La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha adoptado por unanimidad el acuerdo de reiterar al Ministerio de Justicia la reclamación de medidas que permitan evitar el colapso que puede producirse en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, toda vez que no se ha recibido ninguna respuesta del Ministerio a la reclamación inicial, acordada el pasado 31 de enero, ni a una segunda formulada tras el encuentro de la Sala con la titular del Ministerio el 22 de febrero.
Las peticiones al Ministerio se producen ante la situación de la Sala III, que desde este mes cuenta con sólo 25 magistrados, tras las jubilaciones de Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez, lo que supone el mínimo legal para constituir sus cinco secciones, ya que cada una de ellas debe tener al menor cinco magistrados. A ello se une la extraordinaria carga de trabajo derivada de la entrada en la Sala, a partir del pasado mes de diciembre, de cientos de asuntos, tanto de empresas como de profesionales, que reclaman que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado por la aplicación de las medidas que se pusieron en marcha para hacer frente a la pandemia de COVID.
La Sala de Gobierno reclama al Ministerio que impulse una reforma legislativa para modificar el artículo 64 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LA LEY 2689/1998), para que los juzgados o tribunales puedan suspender causas que presentan identidad jurídica sustancial con recursos pendientes de casación ante el Supremo, y hasta que el alto tribunal se pronuncie al respecto. La finalidad sería evitar que los juzgados y tribunales dicten sentencias que puedan resultar contrarias a la decisión que en el futuro pueda adoptar el Tribunal Supremo, en aras de una mayor seguridad jurídica.
Un segundo aspecto de la reforma propuesta afecta a la labor de la Sección de Admisión de recursos (artículo 94 de la misma Ley) que, cuando detecte la existencia de un gran número de recursos sobre una cuestión jurídica sustancialmente igual, podrá acordar la admisión de uno o varios de ellos, suspendiendo el trámite de admisión de los demás hasta que se dicte sentencia en los primeros. La Sala de Gobierno entiende que sería un mecanismo similar a la tramitación de los denominados ‘procedimientos testigos’, que permitirá dar una respuesta más ágil ante la entrada de un gran número de recursos sobre una misma cuestión y de hecho evite que la admisión, tramitación y resolución de esos recursos ‘colapse’ el Tribunal Supremo.
Para afrontar la entrada de los litigios de responsabilidad patrimonial del Estado derivada de medidas COVID, en enero se solicitó también al Ministerio de Justicia que dotase a la Sala de una nueva Secretaría, con un letrado/a de la Administración de Justicia y el personal funcionario adecuado, así como la dotación de al menos tres plazas de letrados coordinadores en el Gabinete Técnico del tribunal para ser provistas por magistrados del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
El motivo de reiterar la petición al Ministerio se basa además en que la Sala de Gobierno quiere conocer si existe una respuesta positiva o negativa a sus peticiones, para estudiar, en el segundo caso, medidas alternativas para hacer frente a la situación.