Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), este lunes se presentaron tres solicitudes que han sido desestimadas por el Juzgado de Guardia.
Además, este martes la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Palma, la magistrada Ana San José, ha denegado la solicitud de 'habeas corpus' presentada por el padre de una menor de la Comunidad de Madrid.
En la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada considera que el caso de la alumna "no puede encuadrarse" en la normativa reguladora del procedimiento de 'habeas corpus' porque la menor "no se encuentra detenida por la perpetración de delito alguno" sino por razones de salud pública.
"La actuación de la autoridad administrativa se encuentra dentro del ámbito de su competencia y ha seguido el procedimiento correspondiente para su adopción y ratificación en la jurisdicción contencioso-administrativa", señala el auto.
Por ello, la magistrada considera "improcedente" la petición y deniega la medida, si bien aclara que el padre de la menor puede pedir medidas cautelarísimas en la jurisdicción contenciosa.
La menor viajó en grupo a Mallorca y se encuentra recluida en una habitación del Hotel Palma Bellver en virtud de una resolución de la directora general de Salud Pública, en la que se ordenaba su confinamiento forzoso, en régimen de aislamiento y bajo custodia policial, por potencial contagio como contacto estrecho.
Los abogados palmesanos Luis Baena y Bochiká Bitata, que firmaban el escrito, aseguran en el documento que al intentar entrevistarse con los menores la directora del hotel lo impidió justificándose en que el recinto es una propiedad privada.
La petición recogía que los menores han dado negativo en las pruebas y que "no tuvieron ningún tipo de contacto físico con el grupo de positivos COVID-19, dado que llegaron entre el 26 y 27 de junio y los positivos son del 21.
Además, afirman que la mayoría de menores "no han comido en el hotel que les retiene, o bien únicamente se les ha dado agua para desayunar" y que tampoco "han sido atendidos médicamente cuando así lo han solicitado". "Nos trasladan que hay un menor que manifiesta que va a arrojarse del balcón si no le dejan salir", añadían los letrados, que pedían una "intervención y fiscalización judicial de todas estas detenciones a todas luces arbitrarias y desproporcionadas".