Rubén M. Mateo.— Evitar que un desastre de tal magnitud volviera a repetirse. Ese es el objetivo que se marcaron los líderes mundiales tras el fin de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Se pusieron manos a la obra y negociaron para alumbrar un documento que recogiese los derechos fundamentales de todas las personas, sin tener en cuenta su procedencia, clase social o género. El 10 de diciembre de 1948 era aprobada la Declaración Universal de los Derechos Humanos (LA LEY 22/1948). Una Declaración histórica que no hubiese sido posible sin el liderazgo de una de sus impulsoras: la escritora y activista Eleanor Roosevelt. Además de su gran legado —la propia Declaración—, la primera dama de Estados Unidos tuvo un rol político durante el mandato de su marido en la Casa Blanca. Así, se involucró en la defensa de los derechos de los afroamericanos y la clase obrera. Como una de las pioneras del movimiento feminista colaboró en la Liga de Comercio Sindical de Mujeres y la Liga de Mujeres Votantes, además de utilizar su pluma para dejar escritos un puñado de artículos sobre Igualdad.
Y recordando a quien fuera la primera mujer de la historia en convertirse en delegada de la Asamblea General de las Naciones Unidas comenzó el Webinar: 76 años de Naciones Unidas. Mujer, Derechos Humanos y Justicia. «De la Declaración Internacional de los Derechos Humanos de 1948, Elena Roosevelt dijo, en un discurso cargado de emoción ante delegados de la ONU, que constituía un documento en el que se recogen los principios básicos de los derechos y libertades del ser humano que establecen estándares comunes en todos los pueblos y a los que las naciones deben aspirar. Fue un momento en el que triunfó la diplomacia, el diálogo y el consenso. Los allí presentes supieron convertir la riqueza en diversidad. Como dijo esa gran mujer, «el verdadero cambio, el querer procurar que todo el mundo disfrute de sus derechos humanos, debe proceder de los corazones de la gente», dijo María Eugènia Gay Rosell, Decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana. Gay Rosell dio paso a Rosa Peña, diputada del ICAB y responsable de RRII, encargada de moderar la Mesa Justicia e Igualdad. En esta, participaron Katharina Miller, Abogada y presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Europeas (ELI) y Cristina M. Ruiz Pérez, Abogada, consultora y formadora en creatividad innovadora. En la segunda Mesa, moderada por Susana Ferrer, diputada del ICAB y responsable de ODS, hicieron lo propio Erika Torregrossa Acuña, Presidenta de la Comisión de Justicia Penal Internacional y Derechos Humanos del ICAB, Cristina Sancho Ferrán, Presidenta de la Fundación Wolters Kluwer y Concepción Campos Acuña, Presidenta de la Asociación de Mujeres en el Sector Público.
De la CEDAW al Convenio de Estambul
En el marco del 76 aniversario de Naciones Unidas, Cristina Ruiz repasó algunos de los principios, proyectos y herramientas que las Naciones Unidas ha implementado para conseguir el acceso a la justicia y en igualdad. De este modo, subrayó que el acceso a la justicia forma una parte esencial del Estado de Derecho y del desarrollo humano sostenible. «El comité de DDHH ha desarrollado una labor fundamental en la instauración del acceso a la Justicia y su desarrollo normativo, así como en la interpretación de la justicia», defendió. Como ejemplos de esta hoja de ruta, puso la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (LA LEY 2640/1979), conocida por CEDAW en sus siglas en inglés. También la carta Internacional de Derechos de las Mujeres, un extenso catálogo de derechos vinculados al acceso a la justicia para las mujeres. Asimismo, otra de las herramientas, ONU Mujeres, organización para la igualdad entre los géneros y para el empoderamiento de la mujer. «Comenzó no hace mucho, en 2011, y está orientada a lograr la igualdad de género ofreciendo una promesa de un progreso acelerado hacia el cumplimiento de los derechos de las mujeres en todo el mundo», explicó Ruiz.
Katharina Miller representa a España en el W20 (Mujeres 20), grupo de afinidad oficial del G20, cuyo objetivo es representar los intereses de las mujeres en el diseño de las políticas públicas que afectan a su desarrollo económico. Miller hizo hincapié en el llamado Convenio de Estambul. Es decir, el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las mujeres y la Violencia Doméstica, que entró en vigor el primero de agosto de 2014. Se trata del primer convenio que contempla como derechos todas las formas de violencia contra la mujer (física, psicológica, sexual, incluida violación y mutilación genital femenina, matrimonio forzado, aborto forzado, acoso, y la esterilización). Un Convenio para que los Estados miembros del Consejo de Europa puedan introducir en sus esquemas jurídicos estos delitos si no estaban anteriormente. La abogada se cuestionó para qué sirven estos tratados si luego hay países que los abordan con ligereza o no los aplican.
Para remediarlo, propuso la introducción de sanciones para los Estados que los incumplan —Turquía firmó como primer país este convenio y declaró su retirada recientemente—. «Como una jurista feminista que quiere cambiar el sistema desde dentro, porque vivimos en un sistema que está hecho por el hombre blanco para el hombre blanco, solo podemos hacerlo con regulación que prevea sanciones. Porque vemos que sin sanciones no podemos cambiar o es muy difícil cambiar un sistema por dentro», defendió. Para Miller, el Convenio de Estambul ayuda promoviendo el acceso a la justicia y, por lo tanto, contribuye a llegar a la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. «Yo soy partidaria de combinar estos tratados internacionales con sanciones. No se suele hacer. Se podría hacer en el futuro y animo a hacerlo. No va a gustar a muchos países. Hay una diferencia entre firmar un tratado y no cumplirlo y que no pase absolutamente nada, a firmarlo y no cumplirlo y tener sanciones económicas que sí hacen daño. Si firmas un tratado internacional, tienes que cumplirlo y llevarlo a rajatabla», concluyó.
Justicia, «ni igual ni para todos»
Según Cristina Ruiz, la Justicia «no está siendo igual ni para todos», y esto no se resolverá a menos que se aborden las causas fundamentales en la discriminación en el acceso y administración de la Justicia. Entre estos déficits, la abogada señaló, entre otros, el inadecuado desarrollo de la infraestructura de la administración de justicia y la limitada planificación de la Justicia con perspectiva de género; la ausencia de compromiso con los sistemas formales o alternativos de Justicia; la falta de estrategias integrales en los múltiples puntos de acceso a la cadena de Justicia para promover el acceso de las mujeres, y en particular, a las mujeres pobres y marginadas, y muy especialmente, para aquellas que experimentan discriminación múltiple o intersectorial; las intervenciones inadecuadas para mujeres detenidas o prisioneras en respuesta a la violencia que ellas mismas enfrentan.
También recordó los ataques sistemáticos que las mujeres viven en países en conflicto y postconflicto. «No es muy conocido que los conflictos agravan las desigualdades entre los géneros, colocando a la mujer en una posición mayor para ser víctimas de distintas formas de violencia por cuestión de género. Tanto por agentes de Estado como por elementos externos. Las mujeres y niñas somos cada vez más víctimas de violencias y abusos. Desde ejecuciones arbitrarias, tortura y mutilación, violencia sexual, matrimonio forzado, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización, interrupción del embarazo forzado», explicó, para subrayar que, en las situaciones de conflicto, la desintegración de los sistemas Policial y Judicial contribuyen a denegar y obstaculizar el acceso de las mujeres a la Justicia. «Pero es que, llegado el postconflicto, que es el momento de esfuerzos renovados por el diálogo, incluso después del alto el fuego oficial, o la llegada de acuerdos, la situación de la mujer no mejora», se lamentó Ruiz.
Durante uno de sus últimos discursos, el pasado 21 de septiembre, el secretario general de la ONU, Antonio Gutierres, describió como inquietante el escenario internacional y se refirió a la preocupante situación que vive Afganistán, en particular para mujeres y niñas. Una de las personas que ha vivido el miedo en sus propias carnes con la vuelta de los talibanes al poder el pasado agosto ha sido Fawzia Koofi, quien fuera la primera mujer en convertirse en vicepresidenta del parlamento del país afgano. En su ADN lleva el gen de la resiliencia. Y es que, como recuerda Miller, sus padres quisieron abandonarla desde su nacimiento por ser mujer —es la número 27 de 30 hermanos y hermanas—. Koofi, además de recomendar a los países que no reconocieran un Gobierno formado por talibanes —recomendación desoída— pasó una lista con gente a la que sacar de Afganistán. «España, en mi opinión, ha hecho una grandísima labor. Sacamos a nuestras activistas, nuestras heroínas. Aprendieron nuestros valores, qué es democracia, qué es el Estado de Derecho, y lo querían aplicar en Afganistán. Como no tenían vínculo con España o con Alemania o con ninguno de nuestros países, estos no se sentían responsables de salvar o evacuar a estas personas y por eso necesitábamos hacer algo desde la sociedad civil», reconoció la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Europeas (ELI), Katharina Miller.
«El Estado de Derecho en muchas ocasiones excluye a las mujeres»
El Convenio de Estambul trajo con su entrada en vigor un grupo de expertos y expertas para la lucha contra la violencia contra la mujer y violencia doméstica. El grupo, conocido como GREVIO, reconoce la lucha de países como España en este ámbito, aunque observa con preocupación que las mujeres migrantes representen el 33% de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003. «Es un dato preocupante porque estas mujeres son más propensas que las españolas a acudir a la policía y los tribunales en búsqueda de protección. Esto plantea si puede haber un sesgo contra las migrantes víctimas. Y si las asesinadas por sus parejas podían haberse salvado si las instrucciones hubiesen sido más rápidas y adecuadas», sostiene Miller, para destacar que las investigaciones realizadas por GREVIO han demostrado que estas mujeres migrantes víctimas de violencia por parte de sus parejas se enfrentan a mayores obstáculos para ejercer sus derechos que las españolas. Por ejemplo, GREVIO ha observado que «las mujeres migrantes desconocen el reciente cambio en nuestra ley que permite el reconocimiento como víctima de violencia en relaciones de pareja, incluso sin orden de protección, un documento oficial del ministerio. Por tanto, esto significa que tenemos que cambiar algo y darles un acceso a la Justicia».
«En la actualidad, el Estado de Derecho en muchas ocasiones excluye a las mujeres», afirmó con rotundidad Cristina Ruiz. Para avanzar en el acceso a la Justicia para las mujeres, la abogada propone dos vías. Por un lado, crear un entorno propicio que tenga el objetivo de reducir la desigualdad y lograr la igualdad de género en todo el mundo. En muchos contextos, señaló, las leyes y las políticas, tanto formales como informales, siguen estando sesgadas en contra de las mujeres. «Incluso algunas leyes son abiertamente discriminatorias, reconociendo explícitamente que las mujeres tienen menos derechos que los hombres. En algunos ámbitos, las mujeres pueden estar sujetas a diferentes normas jurídicas que los hombres. A menudo, las mujeres cuentan con menos derechos que los hombres en cuestiones de matrimonio, de divorcio, de herencia», señaló. Para remedir esta carencia de acceso a la Justicia por parte de las mujeres, Ruiz propuso la aplicación de reglas internacionales, reformar «si fuera necesario» las constitucionales; reformar la legislación discriminatoria y diseñar nuevas leyes; reformar leyes informales discriminatorias; reformar la asignación financiera para las necesidades especiales de Justicia de las mujeres, teniendo en cuenta que, en los casos de violencia de género y sexual, las mujeres necesitan además de asistencia jurídica, la asistencia médica y psicológica.
La Segunda vía atiende al empoderamiento de las mujeres referido al proceso de reforma en sí de la Justicia. Enfocado en quién participa e impulsa esas reformas. «La participación y la voz de las mujeres son fundamentales para la igualdad real efectiva. La participación de las mujeres en la reforma judicial es esencial. Porque aportamos diferentes perspectivas en procesos de reforma. Incluyendo la comprensión de cómo las leyes nos afectan de forma diferente que a los hombres. Las intervenciones en el entorno jurídico y la construcción institucional de la Justicia se mantendrán de forma real y efectiva cuando las mujeres seamos capaces de exigir justicia y de participar en las reformas», concluyó, para cerrar una Mesa que precedió a la de Derechos Humanos y Género, moderada por Susana Ferrer, diputada del ICAB y responsable de ODS, y en la que intervinieron Erika Torregrossa Acuña, Presidenta de la Comisión de Justicia Penal Internacional y Derechos Humanos del ICAB, Cristina Sancho Ferrán, Presidenta de la Fundación Wolters Kluwer y Concepción Campos Acuña, Presidenta de la Asociación de Mujeres en el Sector Público.
Mehta, Bernardino, Shaists: las mujeres de la Declaración Universal de DDHH
La propia Eleanor Roosevelt. Hansa Mehta o Minerva Bernardino. La segunda Mesa se inició con el recuerdo a las mujeres que hicieron posible la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (LA LEY 22/1948) y reconociendo la labor de las abogadas que ponen en riesgo su vida para hacer valer esos Derechos Humanos en todo el mundo. A Hansa Mehta se le recuerda por su anécdota de cambiar la frase del Artículo 1 de la Declaración, haciendo posible que hoy se pueda leer «todos los seres humanos nacen libres e iguales», en lugar de «todos los hombres nacen libres e iguales». Así lo recordó Cristina Sancho, presidenta de la Fundación Wolters Kluwer en su introducción. Gracias a Minerva Bernardino, en palabras de Sancho «una mujer de armas tomar», se consiguió incluir en el preámbulo de la declaración de DDHH la frase de «igualdad de derechos de hombres y mujeres», haciendo referencia explícita a las mujeres — ya antes, en el año 45 en la carta de Naciones Unidas había conseguido hablar de los derechos de la mujer y la no discriminación sexual—. Además, junto con otras latinoamericanas (la brasileña Bertha Lutz y la uruguaya Isabel de Vidal), desempeñó una función esencial en la defensa de la inclusión de los derechos de la mujer y la no discriminación sexual en la Carta de las Naciones Unidas, que en 1945 se convirtió en el primer acuerdo internacional en el que se reconocía la igualdad de derechos de hombres y mujeres.
Sancho también se encargó de recordar a la pakistaní Begum Shaista Ikramullah, quien promovió la incorporación del artículo 16, sobre la igualdad de derechos en el matrimonio, pues consideraba que era una manera de combatir el matrimonio infantil y forzado. Asimismo, mencionó a las europeas Bodil Begtrup, «que dio la batalla del lenguaje inclusivo, que llega hasta nuestros días», o a la francesa Marie-Hélène Lefaucheux, quien consiguió que se incluyera una mención a la no discriminación sexual en el artículo 2.
«Merecen una mención especial abogadas valentísimas como la iraní Nasrin Sotoudeh, condenada en Teherán a 148 latigazos y a 38 años de cárcel. Aún cumple condena por defender pacíficamente a las mujeres que se niegan a utilizar el velo porque es degradante y símbolo de sumisión al hombre. Es conocida por su labor en defensa de los más débiles, niños maltratados, amenazados de muerte… Nasrin defendió en su momento a otra abogada iraní, Shirin Ebadi, que milita por los Derechos Humanos y por la democracia. Fue la primera mujer musulmana en recibir el premio nobel de la paz en 2003», explicó. También mencionó a Sarah Belal, abogada pakistaní que participa en el proyecto Justice Project Pakistan, un proyecto pro bono que presta servicios gratuitos a los presos más vulnerables del sistema iraní. Especialmente a los que se enfrentan a la pena de muerte, tortura policial o presos con enfermedades mentales. «Son abogados excepcionales que luchan para hacer velar la Declaración de DDHH de 1948 hoy en día», destacó.
Como presidenta de la Fundación Wolters Kluwer anunció la presentación de un estudio elaborado a tres bandas junto al ICAB y el Consejo General de la Abogacía, que trata de averiguar mediante entrevistas a abogadas españolas las barreras que se han encontrado y cuál es su experiencia en el desarrollo profesional y en su carrera hacia posiciones de responsabilidad en los despachos grandes o pequeños. «Se trata de poner de relieve los desequilibrios de carácter estructural que sufrimos las mujeres en el ámbito profesional todavía en el año 2021. Pensamos en este grupo que no es más que un reflejo de los estereotipos, de la asignación de roles, de los sesgos por razón de género que perpetúan algunas discriminaciones contra las que debemos ser todos responsables y luchar», aseguró, para anunciar también el lanzamiento de un observatorio sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el sector público. Éste se basa en que las empresas del sector público estén alineadas con los ODS. Sobre todo, en el ODS número 5, que hace referencia a la Igualdad.
Juezas perseguidas en Afganistán
La exposición de Erika Torregrossa Acuña versó sobre el Derecho Internacional Humanitario y las normas que prevén la protección tanto de mujeres civiles como combatientes. La presidenta de la Comisión de Justicia Penal Internacional y Derechos Humanos del ICAB hizo especial hincapié en la situación que se vive actualmente en Afganistán, pero también mencionó circunstancias que se dan en otros lugares del planeta como Nicaragua o El Salvador, donde no se viven situaciones de enfrentamiento armado, pero donde, como por ejemplo en este último, pueden darse condenas por un aborto involuntario. «No son zonas de conflicto. Pero los derechos se deben tener en cuenta porque son fenómenos que anulan su personalidad», dijo Torregrossa antes de introducir su exposición sobre Afganistán.
Aún con la presencia de Estados Unidos en el país afgano, había pocas denuncias sobre actos de violencia contra niñas y mujeres, reconoce Torregrosa. Sobre todo, por mujeres abogadas, activistas o periodistas. Sufrían represalias, pero no confiaban en las autoridades para dar el paso a denunciar. «Existía la ley emblemática de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Fue impulsada por organizaciones internas de Afganistán que, como se puede suponer, con los talibanes, ha sido eliminada y ahora precisamente puede ser una amenaza para todas aquellas que defendían esa ley», dice preocupada.
Concretamente, se refirió a la situación de las juezas. Antes de la entrada de los talibanes, había unas 270 mujeres juezas. Más de 100 formaban parte de la Asociación de Juezas Afganas. «Esas mujeres ahora son las primeras perseguidas. Enviaban mensajes críticos a colegas internacionales», explicó durante su ponencia. «Han manifestado que están siendo atacadas, que no pueden ejercer su profesión. Las juezas se pusieron en contacto, porque en el desempeño de sus funciones, todos aquellos a los que encarcelaron ahora pueden ser excarcelados e ir a por ellas. Están desesperadas por el peligro al que se enfrentan», denunció, para explicar que hace poco lanzaron un comunicado diciendo que se conformaban con que les dejaran ejercer su profesión y saber que iban a respetar su seguridad. «Pero como podéis imaginar, ni siquiera tienen derechos básicos y ni siquiera van a poder ejercer una profesión que está reservada para hombres. Hombres corruptos», concluyó.
Los datos que evidencian la brecha de género
En el siglo XXI aún se sufre la discriminación y la violencia, «también en países que presumen de leyes de igualdad», aseguró Concepción Campos Acuña, quien puso encima de la mesa datos sobre la brecha de género. Por ejemplo, citando las cifras del último Informe sobre Igualdad de Género en la Administración Pública, una investigación de 170 países en la que la conclusión fue que la brecha de género persiste. El informe dice que las mujeres representan el 46% en la Administración Pública, tan sólo el 31% ocupa los puestos de mayor liderazgo. Solo el 30% es personal directivo superior. «No son datos alentadores. Aunque veamos a Angela Merkel, la primera ministra de Finlandia o de Nueva Zelanda, a la presidenta del Banco Europeo y digamos ¡qué poder! Pero no, esto siguen siendo brillos. Todavía sigue habiendo islas», dijo Campos.
Solo 3 países cuentan con más del 50% de mujeres en parlamentos. Hasta 50 países no tienen ninguna mujer en su parlamento. Y las mujeres menores de 30 años son solo el 1% de parlamentarias a nivel mundial, expuso. «Desde luego esto sigue siendo una exposición a los actos de maltrato, violencia y tortura. Porque cuando pensamos en mujeres parlamentarias, pensamos en España, pero tenemos que pensar en Costa Rica o Ruanda. Países en los que que una mujer sea parlamentaria la somete a una exposición muy grave», alertó la presidenta de la Asociación de Mujeres en el Sector Público.
«Sigue habiendo techos de cristal que continúan dificultando el acceso de la mujer a puestos de poder e influencia. Bajo mi punto de vista, las mujeres en los puestos de poder pueden hacer que las cosas cambien más fácilmente», opina, poniendo de ejemplo a los países nórdicos y la toma de decisiones de las mujeres que ocupan puestos de gobierno, que han acelerado el cambio. No se olvidó tampoco de la dificultad actual de alcanzar puestos de poder en el Poder Judicial, y, por tanto, la dificultad de implementar la perspectiva de género. «Solo si los poderes públicos son igualitarios, se podrá llegar a una sociedad inclusiva» dijo.
Asimismo, también expuso los datos del Banco Mundial, los referidos a que 104 países tienen leyes que impiden a las mujeres realizar determinados trabajos. O las 18 leyes que permiten a sus maridos impedir legalmente los trabajos a sus esposas. «Yo suelo decir que las leyes no hacen milagros y que las leyes no siempre son sinónimo de justicia o de protección de derechos. Hay casos de leyes que se valen de esta herramienta para prohibir el acceso al trabajo por parte de las mujeres. Cuan importante es el papel de los poderes públicos. La Organización Internacional del Trabajo estima que 740 millones de mujeres trabajan en economía informal. Sin protección o con un acceso muy limitado a Seguridad Social. Y hasta 59 países carecen de leyes sobre acoso sexual en el lugar de trabajo», expuso Concepción Campos Acuña, que reconoció que se han conseguido avances significativos, pero «ningún país puede ponerse la medalla de haber alcanzado la plena igualdad de género».