Mar Lupión
Andalucía, Madrid y Castilla La Mancha han sido las últimas comunidades en adelantar la convocatoria de oposiciones docentes. Evitan así el nuevo Real Decreto de Ingreso que busca (de forma transitoria) regularizar la situación de los interinos de larga duración. Una medida que prevé la oferta, de aquí a 2024, de unas 125.000 plazas.
Además de estas tres, otras 10 autonomías han hecho o pretenden hacer lo mismo, alegando falta de tiempo para organizar las pruebas: Asturias, Navarra, Comunidad Valenciana, Baleares, Cantabria, Aragón, Extremadura, Galicia, Canarias y La Rioja. Mientras, Castilla y León y Murcia siguen estudiando qué pasos dar y tan solo Cataluña y País Vasco han expresado su intención de esperar a la aprobación del nuevo proceso de admisión. Cabe destacar que la mayoría de las que ya han tomado la decisión están gobernadas por el PSOE, el principal partido de la coalición que sostiene el ejecutivo central.
Qué harán las comunidades
Madrid es quizá la que ha llevado esta decisión más lejos y ha asegurado que la normativa actual se mantendrá tanto para 2022 como para 2023 y afectará a casi 5.500 plazas en Primaria, Secundaria y Formación Profesional. Según lo anunciado, los opositores optarán a 1.625 plazas para maestros y los exámenes tendrán lugar en junio de este año. Las de profesor ascienden a 1.851 y las pruebas se celebrarán el año que viene. Según cálculos de la Consejería de Educación madrileña, se dispondrá de unas 2.000 plazas más procedes de la Oferta de Empleo Público. Enrique Ossorio, titular del Departamento, defiende que el nuevo Real Decreto es «tremendamente injusto sobre todo para aquellos aspirantes bien preparados que se quieren presentar al proceso y apenas cuentan con experiencia».
En Andalucía, la decisión bloquea 2.600 plazas de estabilización del Cuerpo de Maestros y permite la convocatoria de las 1.100 plazas del Decreto de Oferta de Empleo Público de 2021 correspondientes a la tasa de reposición. Desde el ejecutivo regional valoran el adelanto de la publicación del Decreto de Oferta de Empleo Público de 2022 para sumar las plazas de la tasa de reposición.
Sobre las cifras que ya se van conociendo, la Comunidad Valenciana asegura que el adelanto responde a razones de seguridad jurídica y convoca una oferta de 1.228 plazas de reposición de jubilaciones (453 de Primaria y 388 de Infantil, en lugar del total de 2.500 previsto). 700 salen a concurso en Canarias, unas 658 en Aragón y 371 en Navarra. En Galicia se han anunciado más de 2.600 plazas docentes en 61 especialidades.
Críticas
La maniobra de estas regiones no ha sido bien recibida por los sindicatos. Mario Gutiérrez, de CSIF, reprocha al gobierno central su «falta de liderazgo total y absoluta» y señala que esta situación responde a «una completa anarquía o rebeldía por parte de las comunidades del principal partido que sustenta al gobierno y una utilización política de las comunidades gobernadas por el partido de la oposición». Gutiérrez denuncia que «por primera vez en la historia de España, se puede producir una situación en la que haya diferentes formas de acceso en los mismos años para cuerpos nacionales y eso es algo que es competencia exclusiva del gobierno».
Mario Gutiérrez, de CSIF, reprocha al gobierno central su «falta de liderazgo total y absoluta» y señala que esta situación responde a «una completa anarquía o rebeldía»
Sobre los argumentos de las comunidades que alegan falta de tiempo, insiste en que «es falso y mentira». Nos explica que, desde el sindicato, han hecho un análisis legal: «en 2017 con el PP en el gobierno se firmó una transitoria similar a esta para adecuarla con el acuerdo alcanzado con Función Pública. Se convocó a la Mesa Sectorial el 23 de noviembre, estuvo en vigor el 8 de febrero. Esta vez se ha publicado a la Mesa un mes después. Por tanto, podría estar en el BOE un mes después, el 8 de marzo, si el gobierno quiere. Las convocatorias de oposiciones siempre se han sacado en marzo y abril. Si lo han adelantado tanto es para evitarlo, que no pongan excusas». De nuevo, reprocha al Ministerio que, ante estas justificaciones «no haya levantado la voz y no haya impuesto su autoridad competente para exigir que el problema de la temporalidad creado por las consejerías se solucione a través de esta ley del Parlamento. Es competencia del Ministerio que el acceso a la función pública docente se haga en igualdad de condiciones para todos los aspirantes».
En UGT se muestran de acuerdo. Maribel Loranca insiste en que «las convocatorias de oposición se tienden a publicar entre febrero y marzo, incluso a principios de abril. Qué casualidad que este año, sabiendo que se estaba debatiendo en las Cortes y conociendo esta la ley, hay comunidades autónomas que se han apresurado a sacar sus convocatorias de oposición. Es evidente que la intención es sortear el Real Decreto. Nos hemos esforzado para encontrar una solución que cumple con el principal objetivo de la Ley, que es estabilizar miles de plazas, cambiando o adaptando transitoriamente un sistema distinto al que hay».
Plazas
Algo más conciliadores se expresan desde STEs Intersindical. José Ramón Merino señala que «excepto Madrid, que ha convocado para este año y el que viene, ponemos en duda que en el resto de comunidades haya una intención de boicotear. Creo que hay un problema técnico de tiempos». Merino expone que el borrador del Real Decreto de Ingreso «ha estado en consulta pública hasta el 21 de enero y después tiene que pasar por la Abogacía del Estado, por el Consejo de Estado, tener el informe favorable de los 21 ministerios y de Hacienda, entre otros procesos. Eso lleva un tiempo y de ahí que sea posible que no se publique antes del mes de abril en el BOE. Las comunidades saben que nadie les asegura que sea en abril. Podría retrasarse, y ellas también necesitan un tiempo para hacer las convocatorias, establecer un período de matriculación de tres semanas por los menos, después tienen que publicarse listas de admitidos y excluidos, establecerse un período de reclamaciones, hacer la baremación. Eso lleva tiempo, mínimo son dos meses. Por eso creo que no hay un intento de boicot ni de saltarse la norma, sino que obedece a eso. No pueden esperar porque tienen ese problema de plazos».
Y de fondo de toda esta problemática están los opositores e interinos. Mario Gutiérrez lamenta que «con toda esta guerra y todo este absurdo, la gente se olvida del problema fundamental de la medida, que es que el que sale perjudicado es el opositor, independientemente de que sean interinos o no, o del tiempo trabajado». Añade que, con este movimiento, «están privando a los opositores de la mitad de las plazas que se podrían ofertar. Por ejemplo, en el caso de Madrid, tenían ofertadas cerca de 3.000 plazas y ahora solo pueden sacar 1.100. Que yo sepa, esto perjudica a los nuevos y a los interinos. Les están robando a los opositores más de la mitad de las plazas en algunos casos y eso es una verdadera vergüenza».