Carlos B Fernández. La modernización de la Justicia ha sido un proyecto recurrente de los gobiernos que, con distinto signo político, se han sucedido en nuestro país a lo largo de las últimas décadas. Avatares de distinto signo han hecho que esas ideas solo se hayan traducido en algún éxito parcial, como el sistema de gestión procesal LexNet.
La llegada del equipo del ministro Juan Carlos Campo, no fue una excepción en este sentido, y su departamento presentó desde sus primeros días un ambicioso plan de transformación digital de la Justicia en nuestro país.
El proyecto Justicia 2030, presentado en febrero de 2020, supuso un programa de actuación basado en tres ejes: mejora del acceso a la justicia por medio de la consolidación de las garantías y derechos de los ciudadanos (incluyendo un sistema prejudicial de solución de controversias); el impulso de la eficiencia operativa del servicio público de la Justicia, por medio de la implantación de la oficina judicial, la consolidación del expediente judicial digital y la integración de las diferentes plataformas de gestión procesal y, en tercer lugar, la transformación digital.
Los tres principales ejes normativos que está llevando a cabo el Ministerio para conseguir ese objetivo de la eficiencia son: la ley de eficiencia procesal, que incluye los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), que permiten recuperar la capacidad negociadora de las partes; la ley de eficiencia organizativa, que recoge tres figuras clave: el Tribunal de Instancia, la Oficina Judicial, y la Oficina de Justicia en el municipio; y, finalmente, la futura ley de eficiencia digital, que verá la luz este año
A partir de marzo de 2020 este proyecto vino a recibir un impulso tan inesperado como eficaz. Al igual que ha sucedido en otros sectores sociales, las circunstancias generadas por la pandemia, han evidenciado lo urgente de disponer de un servicio público de Justicia accesible y disponible en todo momento.
Aitor Cubo, Director General de Transformación Digital de la Administración de Justicia, es uno de los responsables de ese proyecto de digitalización de la Justicia. La amplia experiencia en la Administración de este ingeniero informático, donde ha liderado importantes proyectos tecnológicos, le está permitiendo aprovechar todos los recursos tecnológicos ya operativos, más de los que frecuentemente se piensa, para impulsar la transformación de la Justicia.
El esfuerzo ya realizado le permite afirmar que la justicia ha pasado de ser una institución aislada del funcionamiento de la Administración del Estado, a ser una pieza más integrada en el misma. Y de ser un área tradicionalmente obsoleta, a situarse en la vanguardia de la innovación tecnológica.
El consenso político que están encontrando en esta tarea, y del que con tan poca frecuencia se habla, facilitan, sin duda esta tarea.
De todo esto henos tenido ocasión de hablar, en esta amplia entrevista.
DIARIO LA LEY. Por comenzar por las novedades más recientes ¿puede darnos más detalles sobre el proyecto de textualización de grabaciones de vistas judiciales anunciada hace pocas fechas por el Ministerio?
AITOR CUBO. Se trata de un proyecto para generar de manera automática el texto de los vídeos grabados en las salas de vistas, durante las actuaciones orales de los procedimientos judiciales, que ya ha facilitado la textualización de 35.000 actuaciones judiciales.
El sistema permite la búsqueda por palabras clave; la descarga completa de la textualización; la búsqueda de texto en el vídeo e intervalos de tiempo, para poder posicionarse en el momento deseado; también permite la creación de filtros por hablante y la visualización de subtítulos.
De esta forma, se facilita el trabajo a magistrados, jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y empleados públicos, que hasta ahora tenían que realizar esa tarea manualmente.
Por ahora el proyecto está implantado en la mitad del territorio del Ministerio, funcionando en formato bilingüe. El piloto en Pro lleva funcionando en Madrid desde el 11 de marzo, en Canarias empezará en julio y ya se han celebrado reuniones organizativas con otras Comunidades. Nuestra idea es tenerlo desplegado en todo el territorio del Ministerio antes de fin de año.
Hasta ahora, la cogobernanza en este ámbito de la justicia está yendo realmente bien y estamos encantados con la recepción que este nuevo sistema está teniendo, porque las Comunidades Autónomas que ya lo tienen disponible están realizando un uso muy interesante del mismo, que yo creo que este va a ser uno de los grandes proyectos de transformación digital de este país.
DLL. ¿Qué significa el recientemente aprobado Registro Civil Único, en términos de impulso digital?
AC. Este proyecto, dependiente de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, aunque tecnológicamente lo desarrolla la Subsecretaría de Justicia, supone un cambio fundamental, más de lo que muchos puedan imaginar. Hasta ahora el Registro Civil era el libro de nacimientos, de matrimonios y de defunciones. Eso podía valer en el siglo XIX, pero en nuestros tiempos, la vida de una persona puede pasar por múltiples circunstancias. Una persona puede nacer, cambiar de apellidos, cambiar de sexo, casarse, divorciarse, casarse otra vez … y hasta ahora todo eso se recogía a través de notas marginales, lo que resulta un problema en nuestros días.
Ahora, tras la publicación de la Ley 6/2021, de 28 de abril (LA LEY 9213/2021), el Registro Civil cambia para pasar a estar asociado a la persona, de forma que cada persona cuente con una hoja de vida. El registro maestro, a nivel de base de datos, es la persona, y desde ella se enlaza a un registro de nacimientos, matrimonios, defunciones y demás circunstancias. Ahora será una hoja por persona en la que se irán añadiendo esas circunstancias como atributos asociados a las personas como ciudadanos.
A partir de la entrada en vigor del nuevo Registro Civil único, cada recién nacido va a recibir automáticamente un código de identificación que provendrá de la Policía, que es quien en nuestro país asigna el DNI, y con quien el Registro Civil se va a poner automáticamente en contacto, fusionando ambos procedimientos para conseguir esa identificación que dé el carácter de ciudadano de pleno derecho desde el nacimiento, de modo automático e interoperable.
Se trata de un avance muy considerable que ya se ha conseguido y que se va a comenzar a implantar paulatinamente, empezando por Madrid y Barcelona. Tecnológicamente supone un antes y un después, y a nivel de aplicaciones, supone pasar de una tecnología obsoleta a un servicio web con la última tecnología. Es todo un proyecto de país.
DLL. ¿Cómo se vinculará el Registro Civil Único a la identidad digital de los ciudadanos, por ejemplo, para comparecer en juicio?
AC: En el marco de inmediación digital y servicios no presenciales, hemos conseguido que se pueda utilizar la identificación y firma digital europea a través de videoconferencia. Una de las limitaciones de la videoconferencia es que no se puede identificar al compareciente. En el caso de los juicios presencia esa circunstancia podía solucionarse en sala, pero en los juicios telemáticos es difícil acreditar con certeza que uno es quien dice ser. No estoy diciendo que lo hecho hasta ahora, como enseñar el DNI a cámara, no valga, pero nosotros estamos trabajando en integrar el sistema de identificación de país Cl@ve, que es conforme a e Reglamento europeo de identidad y firma electrónica EIDAS, en el sistema de videoconferencia. Y esperamos que esto esté disponible en un breve plazo.
DLL. ¿Cómo van a permitir estos nuevos desarrollos el aprovechamiento del dato para la mejora del servicio de la Justicia?
AC. En España la Justicia está orientada al documento, no al dato. Digitalizar no consiste en escanear un documento y trabajar con una imagen del mismo. Yo puedo pasarle a usted mi contacto, haciendo una foto de mi tarjeta de visita y enviándosela por whatsapp y ese es un formato digital, porque no hemos tocado un papel ninguno de los dos. Pero no es la idea de trabajo digital, porque para que usted pueda guardar mi contacto necesita recuperar la foto, apuntar mis datos, etc. Nuestra idea es que podamos intercambiar esos datos igual que yo le envío digitalmente mi contacto.
Pues bien, es en ese modelo de la Justicia orientada al dato, en el que ya estamos trabajando. Y esa transformación de la Justicia como un servicio orientado no al documento, sino al dato, supone un antes y un después.
Puedo ponerle algunos ejemplos. Uno, en la parte de gestión. Ya contamos con un proyecto de gestión automática de desahucios, que lidera Cataluña con el apoyo del Consejo General del Poder Judicial, que ya está en el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTAJE), que va a permitir mejorar a la persona vulnerable, liberar la propiedad privada y no cargar la parte judicial.
En la parte de explotación del dato, tenemos en marcha unos proyectos muy potentes, que se están desarrollando en el marco de la cogobernanza, en un trabajo con las Comunidades Autónomas, y que van a permitir tomar decisiones de políticas públicas, a partir de la información obtenida a través de un software de elaboración propia de la que antes no era posible disponer. Todo ello es muy interesante.
Uno de estos proyectos de los que le puedo hablar es el relativo a la tramitación automatizada y orientada al dato de los oficios que los tribunales dirigen a diferentes administraciones públicas en el desarrollo de los procedimientos que siguen. Anteriormente el órgano judicial tenía que dirigirse al servicio común de notificaciones que lo imprimía, lo ensobraba o lo metía en cajas si era un envío grande, lo preparaba para Correos que lo recogía en los propios órganos judiciales, de ahí lo trasladaba al Registro Central de la Administración, donde se registraba y tramitaba, enviándose al órgano correspondiente … Ahora el proceso es completamente automático, llegando la petición del órgano judicial directamente al órgano administrativo de destino, a nivel nacional e integrado de manera automática con la administración pública correspondiente, asegurando que llega correctamente al órgano destinatario de la petición y de forma trazable. Ello supone una avance muy importante para ayuntamientos, entidades locales menores, mancomunidades, Diputaciones y Comunidades Autónomas. De hecho, en la conexión automática de la administración de justicia con todas las AAPP, incluidos pequeños ayuntamientos, somos pioneros a nivel mundial.
DLL. ¿En qué situación se encuentra el proyecto del Expediente digital?
AC. En el territorio del Ministerio de Justicia es una realidad, a falta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en la que se está trabajando en la actualidad.
Las Comunidades que que utilizan el sistema Avantius, como Aragón, Cantabria y Navarra, tienen expediente digital nativo completo. Y el resto, están avanzando rápidamente. Hay que destacar que la pandemia ha supuesto un estímulo para el avance de estos proyectos, porque sin expediente digital hay que depender del papel. Las circunstancias han hecho que muchas administraciones antes renuentes, se hayan atrevido a probar, comprobando que sí se puede hacer y que, además, es más cómodo. Ha habido un cambio de mentalidad muy significativo en este sentido.
DLL. ¿Este proyecto está relacionado con el de agenda digital?
AC. En efecto. Todo ello es parte del Proyecto Justicia 2030, y este proyecto está a su vez plenamente alineado con el Plan España Digital y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA).
De hecho, una de las cosas buenas que está sucediendo ahora es que Administración de Justicia está dejando de ser algo distinto del resto de la Administración. Eso era algo que se apreciaba fácilmente en materia de firma e identificación, que no permitía el uso del sistema Cl@ve. Y por eso, en la Ley 3/2020, de 18 de septiembre (LA LEY 16761/2020), de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, se indica que los sistemas de identificación y firma digital de las Administraciones Públicas valdrán también en el ámbito de la Administración de Justicia.
Hasta entonces, hacíamos todo en paralelo y esa parte no estaba integrada, cuando lo lógico es que la Administración de Justicia esté integrada con los sistemas país ¿qué sentido tienen diferentes sistemas de identificación y firma dentro del ámbito de un mismo país?
Así lo que hemos conseguido, entre otras cosas, es alinear a la Administración de Justicia con el resto del país, a base de victorias tempranas, conseguidas a partir de los sistemas que ya estaban disponibles, y sin necesidad, por tanto, de diseñar y organizar unos nuevos sistemas desde cero para, por ejemplo, conectar a los diferentes ayuntamientos con la administración de Justicia, sino, al contrario, conectando al sistema de la Justicia con el sistema de la Administración Pública. Y esto está generando gran satisfacción entre las Comunidades Autónomas.
Si se pide un expediente que obra en poder de una administración, lo lógico es usar el sistema que usa esa administración.
Se está produciendo un acercamiento entre administraciones y una alineación y cooperación estratégica, gracias al Secretario de Estado, con el Ministerio del Interior, la SEDIA y con la Agencia Tributaria.
DLL. ¿Puede darnos más detalles sobre cómo está integrada esta estrategia con la estrategia Nacional de Inteligencia Artificial?
AC. Tenemos muy buena relación con la SEDIA en general, pero, en particular con su Subdirección General de Inteligencia Artificial y Tecnologías Habilitadoras Digitales, con la que tenemos en marcha unos proyectos de colaboración muy interesantes.
Con la SGAD la colaboración está siendo también espectacular, en proyectos como el de cita previa, que no es solo cita previa, porque la estamos integrando con inmediación digital, de forma que no haga falta diseñar o contratar o licitar un sistema nuevo, sino aprovechar el de la SEDIA. De esta forma, el sistema de cita previa de los juzgados es el de la SEDIA y su coste es diferencialmente nulo, aunque su disponibilidad es inmediata, porque ya está probado en áreas como extranjería o Guardia Civil.
No es hacer magia, sino aprovechar la infraestructura TIC del país.
DLL. ¿Qué nos puede decir de las medidas de inmediación digital y de las medidas adecuadas de resolución de controversias?
AC. Estamos con un proyecto para potenciar todo el sistema de solución de controversias, que pensamos va a ser un proyecto de conjunto y cuya habilitación legal va a ser la Ley de eficiencia procesal.
La idea es reforzar notablemente estas medidas desde la coordinación en el Comité Técnico Estatal de Administración Judicial Electrónica, con nodos de interoperabilidad país que permitan que esto no solo sea una realidad, sino que las novedades que lleguen ya sean sobre el modelo del expediente orientado al dato y completamente integrado, cuando proceda, con los sistemas judiciales. Por ejemplo, para el criterio de elegibilidad, algunos procedimientos requieren que previamente se haya intentado una mediación o algún tipo de acuerdo, cuya ejecución puede ser judicial, la idea es que, desde el principio, el expediente sea digital e interoperable con los sistemas existentes y orientados al dato.
DLL. ¿En qué situación se encuentra la elaboración de la Ley de Eficiencia Digital?
AC. Queremos que sea el siguiente proyecto que llegue al Consejo de Ministros, previsiblemente antes de fin de año. Para ello estamos trabajando con todos los actores del sector, CGPJ, Fiscalías, letrados de la administración de Justicia, CCAA, abogados, etc. Nuestro objetivo es recoger sus aportaciones, porque sabemos que estas leyes duran diez años y por ello no queremos que no se nos escape nada, ni romper nada, porque la Justicia es un pilar del Estado.
Queremos plantear una ley que, sin romper nada ni herir las sensibilidades de los distintos colectivos que intervienen en el sector, sea realmente un salto cualitativo. La Justicia está empezando a dejar de ser un sector obsoleto para empezar a innovar tecnológicamente y a proponer proyectos que beneficien al país, incluso para que otros lo copien. Por ejemplo, el que antes he mencionado de cita previa integrada con inmediación digital, o los puestos de trabajo deslocalizados, que asociado a la ley de eficiencia organizativa, que crea las Oficinas de Justicia en los municipios y los Tribunales de Instancia, puede permitir que alguien, desde las oficinas de Justicia de los municipios, pueda hacer una tramitación para el Tribunal de Instancia, o que esa oficina del municipio sea un lugar seguro para la celebración de videoconferencias, con lo que libera la sala de vistas, porque se puede contar con un sistema de información que permite controlar esa disponibilidad y un funcionario que sabe que quien pasa entra solo, no usa el móvil y no contacto con su abogado. Es decir, que todo está relacionado. La cita previa, la inmediación digital, el puesto de trabajo deslocalizado, en el marco de la LEO permite que un apoderamiento apud acta ante el LAJ pueda hacerse virtualmente a través de videoconferencia, con todas las partes en su casa.
Lo importante es que estamos dejando de llevar adelante proyectos aislados. Hay un proyecto estratégico de transformación de la Justicia, que el Justicia 2030, que ofrece sinergias que multiplican su impacto. Porque una oficina de justicia en el municipio, sin la digitalización, no tiene el mismo interés.
En el mismo sentido, queremos ir a un concepto de puesto de trabajo deslocalizado, que no es teletrabajo. Para ello hemos procedido a una virtualización del puesto de trabajo, a través de un macroproyecto con Citrix y Microsoft en el que hemos incluidos toda la suite Office 365, para que realmente, la oficina de registro y reparto, pueda tener a miembros de su equipo en trabajo presencial, a otras en remoto y otras en videoconferencia.
Por eso está muy bien que todas estas iniciativas se encuentren bajo el paraguas del proyecto Justicia 2030.
Y todo esto está contando con un consenso político. La Ley 3/2020, de 18 de septiembre (LA LEY 16761/2020), de medidas procesales y organizativas, y la del Registro Civil han salido con consenso. Estamos hablando de un proyecto de país en el que se es consciente de que la Justicia es un proyecto de Estado, por eso no está habiendo problemas de consenso.
DLL. ¿Cómo se encuentra el proyecto de estructuración de documentos judiciales?
AC. Estamos trabajando en ello con el CGPJ, que ha realizado un gran trabajo en materia de estandarización de documentación y proyectos judiciales. Hasta ahora los sistemas de gestión procesal no estaban orientados al dato y ese es el cambio que estamos impulsando ahora y ahí es donde más valor tiene la estructuración, porque permite ver el valor que aporta.
En el caso del intercambio de información con las administraciones públicas, hemos creado un fichero de datos asociado a la petición. De esta forma, todos los datos de devolución de la información, se recogen en el fichero de datos. Además, las empresas y administraciones que están dando servicio a las AAPP, procesan ese fichero de datos y directamente hacen el sobre de reenvío de la información directamente al gestor o al tramitador. Nuestra intención es que todos estos aspectos de justicia orientada al dato se recojan en la futura ley de eficiencia digital, para contemplar las actuaciones automatizadas y proactivas de tramitación y la estructuración y justicia orientada al dato.
DLL. ¿Y en cuanto a la oficina del dato?
AC. Cuenta con un grupo técnico y centros de excelencia, como el de la calidad del dato de la Justicia o tramitación proactiva.
DLL. Finalmente, ¿qué nos puede decir del proyecto de reparto de los fondos europeos de recuperación en el ámbito de la Justicia?
AC. A finales del pasado mes de abril el Ministerio de Justicia y las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia aprobaron por unanimidad el acuerdo por el que se formalizan los criterios de distribución del crédito asignado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el Ministerio de Justicia. Igualmente, se acordó el reparto concreto por Comunidad.
El importe total es de 20.604.610 euros, que se destinarán a la realización del “Proyecto 0" de Justicia 2030, cuyo objetivo es acometer una implantación coordinada de infraestructuras digitales homogéneas e interoperables (hardware, licencias, servidores, espacio de almacenamiento, bases de datos) en todo el territorio del Estado. Para ello, se contempla la puesta en marcha de cuatro medidas: la inmediación digital, el puesto de trabajo deslocalizado, la cita previa para la atención ciudadana y ciberseguridad.
El Consejo de Ministros autorizó el pasado 27 de abril esta propuesta de reparto de más de 20 millones de euros del “Plan 0" entre las CCAA con competencias transferidas. En total, Justicia recibirá 410 millones euros para los próximos tres años procedentes de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, al ser considerado Proyecto tractor de digitalización de la Administración General del Estado.