En su paquete habitual de decisiones sobre procedimientos de infracción, la Comisión Europea emprende acciones jurídicas contra diversos Estados miembros que no han cumplido las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la Unión. Estas decisiones, que abarcan distintos sectores y ámbitos de actuación de la Unión Europea, pretenden velar por la correcta aplicación del Derecho de la Unión en beneficio de los ciudadanos y de las empresas. Dentro del paquete de procedimientos de infracción de septiembre, figura las siguiente:
La Comisión pide a España que cumpla sus obligaciones en virtud de la Directiva sobre aves (Directiva 2009/147/CE (LA LEY 26037/2009)), la Directiva sobre los hábitats (Directiva 92/43/CEE (LA LEY 3974/1992)) y una sentencia anterior del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (C-461/14). El cumplimiento de la legislación de la UE sobre protección de la naturaleza es crucial para la conservación y la restauración de la naturaleza y la biodiversidad. Tanto el Pacto Verde Europeo como la Estrategia Europea sobre la Biodiversidad de aquí a 2030subrayan la importancia de que la UE ponga fin a su pérdida de biodiversidad preservando los espacios naturales y restableciendo los ecosistemas dañados hasta alcanzar un buen estado ecológico.
El 24 de noviembre de 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que España no había tomado las medidas adecuadas para evitar el deterioro de los hábitats naturales y las alteraciones de las especies de aves protegidas causadas por la construcción de una línea ferroviaria que atraviesa la zona de protección especial Campiñas de Sevilla, en Andalucía. España ha definido una serie de medidas de mitigación y compensación para contrarrestar los daños causados y aplicar la sentencia del Tribunal. Sin embargo, casi cinco años después de la sentencia, España aún no ha aplicado plenamente dichas medidas.
Así pues, la Comisión ha decidido enviar a España una carta de emplazamiento por no cumplir la sentencia del Tribunal. Se trata de un procedimiento de infracción incoado en virtud del art. 260, ap. 2 del TFUE (LA LEY 6/1957), lo que significa que la Comisión puede remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y solicitar sanciones financieras, tras haber ofrecido a España la posibilidad de responder a la carta y adoptar las medidas necesarias.