Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva responsable de la política de competencia, declaró: «Ofrecemos un apoyo sin fisuras a los ucranianos. Están en guerra y lo necesitan. La guerra de Putin contra Ucrania también repercutirá en la economía de la UE, ahora y en los meses venideros. Por tanto, estamos dispuestos a utilizar al máximo la flexibilidad de nuestros instrumentos de ayuda estatal para que los Estados miembros puedan apoyar a las empresas y los sectores gravemente afectados. Junto con los Estados miembros, estamos explorando opciones para prestar el apoyo necesario y adecuado, protegiendo al mismo tiempo la igualdad de las condiciones de competencia en el mercado único europeo».
Con la consulta a los Estados miembros, la Comisión quiere recabar sus puntos de vista acerca de un proyecto de marco temporal de crisis con objeto de determinar qué medidas se consideran necesarias para responder a la crisis actual. Esas medidas podrían completar la posibilidad que ya ofrece a los Estados miembros el artículo 107, apartado 2, letra b), del TFUE (LA LEY 6/1957) de mitigar los daños directos provocados por la agresión militar de Rusia a Ucrania, incluidos determinados efectos directos de las sanciones económicas u otras medidas restrictivas adoptadas en respuesta a esa agresión.
En concreto, el proyecto de propuesta objeto de la consulta podría permitir a los Estados miembros conceder:
• Ayuda temporal de liquidez a todas las empresas afectadas por la crisis actual, que podría adoptar la forma de garantías y préstamos bonificados.
• Ayuda para compensar los costes adicionales derivados de unos precios del gas y la electricidad excepcionalmente elevados. Este apoyo podría concederse bajo cualquier forma, por ejemplo, como subvenciones limitadas, para compensar parcialmente a las empresas, sobre todo a las que son grandes consumidoras de energía, por el aumento de los precios de la energía.
Ambos tipos de medidas estarían también disponibles para las empresas calificadas de empresas en crisis, las cuales es posible que se enfrenten a necesidades de liquidez acuciantes en las circunstancias actuales. Las empresas sancionadas y las controladas por Rusia quedarían excluidas del ámbito de aplicación de esas medidas.
Además, la Comisión plantea a los Estados miembros algunas preguntas generales y otras más específicas, por ejemplo, acerca de la intensidad y los límites máximos de las ayudas, la definición de grandes consumidores de energía, la conveniencia de supeditar las ayudas a esos usuarios a condiciones ecológicas y de que se consideren otros costes de insumos con subidas de precios similares a las del gas y la electricidad, y la necesidad de que en determinados sectores, como la agricultura, se adopten otras medidas.
Los Estados miembros tienen ahora la posibilidad de formular observaciones sobre el proyecto de propuesta de la Comisión y de responder a estas preguntas. La Comisión evaluará con rapidez las respuestas para ultimar su posición sobre el nuevo marco temporal y examinará con carácter prioritario las medidas de apoyo notificadas por los Estados miembros en el contexto de la crisis actual.