El número total de asuntos ingresados, 1.573.909, fue un 11,1 % superior al de los tres primeros meses de 2020 y el número de los resueltos, 1.630.872, un 16,5 % mayor. Finalmente, el número de asuntos que quedaron en trámite al final del periodo analizado fue de 3.116.736, lo que supone un aumento interanual del 8,9 por ciento.
La administración de Justicia se vio paralizada durante varios meses debido al confinamiento provocado por la pandemia, que produjo una disminución notable de la actividad judicial. Los órganos judiciales españoles registraron en 2020 un 12% menos de asuntos, según el CGPJ.
La jurisdicción civil es la que mayor incremento ha presentado en este primer trimestre de 2021. Se registraron 677.484 asuntos, lo que supone una subida del 24,6%. Se resolvieron 692.344, un 27,6% más, y quedaron en trámite 1.730.243, un 10.1% más que al final del mismo trimestre del año anterior. El 13,6% de los asuntos en trámite son relativos a acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (cláusulas abusivas).
En la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo se registraron 60.262 asuntos, con un incremento del 18,6%. Se resolvieron 60.531, un 22,5% más que el año anterior, y quedaron en trámite 216.933 asuntos, un 1,5 % más.
La jurisdicción Social ingresó 118.266 asuntos, un 14,6% más que en el mismo trimestre de 2020. Se resolvieron 121.140 asuntos, un 29% más, y quedaron en trámite 372.174 asuntos, un 14,2 % más que hace un año.
La jurisdicción Penal es la que menos cambio ha experimentado, la cifra de nuevos asuntos se ha mantenido en niveles muy similares a los del mismo trimestre del año pasado. Tuvieron entrada 717.842 asuntos, con una disminución interanual del 0,1%; se resolvieron 756.787 asuntos, un 6,1% más que hace un año, y quedaron en trámite 797.285 asuntos, un 6% más.
La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado fue en el global del año 2021 de 33,2 asuntos por cada 1.000 habitantes.
Por territorios, las comunidades que mostraron una tasa de litigiosidad superior a la nacional fueron Canarias (45), Andalucía (36,7) y Comunidad Valenciana y Murcia (34). Las comunidades con la tasa más baja fueron La Rioja (24,4), Navarra (24,9) y Castilla la Mancha (26,1).