Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sentencia 328/2021, 22 Abr. Recurso 715/2020 (LA LEY 32027/2021)
El Supremo confirma la condena impuesta al empresario, como responsable de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, a la pena de un año de prisión.
Es tajante el Supremo a la hora de ponderar el derecho fundamental a la intimidad que ha sido vulnerado, y aunque es cierto que el trabajador conocía la prohibición de utilizar para fines particulares los ordenadores puestos a su disposición por la empresa, y que pese a ello, incumple ese mandato, entiende esta infracción, además de poder ser sancionada en los términos que son propios de la relación laboral, no autoriza sin más al empresario a acceder a los correos electrónicos del trabajador, enviados desde una cuenta privada.
El trabajador en ningún momento sacrificó convencionalmente el ámbito de su privacidad. La indebida utilización del ordenador de la empresa, sólo permitía a ésta asociar su incumplimiento a una consecuencia jurídica, pero no legitimaba la irrupción del empresario en los correos electrónicos generados, nada menos que durante tres meses y en una cuenta privada.
Se valora por la Sala que la conducta del empresario no se limitó a un contacto casual con aquello que no se quería conocer, sino que incluso imprimió varios correos electrónicos, y ordenó a su hija que siguiera haciendo acopio de mensajes, lo que revela que el trabajador fue despojado de su derecho a la intimidad, a la protección de datos y de su derecho al entorno virtual, todo ello con una importante intensidad.
La disponibilidad del derecho fundamental a la intimidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones no puede abordarse con quiebra del principio de proporcionalidad, subraya el Supremo, y en el caso, no existe ningún presupuesto fáctico que permita apreciar la concurrencia de una causa de justificación excluyente de la antijuridicidad de la conducta.
Ni la compartida utilización de claves corporativas, ni la definición en el convenio colectivo como infracción disciplinaria grave, de la utilización de los medios productivos puestos a disposición del trabajador, son suficientes para legitimar la grave intromisión del empleador en la cuenta particular de correo electrónico del afectado.
La Sala ha venido reiterando el carácter indispensable de la autorización judicial para acceder a las comunicaciones personales del trabajador como única vía posible para alzar la barrera de protección que es inherente al derecho a la intimidad que consagra el art. 18.3 de la CE (LA LEY 2500/1978); y la exigencia de autorización judicial para legitimar el acceso del empresario a las comunicaciones personales del trabajador, queda vinculada a lo que podría calificarse como el contenido material del derecho al secreto de las comunicaciones.