La Ley 2/2022, de 24 de febrero (LA LEY 2851/2022), se aprueba con la intención de hacer frente a la situación de emergencia económica y social ocasionada por la pandemia del Covid-19, que sigue exigiendo la adopción de medidas sociales y económicas de apoyo y de otras derivadas de circunstancias jurídicas imprevistas, como el adecuado cumplimiento de sentencias judiciales.
Reducción de la fiscalidad de los beneficiarios del ingreso mínimo vital
Así, con el fin de reducir la fiscalidad de los beneficiarios del ingreso mínimo vital se declara su exención en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en los mismos términos que las prestaciones económicas establecidas por las comunidades autónomas en concepto de renta mínima de inserción para garantizar recursos económicos de subsistencia a las personas que carezcan de ellos, así como las demás ayudas establecidas por estas o por entidades locales para atender, con arreglo a su normativa, a colectivos en riesgo de exclusión social, situaciones de emergencia social, necesidades habitacionales de personas sin recursos o necesidades de alimentación, escolarización y demás necesidades básicas de menores o personas con discapacidad cuando ellos y las personas a su cargo, carezcan de medios económicos suficientes, de modo que el ingreso mínimo vital junto con dichas prestaciones y ayudas se consideren exentas hasta un importe máximo anual conjunto de 1,5 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples.
Responsabilidad del Estado en relación con la Plataforma Castor
Por otro lado, la sentencia del Tribunal Supremo 1404/2020, de 27 de octubre (LA LEY 141358/2020), reconoció el derecho del Banco Santander, CaixaBank y Bankia a ser indemnizados por el Estado con 1.350,729 millones de euros, cuantía que las tres entidades adelantaron a ENAGAS para facilitar el cierre del almacén submarino de gas Castor, después de que la sentencia del Tribunal Constitucional 152/2017, de 21 de diciembre (LA LEY 178389/2017), declarara inconstitucionales y nulos determinados artículos del Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre (LA LEY 15162/2014), que determinó la extinción de la concesión del almacenamiento «Castor» otorgada en su día a la compañía Escal por el Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo (LA LEY 15276/2014), y otorgó su administración a ENAGAS.
La ejecución de esta sentencia se llevará a cabo por el Ministerio de Hacienda, al que a tal efecto se le concede una ampliación del crédito por importe de 638.000.000 de euros destinado al pago de sentencias de responsabilidad patrimonial del Estado legislador.
Contribuciones de España a las instituciones financieras multilaterales
La disposición final primera de la Ley 2/2022 (LA LEY 2851/2022) recoge la modificación de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre (LA LEY 3654/2000), de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, que el legislador considera urgente ante la situación ocasionada por la pandemia de la COVID-19, en relación con las contribuciones de España a las instituciones financieras multilaterales.
El objetivo de la norma es habilitar de forma urgente el mecanismo para adaptar la tramitación de los expedientes de gasto de aquellas contribuciones en las que los calendarios establecidos internacionalmente determinen que el primer desembolso de una contribución se realice en un año natural distinto a aquél en el que se adquirió el compromiso, atendiendo a lo establecido en el artículo 47.6 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LA LEY 1781/2003).
Régimen Económico y Fiscal de Canarias
La nueva Ley modifica asimismo la Ley 19/1994, de 6 de julio (LA LEY 2415/1994), de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, para ampliar en un año los plazos para efectuar la materialización de la reserva para inversiones en Canarias dotada con beneficios obtenidos en períodos impositivos iniciados en el año 2016 y la dotación a dicha reserva relativa a las inversiones anticipadas realizadas en 2017 y consideradas como materialización de la misma, por los graves efectos que la pandemia ha producido en la realización de las inversiones y los resultados económicos en el año 2020.
Además, el nuevo texto modifica el Impuesto General Indirecto Canario en lo relativo a las reglas de localización de determinadas prestaciones de servicios, para evitar supuestos de doble imposición y coordinar su regulación con lo ya establecido en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (LA LEY 3625/1992).
Modificaciones legislativas
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— Ley 14/2000, de 29 de diciembre (LA LEY 3654/2000), de Medidas fiscales, administrativas y del orden social: se modifica el artículo 45
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— Ley 19/1994, de 6 de julio (LA LEY 2415/1994), de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias: se introduce una nueva disposición transitoria octava
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— Ley 20/1991, de 7 de junio (LA LEY 2025/1991), de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias: se modifica, con efectos desde el 1 de enero de 2021, el apartado Tres.Dos del artículo 17
Entrada en vigor
La Ley 2/2022, de 24 de febrero (LA LEY 2851/2022), entró en vigor el 25 de febrero de 2022, el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.