«Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos», como vaticinaba Dickens. El año 2020 pareció acordarse del comienzo de esa Historia de dos ciudades para sumergirnos en una situación de crisis sanitaria por la COVID-19 sin precedentes en la historia reciente.
En este año fatídico, el 22 de noviembre, fallecía Vicente Gimeno Sendra y con él uno de los juristas más relevantes de España e Iberoamérica. Abogado, asesor del Ministerio de Justicia, representante español en varios comités de expertos del Consejo de Europa, becario de la prestigiosa sociedad Max Planck y de la Fundación Alexander von Humboldt, Catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Alicante y, posteriormente, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y, a la edad de 39 años, Magistrado del Tribunal Constitucional (1989-1998), son sólo alguno de los exponentes que reflejan la relevancia de su trayectoria profesional.
Resultaría casi temerario enumerar su prolífica obra, en tanto que no habría espacio suficiente para abarcar su ingente producción en esta meritoria revista, la cual ha tenido a bien acoger estas palabras sentidas de homenaje.
Quisiera situar al lector ante la mirada que quien suscribe le propone. La de un estudiante de Derecho que vio en la biblioteca de la Facultad el lomo de sus manuales de Derecho Procesal Penal y Civil, considerados de los mejores manuales de Derecho Procesal y que ha contribuido en la formación de tantos juristas. Su nombre se encontraba ya junto al de otros insignes juristas que resuenan en las paredes de las Facultades de Derecho en España.
Posteriormente, la mirada de un juez en ciernes que reparó en la calidad de sus sentencias como ponente, llegando a dictar más de doscientas, y una larga lista de votos particulares emitidos como Magistrado del Tribunal Constitucional. Además, autor de publicaciones como El proceso de Habeas corpus —pese a que era partidario de que fuera denominado «derecho de manifestación de personas» por la claridad del término y por la razón histórica de su vigencia en la Corona de Aragón— y El Recurso de Amparo, junto a Cascajo Castro, que se han convertido en referencias en la materia. Desde la más alta instancia nacional en la protección de los derechos y garantías constitucionales ha influido decisivamente en la trascendencia de la prueba como garantía de la presunción de inocencia y en la preservación de las garantías constitucionales y procesales en el seno del proceso.
Sirva de muestra su Voto Particular emitido a la STC núm. 181/1994 (LA LEY 13516/1994), en relación al derecho a la última palabra en el proceso penal, en el que sostiene: «Dicha omisión —la pregunta del Presidente del Tribual del derecho a la última palabra— conculca el derecho a la defensa privada o autodefensa que tiene su principal manifestación en el juicio oral en el trámite de la "última palabra", la cual, para poder hacerse efectiva, precisa que el Presidente del Tribunal la posibilite preguntándole al acusado, al término del juicio oral, si tiene algo que alegar en su propia defensa. La conclusión que se deriva de todo ello, es que jurídicamente no nos consta que la pregunta se formulara y si dicha pregunta no se formuló (con independencia de que se efectuaran o no las oportunas protestas) hay que concluir que no se confirió al acusado el trámite de audiencia material previo a la Sentencia que es el único en el juicio oral a través del cual nuestra LECrim. (LA LEY 1/1882) (LA LEY 1/1882) posibilita el derecho del acusado a "defenderse por sí mismo", sin cuya observancia queda desprovisto de sentido el art. 6.3.c) del CEDH (LA LEY 16/1950)».
Su amplia visión trascendía al ámbito procesal y es destacable la STC 214/1991, de 11 de noviembre (LA LEY 1830-TC/1992), en el caso Victoria Friedman, de la que fue ponente, sobre la protección del derecho al honor en relación con la dignidad de la persona y la igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico frente a la libertad de expresión e ideológica. También, entre otros, el Voto Particular formulado, junto a otro del Magistrado López Guerra, a la STC núm. TC 184/1990, en relación a las uniones de hecho y al concepto de familia a propósito de la pensión de viudedad, al considerar que: «Al igual que el Convenio de Derechos Humanos, también nuestra Constitución protege, no sólo a la familia como institución jurídica, sino también a la familia como realidad natural, por lo que, junto a la familia matrimonial, también han de merecer protección constitucional las denominadas "uniones conyugales de hecho"».
En su obra siempre hay referencias al Convenio Europeo de Derechos Humanos (LA LEY 16/1950) y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tan destacable fue su Voto Particular a la STC núm. 245/1991 (LA LEY 3054-JF/0000) en el que tras poner en cuestión que el Tribunal Constitucional ejecutara las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos abogó, como lo había expuesto anteriormente, por la instauración de un cauce procesal como podría ser el recurso de revisión ante el Tribunal Supremo. Lo cual se produciría, veinte años más tarde, cuando fue instaurado el recurso de revisión, en virtud de la Ley 41/2015 (LA LEY 15162/2015) de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882), como cauce para la ejecución de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo.
Finalmente, la casualidad hizo que el maestro y el alumno cruzaran sus caminos en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el reconocido Máster de Derechos Fundamentales. Aceptó dirigir mi trabajo de fin de máster y trabajamos en la reciente instauración del derecho a los recursos en el proceso penal tras la previsión e implementación de la segunda instancia penal en virtud de la Ley 41/2015 (LA LEY 15162/2015) de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882): el recurso de apelación frente a las sentencias dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Recuerdo la incredulidad que me despertaba que Vicente Gimeno Sendra fuera a ser mi tutor y también la exigencia que ello me producía. Sin embargo, bastó una llamada para que con su naturalidad uno no reparase que estaba ante uno de los grandes juristas de nuestro país y advirtiese en el primer cruce de palabras que la humildad la profesaba con la misma elegancia que su saber. Siempre cercano, a la escucha y sus observaciones, certeras indiscutiblemente, las sugería abiertas a resultas de otras. Todo aquel que haya tenido el privilegio de escucharle, ya sea en una conferencia, en sus clases o departir informalmente coincidirá en la capacidad de transmitir sus conocimientos, cosa al alcance de pocos, lo que le convertía en una figura de referencia en la divulgación del Derecho.
Finalizado el Máster, tras el acto de la defensa en Madrid charlamos en aquellos pasillos de la Facultad de Derecho de la UNED. Me animó a que hiciera el Doctorado y se ofreció como director. Su impulso fue determinante. Durante estos años trabajamos juntos, un guía infatigable y excepcional en el laberinto de todo aquel que se sumerge en una tesis doctoral. Había dado el visto bueno al sumario de la tesis, nos despedimos en verano y en otoño nos dejó.
Y con él se ha ido uno de los mejores procesalistas de nuestro país, que abogó desde hace ya bastantes años por la necesidad de un nuevo Código Procesal Penal moderno y, sobre todo, que en cuyo proceso penal imperasen las garantías constitucionales. Su intervención fue determinante en la instauración de los juicios rápidos, participó en la Ley del Jurado, partidario del arbitraje como medida para evitar el colapso de la justicia, impulsó la mediación, abogó por reforzar la independencia judicial como garantía frente a los intentos de la politización de la justicia por parte de los partidos políticos y defensor de una justicia cercana al ciudadano. Ahora, las generaciones futuras le conocerán a través de la capacidad para transmitir conocimientos a través de sus manuales y conferencias, sus artículos, investigaciones, sentencias y votos particulares como Magistrado del Tribunal Constitucional de quien hizo del Derecho su vida, del proceso su dedicación y de la protección de las garantías constitucionales en el seno del proceso su encomiable esfuerzo permanente.
Un homenaje previsto con ocasión de su jubilación, que se ha convertido en póstumo, es la publicación, por Ediciones jurídicas Castillo de Luna, del libro Derecho Probatorio y otros estudios procesales. Liber Amicorum Vicente Gimeno Sendra, en el que han intervenido más de cien juristas, cuya temática principal se centra en las cuestiones actuales relacionadas con la práctica de la prueba en el proceso.
En la conferencia magistral que impartió Vicente Gimeno Sendra, en el ciclo organizado por el Instituto de Ciencia Procesal Penal, el 7 de abril de 2006, en el Auditorio Ella Dunbar Temple de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima (Perú), bajo el título La prueba prohibida, concluyó: «Los jueces y tribunales en España deben saber que la verdad en el proceso penal no puede nunca obtenerse a cualquier precio sino que la verdad ha de surgir en el seno del proceso con el más escrupuloso respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos». En eso estamos. Toda mi gratitud y reconocimiento hacia Vicente Gimeno Sendra, cuyo nombre quedará ligado por siempre al de una de las eminencias del Derecho en España.