El objetivo de este ejercicio es “transformar y modernizar la Administración de Justicia y acercar la Justicia a los ciudadanos, mediante la racionalización de la organización judicial, de sus recursos personales y de los medios materiales para su correcto funcionamiento”.
De esa cantidad, 2.208 millones de euros son para el Ministerio de Justicia — un incremento de 232 millones de euros–, mientras que al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se destinan 76 millones de euros, lo que implica un incremento de un 4,2%.
Además se destinarán otros 210 millones, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para “mejorar la capacidad que tiene la Justicia española para contribuir a la cohesión social, el dinamismo económico y empresarial, así como a la propia reducción de sus costes generales de funcionamiento mediante su transformación digital”.
El Ejecutivo detalla que con estos PGE “se continua el desarrollo del Plan de Justicia 2030” con el que se busca un servicio público de Justicia “accesible, eficiente y sostenible”. Recuerdan que el plan tiene como eje transversal el diálogo y la gobernanza, tanto con administraciones territoriales, administraciones institucionales, como con asociaciones y agentes sociales.