobación del gobierno de Bangladesh— es «un paso fundamental para garantizar el derecho fundamental a la educación de los niños refugiados rohingya, contribuyendo a prepararlos para su regreso algún día a Myanmar», añadió el organismo internacional. «La demanda de educación en la comunidad rohingya es enorme. Necesitamos ser creativos y flexibles en la forma en que nos aseguramos que estos niños puedan continuar yendo a la escuela», señaló el representante de UNICEF en Bangladesh, Sheldon Yett.
El Plan de Estudios Piloto de Myanmar, que cuenta con la aprobación del gobierno de Bangladés, dará cobertura inicialmente a unos 10.000 niños y niñas en los grados de 6º a 9º
Hasta la fecha, la mayoría de los niños y niñas han estado aprendiendo mediante el denominado Enfoque del Marco de Competencias de Aprendizaje (LCFA, por sus siglas en inglés), que cubre los niveles uno a cuatro y proporciona educación principalmente a niños de entre 4 y 14 años. La LCFA, que se creó como una medida de emergencia para los niños y niñas refugiados rohingya, es un sistema educativo informal. El plan de estudios que se está probando ahora «se basa en el plan de Myanmar y ofrece a los niños refugiados rohingya una educación formal y estandarizada», afirman desde UNICEF. La institución señala además que el plan de estudios de Myanmar «llena un vacío crítico en la educación secundaria» porque escolariza a niños mayores que en gran medida no han tenido acceso a la educación.
El Plan de Estudios Piloto de Myanmar dará cobertura inicialmente a unos 10.000 niños y niñas en los grados 6º a 9º. «En circunstancias normales, estos grados reciben a niños de entre 11 y 14 años. Sin embargo, muchos niños y niñas refugiados rohingya se han quedado atrás en su educación, por lo que la mayoría de los niños matriculados en los grados 6º a 9º tienen entre 14 y 16 años», señala el comunicado. UNICEF tiene previstas varias fases para que, en 2023, todos los niños y niñas en edad escolar reciban enseñanza a través del mencionado plan.