La Ley 3/2021, de 20 de mayo (LA LEY 11627/2021), establece y regula la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital —prestación económica no contributiva de la Seguridad Social aprobada por el Real Decreto-ley 20/2020 (LA LEY 8087/2020)--, y el Servicio Público Aragonés de Inclusión Social.
La norma pretende la reforma y coordinación de las prestaciones de competencia de la Comunidad Autónoma de Aragón, de modo que se garanticen prestaciones complementarias a las personas que no puedan acogerse al IMV y los apoyos que precisen en los procesos de inclusión social y laboral, con el fin de superar la pobreza, la exclusión social y la desigualdad.
Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital
La Prestación Aragonesa Complementaria es una prestación periódica de carácter social y naturaleza económica, que se configura como un derecho subjetivo de las personas que carezcan de ingresos suficientes para hacer frente a sus necesidades básicas y cumplan los requisitos exigidos. Tiene carácter subsidiario del IMV cuando este sea denegado y se identifique falta de recursos suficientes y, en su caso, complementario de cualquier otro ingreso, prestación o recursos a los que tenga derecho la unidad de convivencia, por lo que queda condicionado a la solicitud del ingreso mínimo vital o de cualquier otra prestación o pensión a las que tenga derecho la unidad de convivencia con carácter previo.
Tienen la consideración de personas beneficiarias las empadronadas y con residencia efectiva en Aragón que, encontrándose en situación de vulnerabilidad económica (por carecer de rentas, ingresos o patrimonio suficientes conforme a lo establecido en la legislación sobre el IMV), no cumplan todos los requisitos para ser titulares del IMV, en las condiciones que se determinen reglamentariamente. En el supuesto de personas titulares del IMV, estas podrán tener la consideración de beneficiarias del complemento fijado para esa prestación.
El texto excluye la Prestación Aragonesa Complementaria del ámbito de aplicación de la normativa general de subvenciones. Tiene carácter personal e intransferible y no puede ofrecerse en garantía de obligaciones ni ser objeto de cesión total o parcial, de compensación o descuento, salvo para el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas, ni de retención o embargo, conforme a lo establecido por la legislación del Estado.
En el artículo 3 de la ley se garantiza dicha condición a determinadas personas o unidades de convivencia especialmente vulnerables que no puedan acceder al IMV y se deja abierta la posibilidad de que reglamentariamente puedan contemplarse otras situaciones que motiven el reconocimiento de la referida condición.
Asimismo, la norma incorpora las reglas aplicables a la determinación de la cuantía mensual de la prestación, la cual se fija en 522 euros en el supuesto de una persona beneficiaria individual.
Establece la duración de la misma, señalando que se mantendrá mientras subsistan los motivos que dieron lugar a su concesión, siendo revisable anualmente para la comprobación de que persisten dichas circunstancias, así como la fecha de su devengo, produciendo efectos a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de presentación de la solicitud de la prestación, siempre que se haya aportado toda la documentación acreditativa, incluido, en su caso, el informe social de situaciones especiales, y sin perjuicio del derecho de subsanación reconocido en la legislación básica sobre el procedimiento administrativo. El pago de dicha prestación se efectuará por mensualidades vencidas.
Por otra parte, el texto incorpora la regulación de la tramitación de la solicitud de reconocimiento de la Prestación Aragonesa Complementaria, que deberá desarrollarse reglamentariamente. El plazo máximo para dictar la correspondiente resolución por la persona titular de la dirección provincial correspondiente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales es de tres meses.
Los interesados podrán presentar una reclamación contra la mencionada resolución ante la Comisión de Reclamaciones de la Prestación Aragonesa Complementaria. Dicha reclamación sustituye al recurso de alzada regulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LA LEY 15010/2015).
En este contexto, se crea la referida Comisión de Reclamaciones de la Prestación Aragonesa Complementaria, órgano colegiado no sometido a instrucciones jerárquicas, cuya composición, organización y funcionamiento se determinarán reglamentariamente.
Servicio Público Aragonés de Inclusión Social
La norma regula el Servicio Publico Aragonés de Inclusión Social como un servicio que proporciona las prestaciones, programas e instrumentos de apoyo y acompañamiento a las personas y grupos sociales vulnerables en situación de riesgo o exclusión social, orientados a la plena y efectiva inclusión social en todas sus dimensiones, sin vinculación necesaria a la percepción de alguna prestación económica.
Integrado por servicios especializados del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y de los servicios sociales generales, su objetivo es facilitar y promover la inclusión social
y, en su caso, laboral de las personas vulnerables que se hallen en situación de riesgo o exclusión mediante:
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— Prestaciones específicas para las personas en situación o riesgo de exclusión social: se determinarán reglamentariamente y serán como mínimo una prestación de prevención e inclusión social y una prestación de itinerarios individualizados de inclusión.
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— Una estructura de apoyo en los procesos de preparación que favorezcan la inserción social y laboral, coordinada en el marco del Sistema Público de Servicios Sociales de Aragón, conformada por las estructuras correspondientes de las diferentes administraciones públicas aragonesas implicadas y responsables de los servicios sociales especializados y generales, y que contemple profesionales y medios materiales para el desarrollo de los procesos.
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— El diseño y ejecución coordinada de políticas activas desde los diversos ámbitos de actuación pública, en especial con los departamentos competentes en materia de empleo, educación, vivienda y sanidad.
Asimismo, la ley pretende potenciar la participación de las personas inmersas en los procesos de inclusión. Para ello, deberán promoverse desde los centros de servicios sociales canales y actuaciones de comunicación, participación y evaluación de estos procesos.
Comisión de seguimiento
La norma crea la Comisión de seguimiento de la Prestación Aragonesa Complementaria y de la implantación de los procesos de inclusión social como un órgano de coordinación, cooperación administrativa, consulta y participación.
Debe garantizar el oportuno dinamismo que permita la adaptación y el encaje de la Prestación Aragonesa Complementaria con el IMV y su evolución.
Asimismo, debe servir para garantizar la correcta adecuación de dicha prestación aragonesa a las cambiantes circunstancias que generan la exclusión social y la pobreza, así como facilitar la coordinación de los diferentes departamentos implicados en las políticas y estrategias de inclusión. Con este motivo se crea en su seno dos subcomisiones: la Subcomisión de seguimiento de la prestación aragonesa complementaria y la Subcomisión para la implantación de los procesos de inclusión social.
Por último, cabe señalar que las disposiciones adicionales regulan el complemento por gastos de vivienda, que tiene carácter subsidiario y, en su caso, complementario de todo tipo de recursos y prestaciones de contenido económico que tengan relación con el disfrute y mantenimiento de la vivienda habitual, así como la compatibilidad entre el Ingreso Aragonés de Inserción y el IMV en el supuesto que en la misma se contempla, y clarifica el régimen jurídico aplicable a las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales, entre ellas la Prestación Aragonesa Complementaria regulada en la nueva ley, excluyéndolas expresamente del ámbito de aplicación de la legislación de subvenciones.
Modificaciones legislativas
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— Ley 10/2016, de 1 de diciembre (LA LEY 19076/2016), de medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón: se modifica el artículo 6.
Se derogan las siguientes disposiciones:
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— Ley 1/1993, de 19 de febrero (LA LEY 3047/1993), de medidas básicas de Inserción y Normalización Social de la Comunidad Autónoma de Aragón y su normativa reglamentaria de desarrollo, así como el Decreto 57/1994, de 23 de marzo (LA LEY 4873/1994), de la Diputación General de Aragón, por el que se regula el Ingreso Aragonés de Inserción en desarrollo de la Ley 1/1993, de 19 de febrero (LA LEY 3047/1993), de Medidas Básicas de Inserción y Normalización Social; el Decreto 179/1994, de 8 de agosto (LA LEY 5686/1994), de la Diputación General de Aragón, por el que se modifican determinados artículos del Decreto 57/1994, de 23 de marzo (LA LEY 4873/1994), y el Decreto 125/2009, de 7 de julio (LA LEY 12537/2009), del Gobierno de Aragón, por el que se modifica parcialmente el Decreto 57/1994, de 23 de marzo (LA LEY 4873/1994).
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— La disposición adicional novena del Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como el Decreto 117/1997, de 8 de julio (LA LEY 5758/1997), del Gobierno de Aragón, por el que se regula la Comisión de Reclamaciones del Ingreso Aragonés de Inserción.
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— Los artículos 9 (LA LEY 19076/2016), 11 (LA LEY 19076/2016) y 12 de la Ley 10/2016, de 1 de diciembre (LA LEY 19076/2016), de medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón
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— El Decreto-ley 5/2020, de 29 de junio (LA LEY 10805/2020), del Gobierno de Aragón, por el que se regula la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital y el Servicio Público Aragonés de Inclusión Social.
Entrada en vigor y disposiciones transitorias
La Ley 3/2021, de 20 de mayo (LA LEY 11627/2021), entra en vigor el 25 de mayo de 2021, el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Aragón.
Las disposiciones transitorias se ocupan de las ayudas de urgencia específicas para solicitantes del Ingreso Mínimo Vital, en supuestos de vulnerabilidad económica en el ejercicio en curso y de las prórrogas transitorias de la Ayuda de Integración Familiar cuyo periodo de concesión finalice antes del 1 de enero de 2022; del complemento económico de las personas titulares del IMV y del Ingreso Aragonés de Inserción para las personas titulares del mismo que han presentado solicitud del IMV.