I.
Antecedentes
Las patentes afectadas en este caso son patentes esenciales para normas. Dichas patentes son fundamentales para fabricar productos que cumplen una determinada norma internacional. Dado que el uso de las tecnologías protegidas por estas patentes es obligatorio para la producción, por ejemplo, de teléfonos móviles, los titulares de patentes se han comprometido a conceder licencias a los fabricantes en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias (condiciones FRAND, por sus siglas en inglés). Los fabricantes de teléfonos móviles deben, por tanto, obtener una licencia para utilizar estas patentes (sujeta a un canon de licencia negociado con el titular de la patente de que se trate). Si un fabricante no obtiene una licencia o se niega a pagar por ella,
II.
Situación de la controversia
En agosto de 2020, el Tribunal Supremo Popular de China decidió que los tribunales chinos pueden prohibir, mediante un «mandamiento judicial antiproceso», que los titulares de patentes recurran a los tribunales fuera de China para hacer respetar sus patentes. El Tribunal Supremo Popular también concluyó que el incumplimiento de dicha orden puede sancionarse con una multa de 130 000 euros diarios. Desde entonces, los tribunales chinos han emitido cuatro mandamientos judiciales antiproceso contra titulares de patentes extranjeros.
China impide que las empresas de la UE que tienen derechos de tecnologías clave (por ejemplo, 3G, 4G y 5G) puedan protegerlos cuando sus patentes se utilizan de manera ilegal o cuando no reciben una compensación adecuada por ello, por ejemplo, por parte de los fabricantes chinos de telefonos moviles. Los titulares de patentes que recurren a los tribunales fuera de China a menudo han de pagar multas elevadas en China, lo que le presiona a conformarse con tasas de concesión de licencias por debajo de los precios de mercado.
Esta política china es sumamente perjudicial para la innovación y el crecimiento en Europa, y priva a las empresas tecnológicas europeas de la posibilidad de ejercer y hacer valer los derechos que les aprovechan una ventaja tecnológica.
Desde agosto de 2020, los tribunales chinos han dictado decisiones —conocidas como «mandamientos judiciales antiproceso»— para presionar a las empresas de la UE con patentes de alta tecnología y evitar que protejan sus tecnologías de manera legítima. Los tribunales chinos también amenazan con imponer multas cuantiosas para disuadir a las empresas europeas de recurrir a los tribunales extranjeros.
Esto ha dejado a las empresas europeas de alta tecnología en una situación de desventaja importante a la hora de luchar por sus derechos. Los fabricantes chinos solicitan estos mandamientos judiciales antiproceso a fin de mejorar de un acceso más barato o incluso gratuito a la tecnología europea.
III.
Incompatibilidad con el Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)
La UE ha planteado esta cuestión a China en varias ocasiones, en un intento de encontrar una solución, sin éxito. Dado que, según la UE, la manera de actuar de China es incompatible con el Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), la UE ha solicitado el inicio de consultas en la OMC.
Las consultas para la solución de diferencias que ha solicitado la UE constituyen el primer paso en el proceso de solución de diferencias de la OMC. Si no conducen a una solución satisfactoria en un plazo de sesenta días, la UE puede solicitar que la OMC constituya un grupo especial para que se pronuncie sobre este asunto.
[Véase, Pilar Jiménez Blanco, «La batalla por las licencias globales de patentes esenciales: las controvertidas medidas antiproceso chinas»
, supra]