En línea con lo expresado durante el intenso debate de día 19 de octubre en el pleno con el primer ministro polaco y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, los eurodiputados lamentan el veredicto anunciado el 7 de octubre ya que constituye un «ataque contra la comunidad europea de leyes y valores en su conjunto», y denuncian que el tribunal se ha convertido en un «instrumento para legalizar las actividades ilícitas de las autoridades». La Cámara aplaude a las decenas de miles de ciudadanos polacos que se manifiestan pacíficamente para luchar por sus derechos y libertades como ciudadanos europeos y por una Polonia fuerte y democrática con un papel central en el proyecto europeo.
El texto reitera su pleno apoyo a los jueces polacos que siguen aplicando la primacía del Derecho de la Unión y presentan peticiones de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE, a pesar de los riesgos que esto supone para su carrera profesional. Los eurodiputados hacen hincapié en que, según la constitución polaca, los Tratados de la UE son aplicables directamente en su ordenamiento jurídico y sus disposiciones prevalecen en caso de conflicto con la legislación nacional. Acusan al primer ministro polaco de hacer «un uso indebido del poder judicial como herramienta para llevar a la práctica su agenda política» e inciden en que Polonia está voluntariamente vinculada por las disposiciones de los Tratados constitutivos y la jurisprudencia del TJUE.
Medidas para restablecer el Estado de derecho, sin perjudicar a los ciudadanos
El Parlamento reitera que no debe concederse dinero de los contribuyentes de la Unión a «Gobiernos que vulneren de forma flagrante, deliberada y sistemática» los valores de la UE, y pide a la Comisión y el Consejo que actúe, entre otras maneras mediante: la apertura de procedimientos de infracción y la solicitud de medidas cautelares a la Justicia comunitaria; la aplicación del Reglamento de condicionalidad del presupuesto; la no aprobación del plan de recuperación y resiliencia polaco; avances en la determinación de un riesgo claro de infracción del Estado de derecho, en base al procedimiento a Polonia por el art. 7 del Tratado; la interrupción o suspensión de pagos al país, dado el riesgo de deficiencias en los sistemas de control, y la discusión del asunto en la cumbre que empieza hoy, y la publicación de una declaración en los términos más enérgicos firmada por los jefes de Estado o de Gobierno.
Los eurodiputados subrayan que estas medidas no buscan castigar al pueblo polaco, sino restablecer el Estado de derecho en Polonia habida cuenta de su continuo deterioro, y apelan a la Comisión para que encuentre mecanismos para garantizar que el dinero europeo llega directamente a sus beneficiarios. Contexto La resolución destaca que, según diversos sondeos de opinión efectuados en Polonia en septiembre y octubre de este año, sólo el 5% de los encuestados querrían que el país salga de la UE. Hasta el 90% creen que su pertenencia a la Unión es positiva y el 95% considera que el apoyo comunitario ha tenido un impacto positivo en el desarrollo de su ciudad o región, porcentajes que están por encima de la media de la UE.
Medidas urgentes y coordinadas
En la Resolución se pide a la Comisión y al Consejo que adopten medidas urgentes y coordinadas con el objeto de:
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— iniciar procedimientos de infracción en relación con la legislación sobre el ilegítimo 'Tribunal Constitucional', su composición ilícita y su papel en la prevención del cumplimiento de las sentencias del TJUE, y solicitar al TJUE que imponga medidas cautelares, así como iniciar un procedimiento de infracción en relación con la Sala de Control Extraordinario y Asuntos Públicos del Tribunal Supremo, el Consejo Nacional de la Judicatura y la Fiscalía Estatal de Polonia;
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— activar el procedimiento previsto en el art. 6, ap. 1, del Reglamento sobre condicionalidad del estado de derecho para Polonia, por parte de la Comisión, al tiempo que recuerda que el art. 5 del Reglamento protege el acceso a la financiación para los destinatarios y beneficiarios finales y ordena a la Comisión que hacer todo lo posible para garantizar que se realicen los pagos;
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— abstenerse de aprobar el proyecto de plan de recuperación y resiliencia de Polonia hasta que el Gobierno de Polonia implemente las sentencias del TJUE y los tribunales internacionales de manera completa y adecuada, y garantizar que la evaluación del plan garantice el cumplimiento de las recomendaciones específicas de cada país, en particular sobre salvaguardar la independencia judicial;
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— adoptar recomendaciones inequívocas, que no requieren unanimidad, para abordar las infracciones del estado de derecho por parte de Polonia, con un calendario claro, y declarar que existe un riesgo claro de una infracción grave del estado de derecho por parte de Polonia, de conformidad con el procedimiento establecido en el art. 7, ap. 1, del TUE, por parte del Consejo, y ampliando el alcance de este procedimiento para cubrir los derechos fundamentales y la democracia;
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— utilizando sus poderes, incluida la interrupción o suspensión de pagos o la realización de correcciones financieras cuando sea necesario, de conformidad con el Reglamento de disposiciones comunes aplicable, dado el riesgo de deficiencias graves en el funcionamiento eficaz de los sistemas de control en Polonia debido a la falta de independencia judicial que pone poner en riesgo la legalidad y regularidad del gasto;
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— debatir la crisis del estado de derecho en Polonia en presencia del presidente del Parlamento Europeo y tomar una posición clara, emitiendo una declaración conjunta en los términos más enérgicos sobre el asunto firmada por los jefes de Estado y de gobierno de la UE en su próxima cumbre sobre 21-22 de octubre de 2021, y seguimiento urgente en el próximo Consejo de Asuntos Generales.
Bien entendido que el Parlamento subraya que estas solicitudes no pretenden ser medidas punitivas contra el pueblo de Polonia, sino medios para restaurar el Estado de derecho en Polonia a la luz de su continuo deterioro; pide a la Comisión que utilice todas las herramientas a su disposición para establecer formas de garantizar que los ciudadanos polacos y los residentes en Polonia no se vean privados de los beneficios de los fondos de la UE debido a las acciones del gobierno actual, y que establezca vías para que estos fondos ser administrados directamente por la Comisión a sus beneficiarios finales.