«Un minuto para conclusiones». Con esta lacónica frase encauzan algunos magistrados el final de la celebración de los juicios y vistas orales, sobre todo en la primera instancia en sede social y civil.
Quizá no sea lo más habitual, pero sucede a menudo, demasiado a menudo, y somos varios los abogados que, con razón, nos quejamos de ello. Y es que el trámite de conclusiones, que no se contempla para todo tipo de procedimientos sino tan sólo para aquellos más garantistas, consiste en formular un resumen de toda la prueba practicada poniéndola en relación con aquello que constituía el objeto de prueba: secundum allegata et probata. Como establece el art. 433 LEC (LA LEY 58/2000), se trata en definitiva de concluir sobre los hechos controvertidos, exponiendo de forma ordenada, clara y concisa, si, a juicio de la parte que formula conclusiones, los hechos relevantes han sido o deben considerarse admitidos y, en su caso, probados o inciertos, poniéndolo además en relación con las reglas de carga de la prueba, cuando proceda (art. 217 LEC (LA LEY 58/2000)). Y lo más grave es que esa limitación temporal de «un minuto» se fije ex ante, es decir antes de oír a las defensas y verificar si se ciñen al contenido que señala el art. 433 LEC. (LA LEY 58/2000)
Para el dictado de la sentencia, el juez precisa de un tiempo sin duda muy superior a un minuto a fin de analizar y valorar todo el material probatorio, por exiguo que este sea. Se trata de una actividad de razonamiento humano cuya extensión en el tiempo, sin duda, puede limitarse en aras de la brevedad y la carga de trabajo judicial, pero no hasta el extremo de suprimir de facto un trámite preceptivo de iure. Ni la oralidad con la que normalmente se formulan las conclusiones, ni la concisión a la que se refiere el art. 433 LEC (LA LEY 58/2000) justifican en absoluto conceder a un Letrado tan absurdo lapso de tiempo, sin duda contrario al principio de legalidad procesal (art 1. LEC (LA LEY 58/2000)). Sesenta segundos dan para lo que dan, y son a todas luces insuficientes para evacuar un trámite de conclusiones que tenga una mínima utilidad. Es completamente absurdo e irracional pretender que en un minuto se valore toda la prueba y se ponga en relación con los hechos controvertidos, por sencillo que sea el thema decidendi y por escasa que sea la prueba practicada. Y vaya por delante que lo mismo sucede si se conceden «cinco minutos para conclusiones» en un juicio con cierta complejidad probatoria.
Conceder a las defensas «un minuto para conclusiones» equivale de facto a «suprimir el trámite de conclusiones» en contra de lo dispuesto en la legislación procesal, cuando se prevé en la Ley Rituaria como una fase preceptiva del procedimiento en cuestión, y por ello resulta contrario al derecho a la tutela judicial efectiva, al cercenarse a los litigantes de una parte, no anecdótica, del derecho de defensa.
En caso de considerar que el trámite de conclusiones es prescindible, por estimarlo superfluo para el adecuado enjuiciamiento por parte del Juez, medios tiene el CGPJ para proponer al legislador la supresión de dicho trámite procesal o su conversión en todo tipo de juicios, incluidos los hoy más garantistas, en un trámite potestativo para el Juez, como ya sucede hoy en día en algunos procedimientos, en los que tengo para mí que quien puede lo más (prescindir del trámite) puede lo menos (limitarlo en el tiempo incluso al absurdo de un minuto).