De izquierda a derecha: María Teresa Fernández de la Vega (presidenta del Consejo de Estado), Koen Lenaerts (presidente del TJUE), Benigno Pendás (presidente Real Academia de Ciencias Morales y Políticas), Pedro González-Trevijano (presidente del TC) y Francisco Marín Castán (vicepresidente del TS). Fuente: MondeloMedia
José Miguel Barjola.- El presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Koen Lenaerts, ha remarcado este viernes, en un acto celebrado en Madrid, la importancia de blindar el Estado de Derecho en los estados miembros de la Unión y la armonía de su aplicación por los jueces de cada país. Lo ha hecho en una mesa redonda sobre derechos fundamentales, organizada por la Fundación Carlos Amberes con el patrocinio de la Fundación Wolters Kluwer y Mutualidad Abogacía que ha tenido lugar en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
En su visita a la capital española, el máximo representante de la justicia europea ha defendido el objetivo de conseguir un sistema judicial armónico en el territorio comunitario. Lo que no significa, afirmó, decirles a los países cómo deben legislar o qué decisiones tomar.
«Es la misión del TJUE clarificar este núcleo [los valores del Estado de Derecho], pero no hasta el punto de dictar a los estados miembros cómo tienen que organizar sus democracias, su poder judicial y otros asuntos constitucionales que son de la competencia de cada estado miembro», dijo.
El evento ha reunido a grandes espadas de las instituciones judiciales españolas. Francisco Marín Castán, presidente de la Sala primera (de lo Civil), expuso frente a Lenaerts que el Tribunal Supremo ha asumido «con total naturalidad» que exista un órgano superior que interprete la ley según los principios comunitarios. «Hay que reconocer y asumir con naturalidad que haya jueces de primera instancia o audiencias provinciales que puedan discutir la jurisprudencia del Tribunal Supremo frente al TJUE», expuso. Como contrapunto, se quejó de que el cuestionamiento constante de las sentencias del Tribunal Supremo ante el TJUE puede abocar a una «acumulación de asuntos sin resolver», un fenómeno común en «materia de protección de los consumidores».
Sobre la problemática del IRPH, Marín tildó de «sorprendente» y de asunto «que roza lo absurdo» la querella de «una conocida firma de abogados que hace mucha publicidad» contra varios magistrados del Tribunal Supremo por prevaricación y coacciones. Hace unas semanas, el despacho Arriaga Asociados anunció la presentación de una querella contra cuatro magistrados de la Sala que preside Marin Castán. En el texto, se acusaba a los magistrados de prevaricación y de un delito de coacciones.
De izquierda a derecha: Pedro González-Trevijano (presidente del TC), Koen Lenaerts (presidente del TJUE), Cristina Sancho (presidenta de la Fundación Wolters Kluwer) y Miguel Ángel Aguilar (presidente de la Fundación Carlos de Amberes). Fuente: MondeloMedia.
Por su parte, María Teresa Fernández de la Vega, presidenta del Consejo de Estado, remarcó la labor del órgano consultivo para la elaboración de textos legales de calidad. Asimismo, defendió la idea de que el Estado de Derecho no puede adoptar un modelo que no sea «social, ecologista e igualitario».
«En el ámbito de la Unión Europea hay Estados que representan un reto para la defensa de los valores que incluyen los Derechos Fundamentales. Y uno de esos valores y principios esenciales es la igualdad», dijo la jurista y ex vicepresidenta del gobierno, quien mencionó de forma expresa a Polonia y Hungría. En un llamamiento por construir «un Estado de Derecho Social», De la Vega remarcó que «la democracia es deficitaria si se pone solo el acento en la libertad, olvidando la igualdad». «La igualdad necesita una democracia de calidad, sustantiva, no una carcasa», concluyó.
Pedro González-Trevijano, presidente del Tribunal Constitucional, mostró su entusiasmo en fomentar «el diálogo entre jurisdicciones» para conseguir una interpretación armónica de las leyes nacionales y comunitarias. Un camino donde es importante «evitar decisiones contradictorias», dijo. Según expuso, los tribunales constitucionales europeos «se están alineando para bien con las cuestiones prejudiciales», ya que el 18 por ciento de las sentencias del tribunal constitucional español tiene «referencias explícitas al tribunal de Luxemburgo y Estrasburgo», y la cifra «asciende al 68% en el ámbito de los recursos de amparo», lo que demuestra el buen camino de las instituciones españolas en su alineación con los valores de la Unión. «Se puede decir que el TC español está adoptando su comportamiento a unos parámetros europeístas».