«Podemos ser referentes de la transformación digital en el mundo». Así de contundente se muestra Aitor Cubo, director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, en el último encuentro para analizar la digitalización de los tribunales en España organizado por LA LEY, que tuvo lugar este miércoles en formato online. Según ha expresado el alto cargo del ministerio de Justicia, todas las administraciones dispondrán para finales de 2023 del expediente digital electrónico. Ir al juzgado a recoger documentación será cosa del pasado. Como destaca, tenemos todos los elementos de cara para «impulsar un proyecto que siente las bases de diez años de grandes avances».
En una conversación con Yolanda Ríos, magistrada especialista en el ámbito mercantil, e introducida por Cristina Retana, directora de Contenidos e Innovación de Wolters Kluwer para España y Portugal, el experto ha repasado los avances conseguidos y las tareas pendientes para impulsar la revolución tecnológica en los juzgados.
Como apunta el director, la digitalización que trajo la pandemia y la inyección de los fondos europeos han sido dos fuerzas de empuje. Repartir el dinero y que todos estén de acuerdo ha sido un avance. Las Comunidades Autónomas se han puesto la pila para resolver sus deficiencias tecnológicas y la comunicación entre oficinas es fluida. Hay reuniones, contactos y propuestas constantes, señala Cubo. Y sobre todo, hay financiación. «El hito de haber llegado a un acuerdo con todos y de haber repartido el dinero nos permite centrarnos en la ejecución. Ya hay un consenso. ¿Qué podemos hacer ahora? Dedicar todos los esfuerzos a la ejecución. Solo hay que construir y construir», transmite.
Vistas telemáticas perfectas
Cubo sabe que el cajón de las cosas que no funcionan no se vacía con buenas palabras. Reconoce las deficiencias con Lexnet. «Obligar a los abogados a utilizar Internet Explorer es un gran problema», admite. Según adelanta, llegarán soluciones y mejoras generales de esta aplicación «antes del verano».
En materia de vistas virtuales, el experto en administración digital lamenta que hay sistemas que necesitan una renovación urgente. «Para que un juez tenga confianza en un juicio telemático la parte tecnológica tiene que funcionar como un reloj», subraya. La base tecnológica existe. Uno de los avances que ya da frutos, remarca, es la utilización de la Inteligencia Artificial para la textualización de grabaciones. El teletrabajo en la administración es otra de las avanzadillas. En el territorio del ministerio, hasta el momento se han realizado 200.000 horas de trabajo a distancia y medio millón de vistas virtuales.
Desde una perspectiva económica, el alto cargo del ministerio confía en que la digitalización del país supondrá un ahorro importante a las arcas públicas y al sector privado. Según expone, la posibilidad de no tener que ir al juzgado presencialmente a por el expediente ha dado lugar a 83.000 accesos por la red.
Cubo valora positivamente la aceptación paulatina de la virtualidad en regiones como Aragón o Cataluña, que ya son, asegura, un ejemplo de digitalización en Europa. En Andalucía, por ejemplo, se permite la incorporación automática de los expedientes administrativos a los judiciales, lo que supone un ingente ahorro de tiempo y papeleo. El desarrollo tecnológico, subraya el director general, traerá un gran desahogo para los bolsillos de las arcas públicas y de los profesionales. «El abogado mientras se desplaza no produce. Ni para él, ni para la empresa, ni para el Estado. […]. El impacto económico de la digitalización de la Justicia para el país será brutal», remarca.
Orientación al dato
Otra de las ideas que Cubo destaca es que hay que derribar la concepción de que digitalizar es sinónimo de convertir papeles en PDF. El paradigma que guíe la transformación, defiende, debe ser la orientación al dato. El experto señala la importancia de potenciar la creación de bases de información que permitan sacar conclusiones a los funcionarios con facilidad e intercambiar expedientes entre oficinas públicas. Todo, por supuesto, a golpe de ratón y de forma instantánea.
Las posibilidades de la justicia predictiva y la automatización de tareas son infinitas. En este camino, el ministerio ha conseguido la tramitación automática de 150.000 expedientes de cancelación de antecedentes penales a través del uso de Inteligencia Artificial. Este hito, remarca Aitor Cubo, «ha ahorrado un trabajo ingente a los funcionarios que se han podido dedicar a otras cuestiones de mucho más valor añadido».
A pesar de los avances, reconoce que hay que mejorar la imagen de la justicia frente a los ciudadanos. El director general se muestra preocupado con que la ciudadanía perciba a la Justicia como algo que «da miedo», y no como un «servicio público». Queda camino por hacer. «No hay información cercana a los ciudadanos y determinadas cuestiones no llegan». Hay, en su opinión, un «un problema de comunicación».
Para resolver esta brecha, mantiene sus esperanzas en proyectos como la creación de una carpeta ciudadana para la Justicia, la implementación de Clave y la puesta en marcha de herramientas que ayuden al ciudadano en sus trámites judiciales. El camino por recorrer, reconoce el alto cargo, es largo; sin embargo, se muestra esperanzado y asegura que España ya empieza a repuntar en ciertas áreas. Cubo asegura que la transformación es ya una realidad a la que los profesionales «deben adaptarse». «La ola es mejor surfearla. Debemos ir todos juntos porque así tendremos más oportunidades», remarca.