La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha declarado: «El Estado de Derecho es el pegamento de nuestra Unión, es el fundamento de nuestra unidad. Nunca nos cansaremos de defenderlo. Las directrices de hoy aportarán mayor claridad en el empeño de la Comisión por abordar todas las vulneraciones de los principios del Estado de Derecho relacionadas con el presupuesto de la UE. Porque tenemos que garantizar que cada euro y cada céntimo se gasten para los fines correctos y de acuerdo con los principios del Estado de Derecho».
El comisario Johannes Hahn, responsable de Presupuesto y Administración, ha declarado: «No podemos hacer concesiones a la hora de proteger los intereses financieros de la Unión y sus valores fundacionales. Con el Reglamento sobre la condicionalidad, disponemos de una herramienta más a nuestro alcance en un momento en el que gestionamos el mayor presupuesto de la UE de la historia. Cuando se cumplan las condiciones del Reglamento, actuaremos con determinación».
Las directrices explican detalladamente cómo se aplicará el Reglamento y, en particular:
• las condiciones para adoptar medidas, incluidas las vulneraciones pertinentes de los principios del Estado de Derecho y el modo en que se estimará si afectan o amenazan con afectar a los intereses financieros de la UE de manera suficientemente directa;
• la complementariedad entre el Reglamento sobre condicionalidad y otros instrumentos de protección del presupuesto de la UE, incluidas las normas financieras de la UE y las normas sectoriales específicas. Estas incluyen las normas para los fondos en régimen de gestión compartida (por ejemplo, la política de cohesión o la política agrícola común) y para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que constituye el núcleo de NextGenerationEU;
• la necesidad de que las medidas propuestas sean proporcionadas, adecuadas y necesarias para abordar los problemas en cuestión;
• los pasos que deben seguirse antes de proponer medidas, incluidas las fuentes de información que la Comisión consultará, el papel de las reclamaciones y los contactos con los Estados miembros: los procedimientos para adoptar y levantar las medidas;
• la necesidad de proteger los derechos de los destinatarios o beneficiarios finales de la financiación de la UE, ya que los países de la UE deberán seguir efectuando los pagos a cargo de programas o fondos de la UE en cualquier circunstancia.
Las directrices se han elaborado a través de un proceso global, que incluye consultas con el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la UE. También tienen en cuenta las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los asuntos C-156/21 y C-157/21 referidas a la legalidad del Reglamento y publicadas el 16 de febrero de 2022.
Contexto
El Reglamento sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión garantiza la protección del presupuesto de la UE en los casos en que la vulneración de los principios del Estado de Derecho afecte o amenace con afectar gravemente la buena gestión financiera de la UE o la protección de sus intereses financieros de manera suficientemente directa. Se aplica desde enero de 2021. Desde entonces, la Comisión ha estado supervisando la situación en todos los países de la UE y recopilando la información pertinente.
La Comisión propondrá al Consejo medidas adecuadas y proporcionadas cuando se cumplan las condiciones del Reglamento y cuando ningún otro procedimiento establecido en la legislación de la Unión permita proteger el presupuesto de la Unión de manera más eficaz. A continuación, el Consejo adoptará una decisión definitiva.
En cualquier caso, los destinatarios y beneficiarios finales de la financiación de la Unión siguen teniendo derecho a recibir sus pagos. A tal fin, los Estados miembros afectados deben seguir efectuando los mismos.