Desconcierto y descontento. Estos son quizá los dos adjetivos que mejor califican cómo están los ánimos entre los principales sindicatos de la enseñanza tras conocerse los detalles del Real Decreto que regula el acceso a la función pública docente. Un texto que busca adaptar al sector educativo lo que establece la Ley 20/2021de 28 de diciembre. La norma, aprobada hace unos meses, tiene el objetivo de cumplir con Bruselas y reducir del 23% actual al 8% la tasa de temporalidad en las administraciones públicas con fecha 31 de diciembre de 2024.
La sorpresa entre los representantes de los docentes ha sido mayúscula ya que —a diferencia de lo que negociaron en la Mesa Sectorial CCOO, UGT y CSIF— el RD finalmente dibuja, por primera vez en la Historia, tres vías distintas para que los profesores se conviertan en funcionarios. Por un lado, aquellos interinos que lleven en su plaza desde antes del 1 de enero de 2016, podrán estabilizarse a través de un concurso de méritos, sin oposición, en el que se podrán acumular un máximo de 15 puntos y donde la experiencia previa llegará a otorgar 7. Por otro lado, quienes ocupen su puesto desde el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020 —únicamente para plazas de estabilización— se someterán a un concurso oposición simplificado, en el que se enfrentarán a una única prueba con dos partes no eliminatorias, con mayor optatividad y con un mayor peso de la experiencia (7 puntos sobre 10 frente a los 7 puntos sobre 12 que se baremaban hasta el momento). Finalmente, para las plazas de reposición y nueva creación (en torno a un 30% según los sindicatos) se mantienen las condiciones de siempre: una prueba de conocimientos que es necesaria aprobar para pasar a la parte oral.
Un resultado muy distinto a lo pactado en un primer momento: un proceso transitorio en las convocatorias de 2022, 2023 y 2024 con dos fórmulas. La primera, que permitía evitar el examen y presentarse únicamente a un concurso de méritos para interinos de larga duración; la segunda, un sistema de oposición no eliminatorio para todos los candidatos, tantos quienes optaban a la estabilización como a plazas de reposición o nueva creación. Este giro en los acontecimientos responde al dictamen del Consejo de Estado, que señala que quienes acceden por la vía ordinaria han de ceñirse al sistema tradicional.
Mario Gutiérrez, presidente del sector nacional de CSIF Educación lamenta lo ocurrido y reconoce que «hasta ahora estábamos muy contentos porque todos iban a presentarse al mismo proceso, con el mismo formato y al mismo tiempo. Ahora nos encontramos con que ha ocurrido lo que no queríamos, tres modelos de acceso. Las condiciones en las que se van a resolver las plazas en cada sistema harán que haya diferencias entre comunidades autónomas y esto va a conllevar recursos en todas ellas. Va a ser un problema judicial importante». Nos explica que «primero, con el borrador del texto, nos encontramos con que las comunidades autónomas adelantan las convocatorias para esquivar la nueva normal. Ahora, el Ministerio cambia toda la película y por primera vez en la historia tenemos tres vías de acceso». Insiste en que esta situación «genera desconcierto, crea inseguridad jurídica y descontrol en las autonomías. Nos tememos que llegado el plazo que la UE ha dado a España para cumplir con la reducción de la temporalidad, en el sector de la enseñanza no se va a cumplir porque van a haber procedimientos abiertos en cada una de las convocatorias de las comunidades. Es un despropósito».
Maribel Loranca, secretaria de Enseñanza de UGT coincide en este extremo y defiende que «el que no salgan todas las plazas sin hacer distinción entre estabilización y reposición con este sistema transitorio nos parece un serio obstáculo para cumplir el 8% exigido por Europa». Recuerda a las administraciones educativas, tanto regionales como al Ministerio, «que tienen la obligación de cumplir las leyes que salen del parlamento y, además, con el compromiso con la Unión Europea. Pedimos al Ministerio que coordine todo este proceso y a las comunidades que se lo tomen en serio y demuestran que tienen verdaderamente la voluntad de reducir la temporalidad».
La Confederación Sindical STEs es una de las organizaciones que más se ha manifestado a favor de la estabilización de los interinos. Su responsable de política educativa, José Ramón Merino, reconoce que lo finalmente aprobado «es bastante insatisfactorio. Llevamos mucho tiempo defendiendo que haya un proceso diferenciado para el personal interino que lleva en educación muchos años en situación de inestabilidad. Se ha creado una situación de aumento de personal interino que no es buena ni para los trabajadores ni para el sistema. Había que dar una solución a eso. El resultado es incluso peor que lo que nos presentó el Ministerio en un primer momento. Para nosotros, el proceso tal y como está a día de hoy queda lastrado de manera importante». Merino expresa su sorpresa ante la recomendación del Consejo de Estado: «¿en qué cabeza cabe que diga que no se pueden incluir las plazas de reposición en los procesos transitorios? En anteriores procesos extraordinarios sí le ha valido. Esto genera caos y sensación de dudas y de inestabilidad para el personal que quiera presentarse, por no hablar de los problemas de gestión a la hora de encontrar un tribunal, por ejemplo». Y cree también que la meta del 8% queda lejos: «no se va a cumplir el objetivo de Europa. Con los datos de las pocas comunidades que han publicado ya sus plazas de estabilización, si hacemos una extrapolación, calculamos que se van a sacar cerca de 35.000 plazas. Es muy insuficiente si tenemos en cuenta que hay 155.000 interinos trabajando en el sistema de enseñanza pública no universitaria». Pide al gobierno «que armonice el proceso dentro de unos parámetros lógicos. Creemos que, aunque sea solo desde el punto de vista técnico, es fundamental para que los procesos puedan tener algo de sensatez».
José Ramón Merino (STEs) reconoce que lo finalmente aprobado «es bastante insatisfactorio»
Un caos «que se veía venir»
En ANPE son especialmente críticos, no solo con el Real Decreto aprobado, sino con todo el proceso ideado desde un principio. Ramón Izquierdo, secretario de Política Sindical de la organización, asegura que «ya dijimos al principio de plantearse este asunto que era necesario un informe de la Abogacía del Estado porque nos surgían dudas sobre la legalidad de incluir unas plazas de reposición en un sistema de estabilización. Ahora se ha visto que teníamos razón». Considera que la Ley de Estabilización «vale para la función pública pero no está pensada para el sistema educativo. Aun así, se ha querido encajar como sea. Tiene sentido para administraciones locales, diputaciones, donde puedes convocar oposiciones de reposición y estabilización en el mismo año y puedes gestionarlo. En educación esto es inviable».
ANPE apunta a que lo ideal hubiera sido «un sistema como el de 2018, con una valoración de la experiencia en el máximo legal posible y que daba encaje a todo tipo de plazas. Se ha querido ir a un sistema mucho más sencillo teóricamente y supuestamente pensado para que quienes estén trabajando se queden, pero la realidad no va a ser esa tampoco». Izquierdo advierte que «somos un cuerpo estatal y en los concursos de méritos y concursos oposición puede participar gente de toda España a todas las plazas. Vamos a tener frustrados a gente con muchísimos años de experiencia que van a ver que sus plazas salen a concurso de méritos sí o sí y que tendrán que competir con todo el mundo de todos sitios. A nadie se le puede asegurar que vaya a conseguir la plaza que está ocupando. Habrá gente con más de 20 años en un sitio que será desplazado o tendrá que salir».
ANPE apunta a que lo ideal hubiera sido «un sistema como el de 2018, con una valoración de la experiencia en el máximo legal posible y que daba encaje a todo tipo de plazas»
Sobre el cumplimiento del compromiso europeo, es tajante: «no se va a solucionar». Además, alude a las características concretas de cada autonomía: las hay con una tasa altísima de interinos y muchísimas plazas de estabilización. Por ejemplo, Canarias. Va a sacar miles de plazas por estabilización, por el sistema fácil, entre comillas. De reposición van a quedar pocas, no las van a sacar simultáneamente, sino después. ¿Cuándo se convocan? Cuando acabe 2024, ¿cuál será la tasa de interinos? Nos habremos quitado las de estabilización, pero se han sumado jubilaciones, con lo que tendríamos tasa alta. Es un absurdo. Castilla La Mancha o Galicia son de las que más fácil lo tienen, cuentan ya con unas tasas de interinidad bastante bajas, casi del 8%».
Para ANPE, la solución ideal hubiera sido la creación un concurso oposición simultáneo «cada uno en su comunidad autónoma, puntuando la experiencia más allá, dando un plus a aquel que es interino por obligación, en aquellas comunidades en las que no se convocan plazas desde hace años». Nos cuenta que en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Castilla La Mancha «no se convocan oposiciones desde 2008. Las plazas de EOI de inglés, que es el idioma más común, deben salir según esta norma por concurso de méritos. Sin embargo, en Madrid o Andalucía sí que se ha convocado recientemente. Seguramente en inglés ellos no tengan plazas de estabilización y saldrán por concurso oposición». Cree que «ocurrirá que los docentes de Castilla La Mancha que llevan siendo interinos por obligación durante 15 años verán que sus plazas se la queden aspirantes de otras comunidades que sí han tenido oportunidad de sacar su plaza, pero van a venir aquí porque es concurso de méritos».
Insiste «necesitamos un sistema como el que teníamos en 2018-2020, en el que se valoraba la experiencia al máximo, con el que el 85% de los que sacaban plaza eran interinos con experiencia, pero con margen para que los que no la tuvieran, pero sí contaran con una nota alta pudieran entrar. Ese era el equilibrio perfecto y eso hubiera dado cabida a todas las plazas comunes».