La Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) han suscrito un convenio en materia de intercambio recíproco de información para la lucha contra el fraude fiscal y para la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales de las entidades del sector público.
Además, ambos organismos se han propuesto como otro de los objetivos de este convenio la lucha contra el fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de fondos públicos o de la Unión Europea.
Así se recoge en una resolución suscrita 31 de marzo de 2022 y publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Ya en 2015 se suscribió un convenio entre la Agencia Tributaria y la IGAE para el intercambio recíproco de información para la lucha contra el fraude fiscal, el fraude de subvenciones y para la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales de las entidades del sector público. Pero ahora resulta necesario suscribir un nuevo convenio adaptado al nuevo marco normativo establecido por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LA LEY 15011/2015).
La Agencia Tributaria proporcionará a la IGAE el acceso a consulta de sus bases de datos de información sobre declaraciones y autoliquidaciones presentadas por el contribuyente en el IRPF, el Impuesto de Sociedades (IS), retenciones del trabajo, IVA (modelos 390, 303, y 340) o el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
Además, se proporcionarán imputaciones de IRPF, IS e IVA (declaraciones informativas); datos de cuentas bancarias; relaciones de los contribuyentes con terceros y sobre sus cargos institucionales
(participaciones en el capital, socios y administradores de personas jurídicas, representantes, autorizados en cuentas bancarias y similares); información sobre transmisiones de inmuebles y resumen de situación tributaria de un contribuyente: obligaciones y situación censal.