Noel Corregidor
«La situación es insostenible». Quien verbaliza este grito unánime en el sector es la Federación Española de Intérpretes de Lengua de Signos (FILSE). Las demandas de estos trabajadores, aparentemente, parecen sencillas. Que la empresa que presta el servicio externalizado por la Comunidad de Madrid (Al Alba ESE Granada Almería S.L) cumpla con las condiciones del pliego, esto es, que sean considerados trabajadores de los centros educativos con contratos indefinidos a 30 horas.
Demandan que la Consejería de Educación se implique
«La empresa, la actual y anteriores, sólo buscan sacar el máximo beneficio económico de la gestión del servicio», indica Javier Amor, presidente del Comité de empresa de los intérpretes de Lengua de Signos en centros educativos de la Comunidad de Madrid. Actualmente, los intérpretes tienen contratos fijos-discontinuos y la empresa los despide en verano para ahorrarse dinero.
«Incumplen lo recogido en la memoria económica de la Consejería de Educación, incumplen la normativa recogida en el convenio y esperan a que sea un juez quién les obligue a rectificar», prosigue Amor. El plazo medio para resolver en un juzgado este tipo de cuestiones es de 5 años, un tiempo que hace que sus demandas caigan en saco roto. «Desde el 2018 ha habido tres empresas gestionando el servicio», señala, y por ello, el presidente del Comité reclama a la Comunidad de Madrid que «no mire para otro lado» y haga cumplir a la empresa.
«¿A dónde está yendo ese dinero presupuestado para el pago de las vacaciones?», se preguntan desde Comisiones Obreras, sindicato que también apoya la huelga de los profesionales. La secretaria general de FE-CCOO en Madrid, Isabel Galvín, critica que la Comunidad no considere el servicio de intérpretes de lengua de signos como «esencial para garantizar la educación» de los alumnos sordos. «La manera en la que lo están gestionando promueve la rotación y precariedad en la plantilla y eso afecta a la calidad de la educación», critica Galvín.
Una profesión demasiado tiempo maltratada
Macarena es intérprete en un instituto público y ha secundado la huelga. Prefiere aparecer en el reportaje con un pseudónimo porque «este mundo es muy pequeño» y teme verse afectada en un futuro con una nueva empresa. Considera que la profesión lleva «demasiado tiempo maltratada», con contratos precarios y condiciones laborales alejadas de los requisitos de formación de su profesión y de su realidad en los centros. «Nos aplican el Convenio de Discapacidad en lugar del Convenio de Enseñanza o el Convenio Laboral de la Comunidad de Madrid y todo porque el de discapacidad es mucho más barato», señala.
Isabel Galvín, de FE-CCOO en Madrid, critica que la Comunidad no considere el servicio de intérpretes de lengua de signos como «esencial para garantizar la educación» de los alumnos sordos
Tiene claro que «la huelga es muy necesaria» y se considera afortunada de haber podido realizarla ya que «los servicios mínimos que ha impuesto la Comunidad de Madrid han sido abusivos». Javier Amor lo reafirma. «Han sido del 50%, cuando en la mayoría de los centros solo hay un intérprete, lo cual imposibilita el derecho efectivo a la huelga», denuncia. En el caso de Macarena, en su instituto hay varios intérpretes, lo que les ha permitido ir rotándose para hacer la huelga.
«Han puesto esos servicios mínimos diciendo que somos un servicio esencial», prosigue Macarena, «pero cuando en plena pandemia nos hicieron un ERTE a toda la plantilla y dejaron al alumnado sordo sin intérpretes desde marzo hasta final de curso, ahí parece que no éramos importantes». A su juicio, la Consejería ha impuesto esos servicios mínimos para evitar que fueran a su puerta a protestar.
La precarización de las condiciones laborales
A las puertas de la sede de la Consejería de Educación, no obstante, sí se concentraron numerosos intérpretes para reclamar mejoras laborales. Desde FILSE, que acudieron a apoyar la convocatoria, comentan que «los trabajadores no podían aguantar más» y, por tanto, han dado «un paso adelante» para reivindicar sus derechos laborales. «Trabajas nueve meses y te echan al paro. Hay personas que no tienen derecho al paro, ¿qué hacen?», se preguntan. Reivindican la unidad en la lucha entre personas sordas y oyentes. «Si las intérpretes tienen buenas condiciones eso repercutirá en una mejor calidad de la educación de las personas sordas», remarcan.
Amor critica que han recibido todo tipo de presiones y obstáculos para evitar que los trabajadores se sumaran al paro. Estima que un 75% del personal no podía hacer huelga. «Hemos denunciado estos servicios mínimos de cara a futuras huelgas ya que vamos a convocar más paros durante el mes de junio», advierte. Aún así, se muestra satisfecho del seguimiento del 90% de los intérpretes que sí podían hacer huelga.
Un problema enquistado
«Cuatro han sido las empresas que han gestionado el servicio de intérpretes, y las cuatro han recibido demandas de los trabajadores por impagos o por no reconocerles aquello que se recoge en los pliegos de la licitación, el reconocimiento como personal de Centro Educativo», indica desde CC.OO. Macarena tiene claro que la Consejería, que es la que ofrece el servicio, debe controlar que los pliegos se cumplan al 100% «para que el servicio sea de calidad y las profesionales tengamos unas condiciones, que sin ser las mejores, sean algo más dignas».
En otras regiones del país los intérpretes de lengua de signos se enfrentan a una problemática similar. «Es estructural», lamenta Amor, «los políticos se llenan la boca aprobando leyes en favor de la inclusión de las personas con discapacidad, pero en la realidad no asumen la responsabilidad que ello conlleva». La mayor parte de las Comunidades Autónomas tienen el servicio externalizado, «lo deseable sería seguir los pasos de Galicia o País Vasco donde las intérpretes son personal de la administración pública», comenta Amor; y además no aplican los convenios colectivos que tienen el personal de los centros educativos públicos. «En Cataluña aplican el Convenio de servicios de ocio y en otras regiones el de Discapacidad», denuncia Amor y lo sintetiza en una frase. «No les interesa escuchar nuestras reivindicaciones». Hasta el momento, ni la empresa, ni la Comunidad se han puesto en contacto con ellos.
Tanto Javier como Macarena recuerdan que son trabajadores en centros ordinarios, no en centros especiales como recoge el Convenio al que están adscritos. Por consiguiente, su trabajo depende de la organización del centro educativo. «No podemos cogernos vacaciones cuando queramos, porque dejamos a la persona sorda sin intérprete», ejemplifica Amor. Su trabajo requiere de periodos de descanso, debido al esfuerzo que supone la labor de la interpretación simultánea y es fundamental que dispongan de los materiales y documentación que el profesor va a tratar para poder preparar bien su trabajo. «Hablamos en primera persona siempre», explica Macarena, «por ser la voz de la persona sorda y las manos de la persona oyente».
Los intérpretes son una pieza fundamental en el proceso educativo de los alumnos sordos y con discapacidad auditiva, por ello, reclaman que se les reconozca y se valore su labor. Macarena concluye reivindicando que se cuide mejor laboralmente a los intérpretes. «La educación es un pilar fundamental en el desarrollo de cualquier persona; en el caso de las personas sordas, las intérpretes somos el punto de unión, el canal para que sea útil esa educación y su desarrollo sea como el de cualquier persona. Merecemos unas condiciones dignas», zanja.