TJ, Sala Primera, S 22 Abr. 2021 (LA LEY 23421/2021)
Ponente: Jääskinen, N.
Asunto: C-485/19: I Profi Credit Slovakia
El 30 de mayo de 2011, el demandante en el litigio principal y Profi Credit Slovakia celebraron un contrato de crédito al consumo por importe de 1.500 euros, con un tipo de interés del 70 % y una TAE del 66,31 %, es decir, un total de 3.698,40 euros, que debían reembolsarse en 48 mensualidades de 77,05 euros, sin precisar el desglose de los reembolsos entre el capital, los intereses y los demás gastos soportados por el prestatario. En virtud del mencionado contrato, Profi Credit Slovakia podía, desde el primer día de la relación contractual, percibir una comisión por importe de 367,49 euros como contraprestación de la posibilidad que se ofrecía al consumidor de obtener en el futuro un aplazamiento del reembolso del crédito. Como consecuencia de la aplicación de dicha comisión, el demandante en el litigio principal no recibió el importe acordado de 1 500 euros, sino un importe residual de 1.132,51 euros, es decir, un importe inferior en un 24 %, aun cuando no era seguro que este consumidor fuera a hacer uso de la posibilidad onerosa de demorar el reembolso.
El 2 de febrero de 2017, tras haber reembolsado la totalidad del crédito, el demandante en el litigio principal fue informado por un jurista de que la cláusula del referido contrato relativa a los gastos de aplazamiento era abusiva y que las indicaciones que se le habían dado en relación con la TAE no eran correctas. El 2 de mayo de 2017, el demandante en el litigio principal interpuso una demanda para obtener la restitución de las comisiones que él consideraba indebidamente percibidas. En su defensa, Profi Credit Slovakia invocó la prescripción de la acción del interesado. Mediante resolución de 15 de noviembre de 2018, el Okresný súd Prešov (Tribunal Comarcal de Prešov, Eslovaquia) desestimó la demanda. Recurrida esta decisión e apelación el Krajský súd v Prešove (Tribunal Regional de Prešov, Eslovaquia), que decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia una serie de las siguientes cuestiones prejudiciales.
En la primera cuestión se solicita que se determine si el principio de efectividad debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece que la acción ejercitada por un consumidor con el fin de obtener la restitución de cantidades indebidamente pagadas, de acuerdo con unas cláusulas abusivas en el sentido de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 (LA LEY 4573/1993), sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores o de cláusulas contrarias a los requisitos de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008 (LA LEY 6793/2008), relativa a los contratos de crédito al consumo, está sujeta a un plazo de prescripción de tres años que comienza a correr a partir de la fecha en que se produjo el enriquecimiento injusto. Y a esta cuestión el Tribunal de Justicia responde que los contratos de crédito, como el controvertido en el litigio principal, se ejecutan por regla general durante períodos de tiempo prolongados y, por ello, si el hecho que da inicio al plazo de prescripción de tres años es todo pago efectuado por el prestatario, extremo que corresponde comprobar al tribunal remitente, no puede excluirse que, al menos para una parte de los pagos efectuados, se produzca la prescripción incluso antes de que finalice el contrato, de modo que tal régimen de prescripción puede privar sistemáticamente a los consumidores de la posibilidad de reclamar la restitución de los pagos realizados en virtud de las cláusulas que contravienen las citadas Directivas. Por consiguiente una regulación procesal como la controvertida en el litigio principal, en la medida en que exige al consumidor que actúe ante los tribunales en un plazo de tres años a partir de la fecha del enriquecimiento injusto y en la medida en que dicho enriquecimiento puede tener lugar durante la ejecución de un contrato de larga duración, puede hacer excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que le confieren la Directiva 93/13 (LA LEY 4573/1993) o la Directiva 2008/48 (LA LEY 6793/2008), y que, por lo tanto, infringe el principio de efectividad. Por consiguiente el principio de efectividad debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece que la acción ejercitada por un consumidor con el fin de obtener la restitución de las sumas indebidamente abonadas para cumplir un contrato de crédito, de acuerdo con cláusulas abusivas en el sentido de la Directiva 93/13 (LA LEY 4573/1993) o con cláusulas contrarias a los requisitos de la Directiva 2008/48 (LA LEY 6793/2008), está supeditada a un plazo de prescripción de tres años que comienza a correr a partir de la fecha en que se produjo el enriquecimiento injusto.
Pregunta también el tribunal remitente acerca de la manera de proceder a una interpretación conforme con el Derecho de la Unión de una normativa nacional declarada incompatible con los requisitos derivados del art. 10, ap. 2, letras h) e i), de la Directiva 2008/48 (LA LEY 6793/2008). Y el Tribunal de Justicia recuerda que su interpretación de una norma de Derecho de la Unión aclara y precisa el significado y el alcance de dicha norma, tal como debe o habría debido ser entendida y aplicada desde el momento de su entrada en vigor. De ello resulta que la norma así interpretada puede y debe ser aplicada por el juez incluso a relaciones jurídicas nacidas y constituidas antes de dictarse la sentencia que resuelva sobre la petición de interpretación si, además, se reúnen los requisitos que permiten someter a los órganos jurisdiccionales competentes un litigio relativo a la aplicación de dicha norma. Por consiguiente, en el litigio principal, corresponde al tribunal remitente interpretar, haciendo uso de los métodos reconocidos por el Derecho interno, las disposiciones eslovacas aplicables en la fecha de celebración del contrato en cuestión. Por consiguiente el art. 10, ap. 2, y el art. 22, ap. 1, de la Directiva 2008/48 (LA LEY 6793/2008), tal como han sido interpretados por la sentencia de 9 de noviembre de 2016, Home Credit Slovakia (C-42/15), son aplicables a un contrato de crédito celebrado antes de que se dictara la citada sentencia y antes de que se modificara la normativa nacional con objeto de adecuarla a la interpretación adoptada en esa sentencia.