El Senado ha aprobado la tramitación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) (LeCrim) para incorporar la maternidad y la paternidad entre las causas de suspensión de juicio oral. La toma en consideración de la proposición de ley, impulsada por el grupo parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu, contó con el apoyo de todos los grupos, excepto Ciudadanos.
La baja por maternidad o paternidad como causa de suspensión de una vista está prevista únicamente en los procesos civiles y no en los penales, algo que es motivo de reivindicación por parte de la Abogacía. Hasta ahora la decisión de continuar o no con un juicio oral ante la petición de los letrados está a discreción del juez o el tribunal.
“Dependiendo de la ley o protocolo al que se refiera la Administración de Justicia que tenga que resolver dichas solicitudes, se puede conceder o no la suspensión”, sostuvo la senadora de ERC Elisenda Pérez Esteve.
Los demás grupos, con la excepción de Ciudadanos, que defiende una proposición alternativa alternativa a esta reforma en la que también pide ampliar las causas que permiten suspender el proceso, apoyaron la propuesta de ERC y EH Bildu.
La senadora socialista, María Elena Diego Castellanos, mostró su apoyo a la iniciativa porque puede favorecer la corresponsabilidad: “Hay un techo de cristal en el ejercicio de la abogacía para las mujeres, que tienen más obstáculos al decidir su maternidad ya que afecta a su proyección profesional, una desigualdad por razón de sexo que sigue siendo una realidad”.
El senador del PP, Luis Alberto Plaza, también apoyó la iniciativa al entender que favorece la conciliación de la vida laboral y familiar. Y aprovechó para agradecer la labor realizada por abogados y procuradores durante la pandemia y lamentar que no les tuviera en cuenta a la hora de la vacunación preferente.
La senadora contó que el origen de esta proposición está en varios casos de discriminación, y se refirió a uno en concreto, el de una abogada de Girona que en 2016 solicitó la suspensión de un juicio oral sobre el procedimiento penal que se le asignó de turno de oficio, cuya fecha era una semana después de su fecha aproximada de parto. La solicitud le fue denegada porque no estaba contemplado por la ley como una causa de suspensión de juicio.