El real decreto ha obtenido un amplio respaldo parlamentario, con 307 votos a favor, 24 abstenciones, las de ERC, EH-Bildu y Junts per Cat, y con un voto en contra de Unidas Podemos, presumiblemente por error. Además, el pleno ha acordado tramitar ese real decreto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Durante el pleno de la Cámara Baja, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha explicado el detalle la iniciativa, organizada en cinco bloques de medidas urgentes de carácter fiscal, laboral, financiero e hidráulico, entre las que destaca la rebaja del 20 por ciento del IRPF a los agricultores, ayudas económicas y líneas de crédito, que las producciones agrarias y ganaderas no se vean comprometidas por la sequía.
Así, confía en que de "respuesta puntual a una cuestión muy importante" y manifiesta la voluntad del gobierno de trabajar por el conjunto del sector primario y por este sistema agroalimentario que nos proporciona alimentos y bebidas y lo hace con un trabajo duro y abnegado.
Planas ha destacado que las empresas agroalimentarias dieron "todo" para surtir a la población de alimentos y bebidas durante la pandemia y ahora, dos años después se ven comprometidas por una sequía que, de acuerdo con las dicciones a medio plazo no cambiará la tendencia.
El ministro ha recordado que el pasado año hidrológico terminó el 30 de septiembre de 2021 con una precipitación inferior en un 5 por ciento a la media y que el nuevo año, desde el 1 de octubre hasta el 1 de marzo la situación "no ha hecho sino empeorar" con un 40 por ciento menos de lluvias respecto a la media que llega al 60 por ciento en el caso de las cuencas del Guadiana y del Guadalquivir y cuando los embalses están poco por encima del 40 pro ciento.
En concreto, ha defendido que las medidas que introduce el Real Decreto afectarán a 918.000 agricultores y ganaderos para los que se reducirá la base imponible en unos 518 millones de euros y la reducción del 20 por ciento en el IRPF supondrá para ellos un ahorro de unos 82,3 millones de euros. Además, incluye líneas de crédito ventajosas, aplazamiento del pago de las cuotas a la Seguridad Social y se equipara la contratación como fijo discontinuo y la contratación eventual, a los efectos de acceso y determinación del derecho al subsidio, entre otras medidas.
Además, el paquete de medidas fija un precio del agua desalada para 2022, un recurso clave para paliar la falta de recursos hídricos convencionales en las explotaciones agrícolas y ganaderas del sureste y se reducirán los cánones de regadío en las cuencas del Guadalquivir y el Guadiana.
En cuanto al agua desalada, se fijan unas tarifas "asumibles" para los usuarios de regadío para el agua desalada en las Instalaciones Desaladoras de Agua de Mar (IDAM) y en las conducciones que deben salvar mediante elevaciones una gran diferencia de cota entre origen del recurso y demanda de destino.
De ese modo, se limitará el coste del agua procedente de desaladoras de titularidad de la Administración General del Estado de hasta 0,450 €/m3, en toma de riego y con el coste del agua en la Conducción Júcar-Vinalopó, donde se fijan precios de 0,295 euros por metro cúbico en toma postrasvase. La fijación de estos precios máximos permitirá a los usuarios asumir los costes del recurso.
Finalmente, el Real Decreto ley incluye medidas para reducir los efectos producidos por la sequía en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir y del Guadiana, que serán de aplicación a determinadas unidades territoriales de escasez (UTES).
Así, destaca la reducción de entre el 50 y el 100 por ciento de las cuotas del canon de regulación y las tarifas de utilización del agua o la puesta en marcha de obras de emergencia en la demarcación del Guadalquivir con una inversión estimada de 9,65 millones de euros.